La complejidad regulatoria, la informalidad y las dificultades para aplicar las normas mantienen una brecha entre las reglas y las oportunidades reales de inversión, producción y crecimiento en América Latina, según cinco investigaciones presentadas en el foro regional “LATAM Sin Barreras”.
El encuentro, realizado el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, reunió estudios sobre Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala. El Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), junto con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia), impulsó el foro.
Las investigaciones coinciden en que reconocer derechos o establecer procedimientos no garantiza por sí solo que las personas y empresas puedan aprovechar las oportunidades económicas. Los participantes plantearon que las reglas deben resultar comprensibles, previsibles y viables para quienes deben cumplirlas.
Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, señaló que las instituciones sólidas, la seguridad jurídica, un entorno favorable para los negocios y el capital humano constituyen condiciones necesarias para impulsar el desarrollo y la resiliencia económica.
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Oportunidades
En el caso boliviano, la investigación de Fundación Milenio identificó una relación entre la informalidad, la baja productividad y las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas para crecer.
El estudio plantea que la formalización no debería limitarse a generar nuevas obligaciones para los negocios, sino que también debería abrir oportunidades concretas de acceso a financiamiento, mercados, inversión y expansión.
El análisis forma parte de un diagnóstico regional que advierte que las dificultades regulatorias pueden aumentar los costos de operar formalmente y reducir los incentivos para que las pequeñas unidades económicas ingresen o permanezcan dentro de la economía formal.
Trámites y costos
Los otros estudios expusieron problemas similares, aunque con características propias de cada país.
En Colombia, una investigación del Centro de Estudios Manuel Ramírez encontró que, de más de 23.400 vendedores informales registrados en Bogotá entre 2001 y 2024, apenas el 1% accedió a programas de inclusión productiva. El dato muestra la distancia que puede existir entre regular una actividad y generar condiciones para que quienes la ejercen mejoren sus oportunidades económicas.
En El Salvador, pese al crecimiento de la apertura comercial, solo el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86% de las firmas exportadoras, pero concentraron apenas el 4% del valor exportado.
Guatemala también enfrenta dificultades en los tiempos de los trámites. El estudio presentado en el foro identificó diferencias entre los plazos oficiales y los tiempos reales. Una licencia sanitaria podía demorar entre cinco y ocho meses en 2025, pese a que la normativa establecía un plazo de entre 15 y 20 días hábiles.
En Argentina, la investigación identificó 150 tributos, de los cuales 82 corresponden al ámbito municipal. El estudio advierte que aplicar requisitos similares a empresas de diferentes tamaños puede generar costos desproporcionados para los pequeños negocios.
Simplificar las reglas
Las investigaciones plantean que América Latina no necesita simplemente eliminar regulaciones, sino mejorar su calidad y la forma en que las instituciones las aplican.
Procedimientos complejos, requisitos repetidos, cambios frecuentes y diferentes interpretaciones entre entidades pueden elevar los costos para las empresas y generar incertidumbre, lo que termina afectando las decisiones de formalización, inversión y crecimiento.
Entre las recomendaciones presentadas figuran consultar a los actores económicos antes de modificar las regulaciones, fortalecer las capacidades institucionales, simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos y establecer mayor previsibilidad sobre los costos y tiempos de los trámites.
Los participantes también plantearon evaluar el impacto de las nuevas normas y mejorar la coordinación entre las entidades públicas.
CIPE busca consolidar una red regional de centros de pensamiento, organizaciones empresariales y expertos para impulsar reformas que respondan a las características particulares de cada país.
La conclusión central del foro apunta a que el desafío no pasa por eliminar las reglas, sino por evitar que se conviertan en obstáculos innecesarios para la actividad económica. En ese sentido, los estudios plantean que mejores instituciones, regulaciones más simples y decisiones públicas previsibles pueden reducir la distancia entre el cumplimiento de las normas y las oportunidades de inversión y crecimiento.
