Cinco legisladores de distintas fuerzas políticas cuestionan la asignación de recursos públicos a medios de comunicación y reclaman controles para evitar favoritismos, presiones editoriales y posibles acuerdos políticos.
Las observaciones surgieron tras la difusión de un reporte de la red RTP sobre la publicidad contratada por el Gobierno en la actual gestión.
Los parlamentarios plantearon distintas medidas, desde la aprobación de una ley que establezca criterios de distribución hasta la fiscalización de los contratos y la publicación oficial de los montos.
El diputado Carlos Alarcón, de Unidad, propuso una norma que garantice una asignación equitativa de los recursos. La diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ejercer sus atribuciones de fiscalización sin subordinarse al Órgano Ejecutivo.
Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el senador Víctor Quispe solicitó al Ministerio de la Presidencia divulgar los datos de la pauta publicitaria estatal. Advirtió que, si no recibe esa información de manera oficial, presentará una petición de informe escrito.
A su vez, el senador Abdón Porcel, de Libre, pidió investigar la distribución de los fondos para evitar prácticas de favoritismo, mientras que el diputado Freddy Camacho, de APB Súmate, reclamó un trato equilibrado para los medios, independientemente de su orientación ideológica o sus vínculos políticos.
De acuerdo con un reporte de RTP, elaborado con datos del Programa Anual de Contrataciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Unidad de Comunicación Estratégica del Gobierno habría contratado publicidad durante la presente gestión en 22 medios de comunicación.
La lista está encabezada por el canal estatal, con Bs 15 millones. Entre las empresas privadas figuran Unitel, con Bs 3,3 millones; El Deber, con Bs 2,7 millones; Red Uno, con Bs 2,3 millones; Procom, con Bs 1,9 millones, y Bolivisión, con Bs 1,2 millones.
Las cifras difundidas muestran diferencias entre los montos asignados a los principales medios. Sin embargo, los legisladores consideran necesario que el Gobierno publique información oficial y detallada para conocer los criterios aplicados en la contratación y determinar si existe una distribución equitativa.
Camacho afirmó que el Ejecutivo debe garantizar condiciones equilibradas para todos los medios y evitar el uso político de los recursos destinados a publicidad.
“Lo mejor que puede hacer el Gobierno es transparentar, y sobre todo ser equilibrado. No manejar políticamente la publicidad, no manejar políticamente la información, sino dar oportunidad a todos los medios, sin distinción de ideología, sin distinción de convenios políticos”, señaló.
Porcel expresó su preocupación por la posibilidad de que se repitan prácticas de anteriores administraciones. A su juicio, la asignación de publicidad no debe convertirse en un mecanismo para favorecer a determinados medios.
“Es preocupante, porque este tema ya se veía en el anterior Gobierno. Era una especie de favoritismo, o directamente comprar a los medios. Ojalá eso no suceda nuevamente. Se tiene que investigar para resolver este tema, no puede ser que volvamos con esas viejas mañas”, sostuvo.
Quispe, por su parte, insistió en que el Ministerio de la Presidencia debe difundir los datos de manera oficial. “Hay que transparentar. Pido al ministro de la Presidencia que saque de manera oficial cuál es la propaganda que brindan. Si es que no sacara, vamos a hacer una petición de informe escrito”, anunció.
Alarcón planteó que una ley establezca reglas para distribuir los recursos públicos de manera equitativa. En declaraciones recogidas por RTP, cuestionó que el Gobierno reproduzca prácticas que atribuyó a anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), mediante una asignación presupuestaria que, según su observación, favorecería a empresas periodísticas afines.
Herbas advirtió que la publicidad estatal no debe utilizarse para condicionar la línea editorial ni controlar a los medios de comunicación. Por ello, pidió que la ALP cumpla sus responsabilidades legislativas y de fiscalización con transparencia y sin subordinación al Ejecutivo.
Las demandas de los cinco legisladores convergen en la necesidad de conocer los contratos, establecer criterios verificables de asignación y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental.
