Organizaciones sociales, productivas y sindicales anunciaron nuevas medidas de presión contra el Gobierno de Rodrigo Paz por el precio del diésel y otras políticas económicas, pese al Estado de excepción vigente desde junio.
En Santa Cruz, organizaciones sociales de San Julián anunciaron un bloqueo de carreteras de 24 horas para el miércoles, en rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores.
La determinación fue asumida durante un ampliado municipal. Los dirigentes cuestionaron que el límite de 120 litros mensuales de combustible subvencionado sea insuficiente para los pequeños productores, principalmente durante la cosecha de invierno de girasol y sorgo.
“Con 120 litros no hacemos nada en el sector productivo”, afirmó una representante. El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, respaldó la medida y pidió al Gobierno enviar representantes para explicar la norma.
A esta protesta se suma la Federación Túpac Katari. Su ejecutivo, Rolando Choque, advirtió que el sector evalúa movilizarse pese al Estado de excepción y no descartó que esta medida sea incumplida.
“Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el Estado de excepción, pero estamos todavía en ese análisis”, declaró a Unitel. También responsabilizó al Gobierno por una eventual escalada del conflicto.
El transporte pesado también se declaró en emergencia. Su dirigente, Nelson Carrillo, afirmó que podrían coordinar bloqueos con otros sectores, incluso en las fronteras, si reciben una convocatoria para movilizarse.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), entretanto, dio plazo hasta este domingo para que el Ejecutivo deje sin efecto el DS 5676. Caso contrario, anunció que acudirá al Comité Pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad.
Evismo
En Cochabamba, organizaciones afines a Evo Morales anunciaron una marcha para el viernes 4 de septiembre y se declararon en “movilización permanente”.
La determinación fue asumida durante una reunión entre Morales, las Seis Federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas.
Los sectores evistas rechazaron las políticas económicas del Gobierno, que calificaron de “neoliberales”, y exigieron la abrogación del DS 5676. También cuestionaron una supuesta injerencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Comando Sur.
Además, plantearon medidas judiciales contra el presidente Rodrigo Paz, su familia y miembros de su gabinete por lo que calificaron como “escandalosos hechos de corrupción”.
Cisterneros
Mientras crece la presión, los transportistas de combustibles retomaron el diálogo con el Gobierno en Santa Cruz, aunque mantienen en cuarto intermedio su amenaza de paralizar actividades.
El sector reclama una deuda de entre Bs 400 millones y Bs 450 millones a YPFB, además de una actualización de tarifas. La medida podría concretarse si no alcanzan acuerdos hasta este domingo.
Maestros cuestionan posible ampliación
Los maestros rurales también advirtieron que rechazarán una eventual ampliación del Estado de excepción. Su dirigente Juan Carlos Mamani sostuvo que, de concretarse, el sector evaluará acciones para “romper” la medida.
Los 90 días del Estado de excepción se cumplen el 18 de septiembre y puede ser ampliado con autorización de la Asamblea Legislativa. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió su extensión ante las amenazas de movilización, mientras el diputado Manolo Rojas anunció que impulsa la iniciativa.
