El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó para el lunes 5 de octubre una sesión del pleno para analizar las restricciones de ingreso a Estados Unidos aplicadas contra el fiscal general Roger Mariaca y otras autoridades y exautoridades.
Los legisladores también evaluarán la posible creación de una comisión parlamentaria para investigar el caso.
La sesión está prevista para las 15.00 de ese día y tendrá como uno de sus puntos la revisión de la documentación e informes difundidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la revocación de visas y otras restricciones migratorias contra ciudadanos bolivianos.
La convocatoria plantea solicitar información a las instituciones bolivianas competentes y, si corresponde, conformar una comisión de investigación parlamentaria con un objeto y alcance específicos.
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La Vicepresidencia señaló que el tratamiento del caso tendrá carácter informativo y de fiscalización, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además de la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público.
El lunes, Estados Unidos anunció restricciones migratorias contra funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, Washington identificó a 12 ciudadanos a quienes revocó sus visas y señaló que otros nueve quedaron impedidos de obtenerlas.
Entre los afectados está Mariaca. El Departamento de Estado de EE.UU. lo acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Al respecto, Mariaca rechazó los señalamientos y defendió la independencia del Ministerio Público.
“Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, dijo Mariaca el lunes tras conocer la medida estadounidense.
La lista también salpica al exministro de Justicia Iván Lima, al magistrado constitucional Israel Campero, al exinspector general de la Policía Frans William Cabrera Quispe, a fiscales, a jueces y un exejecutivo de la Aduana Nacional.
El Ministerio de la Presidencia señaló que el Gobierno está dispuesto a colaborar con las investigaciones que correspondan dentro de las instituciones bolivianas.
“Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática, para una actuación independiente, proba, que naturalmente esté basada en evidencia”, dijo el titular de esa cartera, Fernando Aramayo.
