La Defensoría del Pueblo anunció que el recorte de su presupuesto obligó a reducir personal y reorganizar su estructura institucional. La medida implicó el despido de 44 funcionarios, el cierre de una oficina y la previsión de clausurar otras cuatro, principalmente en zonas fronterizas.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que la institución enfrenta una disminución significativa de sus recursos, lo que ha afectado directamente su capacidad operativa.
Defensoría
“Hemos tenido que retirar 44 funcionarios por esta reducción del presupuesto y estamos cerrando una oficina. Tenemos previsto cerrar otras cuatro, que van a ser las cinco oficinas que vamos a concluir en sus funciones, particularmente en fronteras”, afirmó durante una entrevista con radio Erbol.
Callisaya detalló que la Defensoría sufrió una reducción del 30% de su masa salarial y un recorte del 10% en gastos corrientes. Como consecuencia, este año dispondrá de un presupuesto de Bs 36,1 millones para desarrollar sus actividades en todo el país.
La autoridad reconoció que la disminución de recursos limitará el funcionamiento de la institución, aunque aseguró que continuará cumpliendo su mandato constitucional de protección y promoción de los derechos humanos.
Presupuesto
En ese sentido, indicó que la Defensoría mantendrá las acciones destinadas a atender vulneraciones de derechos y fortalecer la cohesión social, especialmente después de los conflictos y bloqueos registrados en el país durante las últimas semanas.
El defensor también respondió a cuestionamientos sobre el financiamiento de la entidad y rechazó las versiones que atribuyen a la institución un presupuesto elevado.
Ajuste
“Ni la suma de los recursos asignados durante los 28 años de existencia de la Defensoría alcanzaría los 500 millones de bolivianos”, sostuvo, al desmentir afirmaciones que, según dijo, fueron realizadas por algunas autoridades.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ajuste presupuestario repercutirá en su cobertura territorial, particularmente en regiones fronterizas, donde varias oficinas dejarán de operar como parte del proceso de reorganización institucional.
