El senador José Manuel Ormachea y la diputada Lissa Claros, ambos de la alianza Libre, se pronunciaron sobre las denuncias de presuntas presiones y tráfico de influencias en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que involucran a los diputados del PDC Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli.
Ormachea pidió que la exdirectora de la entidad, Daniela Quiroga, sea restituida en el cargo, al considerar que su actuación respondió a criterios de eficiencia institucional y no a intereses políticos.
“Daniela Quiroga, a no ser que tenga algún tipo de irregularidad probada, por ahora no existe, merecería ser reinstituida, ratificada y reconocida como uno de los pocos cargos meritorios de esta administración estatal”, afirmó en entrevista con La Razón.
El legislador sostuvo que el caso expone un problema en los criterios de selección de funcionarios públicos. A su juicio, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) “reproduce” prácticas que privilegian la participación en campañas electorales por encima de la formación profesional.
“El PDC aparentemente cree que cinco meses de campaña equivalen mágicamente a cinco años de carrera universitaria”, cuestionó.
Ormachea destacó que Quiroga enfrentó presiones de sectores políticos y burocráticos para asumir decisiones que, según su versión, no compartía. “Nos ha enseñado una lección de hidalguía para enfrentar a mil demonios sola”, relievó.
Por su parte, Claros pidió una investigación profunda sobre las contrataciones en las entidades descentralizadas del Estado y propuso realizar auditorías en los nueve departamentos para identificar posibles influencias políticas.
La diputada advirtió que, si se comprueban los hechos denunciados en los audios, podrían configurarse delitos como uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y extorsión. También mencionó un posible uso indebido de bienes estatales, en caso de confirmarse la utilización de una oficina en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo.
Claros cuestionó la demora del Ministerio Público y sostuvo que debía intervenir para verificar las denuncias y preservar las pruebas.
“Son varios delitos y el Ministerio Público, desde nuestro punto de vista, tendría que haber intervenido ya la semana pasada o estos días, cuando ha salido ya todo esto, poder verificar”, reclamó.
Asimismo, expresó sus reparos ante la posibilidad de conformar una comisión legislativa, porque considera que la mayoría parlamentaria afín al Gobierno no garantizaría una investigación imparcial.
“Es que la mayoría del parlamento está sometido a los intereses del Gobierno”, señaló.
Finalmente, respaldó el pedido de apartar a los legisladores señalados mientras se esclarecen los hechos. Afirmó que la permanencia de autoridades cuestionadas puede afectar la credibilidad de la Asamblea Legislativa.
