La formalización de la actividad aurífera requiere fortalecer la estructura empresarial del sector. Una alternativa es la transformación voluntaria de determinadas cooperativas en sociedades comerciales, como las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), para facilitar el financiamiento, atraer inversiones y establecer alianzas con empresas nacionales y extranjeras, dentro del marco legal.
Una estructura más formal permitiría mejorar la comercialización del oro, fortalecer su trazabilidad y facilitar el acceso a mercados internacionales, cumpliendo las obligaciones establecidas por las autoridades, incluido el SENARECOM.
La explotación aurífera puede contribuir al desarrollo de Bolivia, pero es necesario combatir la minería ilegal, hacer cumplir las normas ambientales, mejorar la recaudación tributaria y promover la formalización. El Gobierno debe dialogar con cooperativistas y otros actores para establecer reglas que permitan aprovechar responsablemente esta riqueza y generar mayores beneficios para el país.
El informe de la Fundación Milenio Hacia una minería sostenible, competitiva e inclusiva revela un desequilibrio tributario: las cooperativas representan el 58,1% de la producción aurífera, pero aportan apenas el 0,2% de los impuestos. El sector privado genera el 35,1% de la producción y contribuye con el 98,3% de los tributos; Comibol produce el 6,1% y aporta el 1,5%. Estas cifras evidencian la necesidad de revisar el régimen de explotación y comercialización del oro para asegurar una contribución tributaria acorde con la actividad.
El impacto ambiental es otro aspecto central. La minería ilegal y las operaciones que incumplen las normas pueden dañar los ecosistemas y las fuentes de agua. La Ley 1333 de Medio Ambiente establece responsabilidades y sanciones, mientras que su reglamentación contempla la reparación de los recursos afectados. La Ley 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, también establece responsabilidades frente a la degradación ambiental. Determinadas conductas que dañan el medio ambiente o afectan la salud pública pueden acarrear sanciones penales.
Preocupa especialmente el uso de mercurio, sobre todo en zonas amazónicas. Organismos especializados advierten sobre sus efectos en los ecosistemas y la salud de las poblaciones expuestas, particularmente por el consumo de pescado contaminado. Por ello, la formalización debe incluir controles ambientales efectivos y mecanismos de trazabilidad del oro.
El atractivo económico de esta actividad es evidente. El 1 de octubre del año en curso, la onza troy de oro se situó en torno a los 4.177 dólares, tras alcanzar en enero un máximo superior a los 5.500 dólares. En 2000, el promedio anual fue de 279,29 dólares y, en 2010, llegó a cerca de 1.225 dólares, impulsado, entre otros factores, por la búsqueda de activos considerados refugio.
Bolivia tiene un importante potencial aurífero, especialmente en depósitos aluviales, aunque carece de una estimación oficial consolidada de sus reservas. El Estado debe fortalecer la información geológica y el control de la explotación.
También debe verificarse el cumplimiento de las obligaciones ambientales. En 2024, la entonces senadora Cecilia Requena cuestionó la aprobación de contratos mineros y observó la ausencia de instrumentos ambientales en determinados casos. Estas denuncias deben investigarse y, cuando corresponda, corregirse mediante la aplicación estricta de la legislación.
Finalmente, la Ley General de Cooperativas establece que el trabajo de los socios debe realizarse de manera personal y directa, con las excepciones previstas por la normativa. Cuando una operación alcanza una dimensión empresarial importante, corresponde evaluar si la estructura cooperativa sigue siendo adecuada. Su transformación voluntaria en una sociedad comercial puede facilitar inversiones, mejorar la gestión y contribuir a una minería aurífera más formal, transparente y sostenible.
