La Cumbre Nacional Minera 2026 cerró su primera etapa con una serie de propuestas orientadas a modificar las reglas del sector, entre ellas impedir que municipios se declaren libres de minería y establecer que la consulta previa no tenga carácter vinculante de veto
Asimismo, eliminar algunos requisitos considerados obstáculos para la actividad minera; según una publicación de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
Las conclusiones del encuentro, que reunió a autoridades estatales, empresas privadas y representantes del sector cooperativista, serán parte de los insumos para la construcción de un nuevo Código Minero. Sin embargo, varias de las propuestas generaron cuestionamientos debido a su impacto sobre competencias municipales, derechos de pueblos indígenas y mecanismos de protección ambiental.
La cumbre se desarrolló el jueves 23 y viernes 24 bajo seis ejes de discusión: seguridad jurídica minera; contratos mineros; institucionalización y organización del sector; medioambiente y minería responsable; comercialización y minería ilegal; y desarrollo productivo, inversiones e incentivos.
El evento estuvo marcado por la ausencia de algunos sectores vinculados a la actividad extractiva, como organizaciones indígenas y ambientales, además de restricciones al trabajo de la prensa, según participantes y observadores del encuentro.
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Municipios
Uno de los planteamientos más relevantes surgió del eje referido a contratos mineros, donde los participantes propusieron que el nuevo marco normativo establezca que ningún municipio pueda declararse libre de minería, bajo el argumento de que la administración de los recursos minerales corresponde de manera exclusiva al nivel central del Estado.
La conclusión señala que la minería es una competencia privativa del Estado central y cuestiona que gobiernos subnacionales puedan establecer restricciones, sanciones o prohibiciones sobre actividades mineras.
El planteamiento abre un debate sobre el alcance de la autonomía municipal reconocida por la Constitución Política del Estado y sobre las atribuciones que tienen los gobiernos locales para regular actividades dentro de su territorio.
Actualmente, algunos municipios como Alto Beni, Palos Blancos y Caranavi, en el departamento de La Paz, han impulsado posiciones contrarias a determinadas actividades mineras en sus jurisdicciones, amparándose en sus competencias autonómicas y normativas vigentes.
Consulta previa
Otro de los puntos más sensibles fue la propuesta relacionada con la consulta previa, incluida en el eje de medioambiente y minería responsable.
Los participantes plantearon precisar los alcances de este mecanismo y establecer que no implica un derecho a veto para impedir proyectos mineros, aunque reconocieron la necesidad de contar con procedimientos específicos que otorguen mayor seguridad jurídica.
«Precisar los alcances de la consulta previa y establecer criterios objetivos para la toma de decisiones, garantizar que los acuerdos y compensaciones se encuentren vinculados a afectaciones verificables y dentro del marco normativo, ratificar que la consulta previa no implica derecho a veto», señala una de las conclusiones.
El planteamiento genera debate porque la consulta previa está reconocida tanto por la Constitución boliviana como por convenios internacionales, especialmente en relación con pueblos indígenas y comunidades afectadas por proyectos extractivos.
Uso de suelos
Entre las recomendaciones que podrían generar mayor controversia también figura la eliminación del certificado de uso de suelos como requisito para actividades mineras.
Este documento, conocido como Certificado de Compatibilidad de Uso Minero, permite verificar si un área de interés se encuentra dentro de zonas protegidas o con restricciones de uso.
La propuesta de eliminarlo es considerada por sectores ambientales como un posible debilitamiento de los controles previos para autorizar operaciones mineras.
Pasivos ambientales
La cumbre también planteó establecer una definición específica de pasivo ambiental minero y desarrollar una normativa integral para atender este problema.
Actualmente, los pasivos ambientales comprenden instalaciones abandonadas, depósitos de relaves, escombreras, emisiones y otros residuos provenientes de operaciones mineras que pueden representar riesgos para la salud humana, los ecosistemas y la seguridad pública.
Los participantes señalaron la necesidad de diferenciar entre pasivos históricos y aquellos generados por operaciones mineras recientes, con el objetivo de establecer responsabilidades y mecanismos de remediación.
Las conclusiones de la Cumbre Nacional Minera 2026 abren así un debate sobre el futuro del sector: mientras los actores mineros buscan mayor seguridad jurídica y menos trabas para la inversión, organizaciones sociales y ambientales advierten sobre la necesidad de preservar controles territoriales, derechos colectivos y protección ambiental.
