La Vicepresidencia del Estado solicitó el traslado “inmediato” de Fernando Gabriel Cerimedo desde Palmasola, Santa Cruz, hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
El pedido plantea que el traslado se realice exclusivamente por vía aérea y bajo un dispositivo de máxima seguridad, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Aérea Boliviana.
La solicitud fue dirigida al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama, en cumplimiento de la Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto por un juzgado de La Paz.
La resolución establece que Cerimedo debe cumplir seis meses de detención preventiva en Chonchocoro, dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La Vicepresidencia pidió evitar un traslado terrestre prolongado entre Santa Cruz y La Paz y planteó que el operativo se efectúe mediante transporte aéreo.
También solicitó la participación de unidades tácticas especializadas de la Policía Boliviana para custodiar a Cerimedo durante el embarque, desembarque y posterior traslado desde el aeropuerto de El Alto hasta Chonchocoro.
El requerimiento contempla además asistencia médica permanente, una ambulancia con soporte vital y la presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo como veedores de derechos humanos durante el operativo.
La Vicepresidencia advirtió sobre posibles responsabilidades funcionarias ante eventuales demoras, fugas u otros incidentes que pudieran registrarse durante el traslado.
Asimismo, pidió a Régimen Penitenciario remitir un informe sobre el ingreso de Cerimedo a Chonchocoro dentro de las 24 horas posteriores a la conclusión del operativo.
Cerimedo permanece actualmente recluido en Palmasola por otro proceso, relacionado con una denuncia presentada por su expareja, Nadia Beller, por un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.
Paralelamente, la Fiscalía de La Paz investiga al ciudadano argentino por un presunto caso de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
En ese segundo proceso, el juez determinó su detención preventiva por seis meses en Chonchocoro. Por ello, la Vicepresidencia busca que la orden judicial sea ejecutada mediante un traslado aéreo y con un operativo reforzado.
El requerimiento lleva la firma de Hernán Fabián Miranda Cuéllar, jefe de la Unidad de Análisis Jurídico de la Vicepresidencia, quien señaló que actúa en representación de esa institución y adjuntó el informe técnico-jurídico que sustenta la solicitud.
