La nueva normativa de preinversión establece criterios para fortalecer la preparación y evaluación de proyectos, reducir la incertidumbre técnica y orientar los recursos públicos hacia iniciativas con mayor sustento y beneficio social.
El Gobierno Nacional, en fecha 5 de octubre de 2026 aprobó el nuevo Reglamento Básico de Preinversión mediante el Decreto Supremo N.º 5740, norma que tiene el propósito de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia en la preparación y evaluación de los proyectos de inversión pública. La normativa introduce lineamientos que buscan fortalecer la toma de decisiones antes de comprometer recursos del Estado y promover proyectos mejor fundamentados desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
Uno de los aspectos centrales del reglamento es que la inversión pública debe partir de la identificación de un problema real y de la evaluación de alternativas de solución, en lugar de concentrarse únicamente en la ejecución de obras. Este enfoque busca que las instituciones públicas justifiquen sus decisiones, analicen la viabilidad de las propuestas y consideren los beneficios que cada proyecto puede generar para la población.
El nuevo reglamento establece una secuencia de estudios que comprende el Informe Técnico de Diseño del Proyecto (ITDP) y el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), conforme a las denominaciones y alcances previstos en la normativa. El ITDP permite realizar una evaluación inicial de las alternativas, mientras que el EDTP profundiza el análisis técnico de la alternativa seleccionada. Esta secuencia busca que las decisiones se adopten progresivamente, con mayor información y sustento, evitando avanzar hacia estudios más detallados sin haber evaluado previamente las opciones disponibles.
La aplicación de este procedimiento resulta especialmente importante para los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales, que deben atender necesidades de infraestructura, agua potable, saneamiento básico, caminos, salud, educación y otros servicios públicos. Una adecuada preparación puede contribuir a identificar anticipadamente dificultades técnicas, riesgos, costos y condiciones necesarias para la ejecución y operación de los proyectos.
Entre los aspectos fundamentales del reglamento se encuentran los principios de causalidad e incrementalidad; eficiencia, racionalidad y rentabilidad social; gestión de riesgos y cambio climático; proporcionalidad; reducción progresiva de la incertidumbre; sostenibilidad operativa; transparencia y trazabilidad; estos principios apuntan a que cada proyecto tenga una justificación clara, que los estudios sean proporcionales a su magnitud y complejidad, y que se consideren tanto los riesgos como las condiciones necesarias para mantener los servicios una vez concluida la inversión. La sostenibilidad operativa merece especial atención: construir una infraestructura no garantiza por sí mismo la prestación de un servicio. También deben considerarse los recursos, el personal, el mantenimiento y las capacidades institucionales necesarias para que la inversión continúe beneficiando a la población.
Para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), la implementación del nuevo reglamento representa una oportunidad para fortalecer sus capacidades de planificación, formulación y evaluación de proyectos. También exige mejorar la coordinación entre las unidades técnicas, administrativas y financieras, de manera que los proyectos respondan a las prioridades territoriales y cuenten con información suficiente para respaldar las decisiones de inversión.
En este proceso, el registro y seguimiento de los proyectos en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), junto con la categorización y los instrumentos metodológicos previstos, adquieren relevancia para organizar la gestión de la preinversión y facilitar la trazabilidad de la información. Sin embargo, la aplicación efectiva de la norma requerirá asistencia técnica, capacitación y herramientas metodológicas claras, especialmente para las entidades con menores capacidades institucionales. El desafío consiste en que los nuevos procedimientos mejoren la calidad de los estudios sin convertirse en una barrera administrativa que retrase innecesariamente la atención de las necesidades de la población.
Un aspecto que debe quedar claro es que contar con un estudio técnicamente respaldado o cumplir con los procedimientos de preinversión no significa, por sí solo, que un proyecto tenga presupuesto aprobado o financiamiento garantizado. La ejecución también depende de la programación presupuestaria, la disponibilidad de recursos, las competencias institucionales y los procedimientos aplicables. Por lo cual, la preinversión debe articularse con la planificación y la programación de la inversión pública. De esta manera, se puede reducir el riesgo de formular proyectos que, pese a contar con estudios, no tengan condiciones reales para avanzar hacia su ejecución.
La normativa contempla un periodo de transición de hasta 90 días desde su publicación para su entrada en vigencia, además de disposiciones para la aprobación de instrumentos metodológicos. Los estudios iniciados antes de la entrada en vigor deben concluirse conforme al reglamento anterior, según las disposiciones transitorias correspondientes.
En definitiva, una inversión pública de calidad no se mide únicamente por la cantidad de proyectos ejecutados, sino también por su capacidad para resolver problemas concretos, generar beneficios sociales y responder de manera sostenible a las necesidades del país.
