La visita del presidente de un país vecino siempre es noticia; si se trata del presidente de Chile, adquiere especial relevancia. José Antonio Kast llegará a Bolivia a mediados de octubre con una agenda centrada en comercio, energía, minería y seguridad, y con el propósito declarado de allanar el camino hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1978.
Nos une una frontera de casi mil kilómetros, pero lo que hace singular esta vecindad es otra cosa: Chile es el país que se interpone entre Bolivia y el Océano Pacífico. Desde la Guerra del Pacífico, que nos privó de unos 400 kilómetros de costa, y desde el Tratado de 1904, que no resolvió el enclaustramiento, la relación ha sido una larga sucesión de encuentros y desencuentros, negociaciones diplomáticas, ofertas frustradas y aproximaciones de confianza mutua.
No faltaron presidentes chilenos que comprendieron el problema. Domingo Santa María, canciller en 1879 y luego presidente, advirtió que «no podemos ahogar a Bolivia» y que debía proporcionársele «un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia». El gobierno de Jorge Montt suscribió en 1895 el tratado de transferencia de territorios, que contemplaba salidas por Tacna y Arica. El de Emiliano Figueroa vio con interés la propuesta Kellogg de 1926 con similar propósito. Los de Gabriel González Videla y Jorge Alessandri respaldaron el intercambio de notas para negociar una salida al mar. El de Augusto Pinochet acordó con Hugo Banzer las negociaciones de Charaña y ofreció un corredor con mar soberano. Michelle Bachelet suscribió con Evo Morales la Agenda de 13 puntos, que incluyó el tema marítimo. Ninguna de esas iniciativas llegó a puerto.
Pero la buena vecindad también se construye con asuntos concretos. Durante mi gobierno, entre 2005 y 2006, que coincidió con el de Ricardo Lagos, quien también visitó Bolivia, celebramos dos acuerdos importantes, uno referido a la modernización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) para atender las asimetrías económicas, y otro para posibilitar la libre circulación de bolivianos y chilenos con la sola cédula de identidad. No es casual que la modernización del ACE 22 vuelva hoy a la agenda.
En 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desestimó la demanda boliviana sobre la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al océano Pacífico, aunque el mismo fallo señaló que su decisión no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo, en un espíritu de buena vecindad, sobre la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido como de interés mutuo.
Esa ambivalencia se comprende mejor a la luz de lo que precisó el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, al celebrar los 80 años del tribunal, el pasado 17 de abril: “incluso cuando las decisiones de la Corte no resuelven completamente una disputa, siguen siendo importantes, porque aclaran la situación jurídica, reducen la incertidumbre y proporcionan a los Estados una base común para gestionar sus diferencias, mantener el diálogo y buscar soluciones pacíficas”.
La segunda controversia, llevada por Chile ante la misma CIJ fue la relativa a la naturaleza y uso de las aguas del Silala. A pesar de que las diferencias, por sus antecedentes y el caudal en cuestión pudieron resolverse con negociaciones, se persistió en un litigio que la CIJ en 2022 también desestimó por falta de objeto. Desde entonces, todavía no se conocen acuerdos sobre el uso de esas aguas y el tratamiento de otras cuencas hídricas compartidas en la frontera, incluidas las que también conciernen al Perú.
Seguiremos siendo vecinos, y Chile seguirá interponiéndose entre Bolivia y el mar. Pero hay espacio para dialogar y negociar con más imaginación y productividad que en el pasado. El expresidente boliviano Walter Guevara Arze, negociador boliviano en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), advirtió que ese instrumento podía crear condiciones nuevas y más favorables para la relación. Bolivia y Chile ya son parte de ella. Su régimen de tránsito para los Estados sin litoral, la cooperación en infraestructura vial y portuaria y sus mecanismos de solución de controversias podrían atender problemas como las demoras que sufre en la Aduana chilena la madera boliviana de exportación. Esta participación puede expandirse a múltiples acuerdos que favorezcan el más libre y amplio tránsito comercial y humano previsto en 1904.
Hay más. Chile podría promover la incorporación de Bolivia como observador en la Alianza del Pacífico y ambos podrían cooperar en el Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), que protege la alta mar, patrimonio común de la humanidad, y en la Convención de la ONU sobre los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.
Son muchas las materias que una buena vecindad puede y debe aprovechar para dejar de vivir de espaldas. La visita del presidente Kast es una buena ocasión para empezar. Los presidentes van y vienen; los vecinos permanecen.
