El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que la institución trabaja en una propuesta de modificación normativa orientada a optimizar los procesos disciplinarios contra jueces, con el objetivo de que las destituciones puedan ser resueltas de manera más ágil por jueces disciplinarios, sin depender de la intervención de jueces ciudadanos, instancia que actualmente según explicó genera demoras en la conclusión de estos procesos.
La autoridad señaló que, hasta la fecha, 35 jueces fueron suspendidos y 5 destituidos; sin embargo, indicó que estas últimas determinaciones fueron paralizadas por decisiones asumidas en salas constitucionales, a través de acciones de amparo constitucional.
En ese marco, anunció que se gestionarán reuniones de coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a fin de abordar esta problemática y analizar mecanismos que permitan dar mayor eficacia a los procesos disciplinarios dentro del sistema judicial.
Asimismo, Spencer informó que se llevaron adelante 217 procesos disciplinarios contra jueces, iniciados a partir de levantamientos técnicos y acciones de control y fiscalización, en los que se identificaron faltas leves, graves y gravísimas.
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No obstante, explicó que estos procedimientos suelen ser morosos, lo que dificulta que las sanciones, especialmente las destituciones, se concreten con la celeridad que la ciudadanía demanda.
En ese contexto, remarcó que la propuesta impulsada por el Consejo de la Magistratura busca fortalecer la potestad disciplinaria para que los jueces disciplinarios puedan resolver directamente la separación de aquellos administradores de justicia que incurran en faltas graves, evitando retrasos procesales que terminan favoreciendo la permanencia de malos operadores judiciales en sus cargos.
La autoridad sostuvo que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la transparencia, la fiscalización y la lucha contra la retardación de justicia, en el marco del compromiso institucional de depurar el sistema judicial y garantizar a la población una administración de justicia más eficiente, oportuna y confiable.
