En Bolivia Evo Morales permaneció en la Presidencia durante los 21 días que siguieron al fraude electoral del 20 de octubre de 2019, hasta su renuncia del 10 de noviembre, tiempo en el cual medió una ciudadanía movilizada, un país virtualmente en llamas, y el informe de la OEA que identificó las dolosas irregularidades que impedían validar los resultados.
En Paraguay, unas 48 horas después del anuncio de la resolución de Ueno Bank, en medio de una grave crisis financiera que involucra a ahorristas y fondos previsionales, Santiago Peña presentó su renuncia. Paralelamente, Diputados aprobó por unanimidad de sus 78 miembros presentes la acusación para someterlo a juicio político.
Al no aceptarse su renuncia, el Senado se constituyó en tribunal de juicio político para escuchar su defensa y decidir sobre una eventual destitución. Las posibles responsabilidades penales deberán investigarse separadamente ante la justicia ordinaria.
¿Cuál es la diferencia, por qué en Bolivia la crisis fue tan dilatada y traumática, y por qué en Paraguay la reacción política fue tan veloz y encaminada hacia una pronta solución constitucional?
Una explicación central reside en el Partido Colorado: una organización con 139 años de existencia, alrededor de 90 años acumulados de gobierno y 23 presidentes entre los 52 que ha tenido Paraguay desde 1844. Su fortaleza organizativa y capacidad de supervivencia política son extraordinarias. ¡Menudos récords!
Es así que, pese a la persistencia de un sistema presidencialista, los colorados han demostrado históricamente una gran capacidad para funcionar y sobrevivir más allá de los caudillismos de turno, pues la continuidad de la organización y su vocación de poder pueden primar frente a la permanencia de su propio militante en el poder.
También existe una diferencia constitucional decisiva: Paraguay admite el juicio político presidencial por mal desempeño, mientras Bolivia carece de un mecanismo equivalente de destitución política. Pero la norma no explica, por sí sola, la conducta de los partidos.
En Bolivia, por el contrario, los personalismos y las disputas caudillistas han contribuido reiteradamente a debilitar y fracturar a los partidos políticos, como ocurrió en diferentes circunstancias con el MNR, ADN, MIR y, más recientemente, con el MAS. Aunque estas organizaciones han demostrado también capacidad de supervivencia —el propio MAS recuperó el gobierno en las elecciones de 2020—, sus conflictos de liderazgo han comprometido, en distintos momentos, la cohesión partidaria y la estabilidad institucional.
Sin embargo, pese a los muchos vicios y cuestionamientos que acompañan la historia del Partido Colorado, destaca una cualidad política extraordinaria: su versatilidad para llegar incluso a sacrificar y desprenderse de sus propios caudillos cuando estos dejan de representar una garantía para la continuidad, legitimidad o intereses de la organización, adaptándose rápidamente a las nuevas circunstancias políticas y sociales.
Así ocurrió, con sus particularidades históricas, con el derrocamiento de Alfredo Stroessner en 1989, con la caída de Raúl Cubas en 1999 y, ahora, con la decisión partidaria de retirar el respaldo político a Santiago Peña.
Esta capacidad de preservar al partido por encima de sus dirigentes puede contribuir a la gobernabilidad y a la continuidad del Estado, ello sin llegar a confundir automáticamente la fortaleza partidaria con la institucional, ni la preservación del poder con la calidad democrática.
Para Bolivia y otras democracias, la lección no es perpetuar un partido en el poder, sino construir organizaciones capaces de trascender a sus caudillos, procesar sus crisis y anteponer la gobernabilidad y la continuidad constitucional a los intereses personales.
La crisis paraguaya sigue abierta. Su desenlace será una prueba para el constitucionalismo, la democracia y el legítimo clamor de los ciudadanos por vivir en paz y mejor. ¡Que viva la Democracia y la Constitución!
