Una ley también dice lo que calla. El anteproyecto “Libertad y Excelencia Educativa” (LEE-Bolivia) que circula en redes sociales del magisterio boliviano y se le atribuye al Ministerio de Educación, habla un idioma que parece no tener dueño: excelencia, mérito, empleabilidad. Se presenta como técnico y universal, pero ninguna educación lo es. Freire (1970) sostuvo que no existe la educación neutral: la que se dice serlo suele ratificar o alinearse a un orden existente. La ideología de este texto no está en lo que afirma, sino en lo que deja fuera: la diversidad cultural y la desigualdad material del país.
Comencemos por la diversidad. La Constitución de 2009 declaró a la educación boliviana como intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema (art. 78), y la Ley 070 (de 2010) hizo de esos principios su eje articulador desde el primer artículo. El anteproyecto, en cambio, los reduce a menciones sueltas (arts. 1.6, 2.6, 5.6 y 9.h) y solo le da cuerpo en el capítulo destinado a las Universidades Indígenas Comunitarias (arts. 125 al 136). El resto del sistema habla otro idioma: el de la competitividad individual, el mérito y la vinculación productiva. Ello no parece ser producto de un descuido, sino de una decisión: la de encerrar a la pluriculturalidad en un nicho reducido, dada la magnitud y complejidad arquitectónica institucional de la educación boliviana, y eximir al resto del sistema de pensarse interculturalmente, justo desde el currículo base, la formación docente y la evaluación de la calidad, donde debería ser estructural. Y lo hace en un país donde el Censo 2024 registró 4,3 millones de personas (38,7 %) que se identifican con alguno de los 57 pueblos indígenas originarios o afrobolivianos (INE, 2025).
Con el mérito ocurre lo mismo. El anteproyecto lo convierte en un criterio organizador sin decir nada sobre las condiciones de partida. Según el Censo 2024, el 76,3% de los hogares bolivianos tiene internet, pero en el área rural solo el 53,9%: casi la mitad sigue desconectada. El índice de Gini, que mide el riesgo de pobreza y desigualdad, considera que Bolivia tiene una situación de desigualdad moderada (40,9) y el INE calcula que el porcentaje de pobreza general asciende al 44,7%, situando a la extrema pobreza en un 17,7% de la población (1,9 millones de personas). Néstor López (UNESCO, 2005) llama “condiciones de educabilidad” a los recursos materiales, familiares y territoriales sin los cuales un estudiante no puede aprovechar la escuela que se le ofrece. Por tanto, exigir mérito sin considerar ni atender esas condiciones es fijar la meta sin igualar la salida.
Diversidad y desigualdad son fenómenos distintos, pero se las silencia en nombre de una ficción: un estudiante genérico, sin lengua, sin territorio y sin identidad, que puede ser medible con una sola vara. Ese alumno promedio no existe, por el simple hecho que Bolivia no es, no lo es ni lo será, un país monocultural.
Se dirá que nadie quedaría excluido por su origen: cualquier estudiante indígena puede matricularse en una universidad pública, y que las Universidades Indígenas Comunitarias tienen un amplio desarrollo normativo. Pero el problema no es el acceso individual, sino la configuración estructural del sistema. Entrar a una institución no pensada desde las características de la sociedad y sus condiciones de diversa y desigualdad no es ser reconocida, asimismo, dedicar un capítulo a un principio no es volverlo transversal: ya que la primera omisión crea un programa focalizado; y la segunda, una condición del sistema. Esto no idealiza la Ley 070, cuya aplicación debe admitir críticas, y debe actuarse a través de tareas correctoras; pero devela el propósito de desmontar la compatibilidad societal que sostenía al sistema, que no se la puede negar ni obviar.
Esa arquitectura institucional, además, fue una conquista y no una concesión. Desde los años ochenta, el magisterio rural y el movimiento campesino (CONMERB y CSUTCB) impulsaron la educación intercultural bilingüe, y la Ley 1565 (1994) la adoptó como el eje del propio sistema y la Constitución del 2009 lo elevó a categoría de principio. Por tanto, relegarla a una modalidad universitaria sólo para indígenas es desandar ese camino.
LEE-Bolivia sigue siendo un anteproyecto, e invita a debatir qué queda dentro del núcleo educativo y qué fuera. Una política no se mide solo por lo que declara, sino por lo que relega a los márgenes. Que la diversidad sea fundamento de la ley, y no un capítulo, no es capricho identitario de una parte de la sociedad: es coherencia con el mandato constitucional y el propio constituyente. Una excelencia que no pregunta quién llega equipado y quién lo deja de ser se vuelve un proceso de selección con otro nombre. La pregunta no es si LEE-Bolivia habla de excelencia, la cual es necesaria desde todo punto de vista, sino de qué excelencia habla y para qué Bolivia.
