La decisión del Gobierno de establecer un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados consumidores abrió una nueva disputa sobre el modelo energético boliviano.
El Decreto Supremo 5676 mantiene en Bs 9,80 el litro para transportistas, familias y usuarios que cargan directamente en sus vehículos, pero elimina la subvención para grandes consumidores y establece un esquema vinculado al precio de importación.
El Ejecutivo presenta la medida como un mecanismo para sincerar el precio del combustible, reducir el costo fiscal de las importaciones, combatir el contrabando y terminar con las distorsiones provocadas por la venta de diésel subvencionado en el mercado negro. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, sostuvo que el objetivo es regularizar el abastecimiento y reducir las filas en los surtidores.
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Diésel
Pero la decisión trasciende la discusión sobre el precio del carburante. Para el Gobierno, el nuevo esquema representa un paso hacia un mercado en el que quienes utilizan grandes volúmenes de combustible asumen un costo más cercano al internacional, mientras el Estado conserva un precio regulado para el transporte y los consumidores tradicionales.
El decreto establece tres categorías alcanzadas por el nuevo régimen: usuarios directos que adquieren entre aproximadamente 120 y 5.000 litros, clientes directos que compran entre 5.000 y 19.999 litros y grandes consumidores —GRACO— que superan los 20.000 litros. El criterio, sin embargo, no depende solamente del volumen, sino también de la forma en que se realiza el abastecimiento.
Blanco remarcó que el transporte público y pesado que carga combustible directamente en el tanque de sus vehículos no será afectado por el nuevo precio, aun cuando consuma grandes cantidades. El incremento se aplica principalmente a quienes adquieren el carburante para trasladarlo y utilizarlo en otros lugares.
“Este decreto no tiene ninguna ambigüedad, es bien claro”, dijo.
Gobierno
La administración de Rodrigo Paz sostiene que mantener un precio uniforme de Bs 9,80 para todos los consumidores resulta insostenible frente al costo de importación. El Gobierno argumenta que esa diferencia genera incentivos para el desvío del combustible hacia la reventa y el contrabando, al tiempo que obliga al Estado, a través de YPFB, a asumir una creciente carga fiscal.
El precio de Bs 18, además, no está planteado como una tarifa permanente. Se trata de un precio referencial inicial, mientras el Ministerio de Hidrocarburos desarrolla una metodología que permitirá determinar posteriormente el valor de acuerdo con las condiciones del mercado. La normativa contempla que el precio se actualice periódicamente.
El cambio también abre la puerta a una mayor participación privada en importación y comercialización de combustibles, en línea con la política económica que busca reducir el peso del Estado en la provisión de carburantes.
Cuestionamientos
La medida, sin embargo, encontró respuesta crítica entre sectores productivos. La principal discusión apunta a que mantener dos precios para un mismo combustible trasladará mayores costos a la producción y profundizará distorsiones en lugar de resolverlas.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, planteó que el país debería avanzar hacia un precio internacional para todos los consumidores y permitir que las estaciones de servicio comercialicen el combustible importado por los privados.
Una posición similar expresó Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), quien consideró que el decreto no constituye una solución definitiva y reclamó reglas más claras para la importación privada, además de la eliminación de impuestos y otras trabas.
Desde el sector energético, en cambio, el analista Álvaro Ríos calificó la medida como necesaria. A su juicio, Bolivia no podía continuar vendiendo diésel importado a grandes industrias y consumidores a un precio subsidiado y debería avanzar hacia un esquema vinculado a las cotizaciones.
El físico y analista energético Francesco Zaratti coincidió en que el precio subsidiado generaba distorsiones que afectaban al aparato productivo, las cuentas de YPFB y las finanzas públicas, además de incentivar contrabando.
Otros
La administración de Rodrigo Paz Pereira sostiene que mantener un precio uniforme de Bs 9,80 para todos es insostenible.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Pascual Velásquez alertó que el incremento podría elevar hasta en 100% el costo de algunos proyectos carreteros, debido al peso del combustible en la operación.
La Cámara Boliviana de la Construcción declaró al sector en emergencia y advirtió que el nuevo precio tendrá un impacto inmediato en empresas que ejecutan obras públicas, particularmente por el uso intensivo de maquinaria pesada y transporte.
Los productores cañeros agrupados en Concabol también rechazaron el decreto y se declararon en estado de movilización, mientras que Confeagro exigió su abrogación y reclamó una mayor apertura para la importación privada de combustibles.
Dos visiones
La controversia revela así una discusión más profunda: si Bolivia debe mantener un sistema de combustibles subvencionados y administrados por el Estado o avanzar hacia un mercado en el que los precios reflejen el costo internacional y los privados tengan un papel mayor en la importación y comercialización.
El Gobierno central defiende un esquema transitorio y diferenciado: protege el precio para los consumidores tradicionales y traslada progresivamente el costo real a quienes utilizan grandes volúmenes. Los sectores empresariales y productivos, en cambio, reclaman un mercado más abierto y un precio único que evite discriminaciones y distorsiones.
En ese sentido, los Bs 18 por litro son más que un ajuste de precio. Constituyen una señal del rumbo que pretende tomar la política energética del Gobierno y, al mismo tiempo, el punto de partida de una disputa con sectores productivos que temen que el costo de la transición termine trasladándose a la producción.
