La victoria electoral de Rodrigo Paz marcó un punto de inflexión en la política boliviana. Después de casi veinte años de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), el país ingresó en una nueva etapa el 8 de noviembre de 2025.
Se trata del cambio de orientación del Gobierno, la recomposición de las alianzas políticas y la búsqueda de otro modelo económico e institucional.
El resultado no representó únicamente la derrota electoral de una fuerza política. También reflejó el agotamiento de un ciclo de poder que, después de dos décadas, llegó a su etapa final en medio de una economía deteriorada, una institucionalidad debilitada y una profunda fractura interna del partido que había conducido el Estado.
El analista político Ricardo Paz considera que el cambio fundamental fue precisamente el cierre de esa hegemonía. A su juicio, el MAS terminó atrapado en sus propias contradicciones, mientras la sociedad perdía confianza en sus gobernantes.
La alternancia, en ese contexto, adquirió una dimensión institucional que trasciende el resultado de las urnas. “La elección de Rodrigo Paz representó, en ese sentido, una alternancia democrática de enorme trascendencia. Después de veinte años de predominio de una misma fuerza política, Bolivia recuperó la posibilidad de que el poder cambie de manos mediante el voto”, señaló.
El nuevo Gobierno también modificó la orientación de la política estatal. Su discurso planteó una relación distinta con el sector privado, una mayor apertura a la inversión extranjera y el acercamiento a nuevos interlocutores internacionales.
Esa línea marcó distancia respecto de los alineamientos que caracterizaron las administraciones de Evo Morales y Luis Arce.
Sin embargo, el desplazamiento del MAS no significó la desaparición de sus estructuras políticas ni la inmediata consolidación de una alternativa. “Se produjo una alternancia en el poder, pero todavía está pendiente la construcción de una nueva gobernabilidad”, afirmó.
Así, el primer año de Rodrigo Paz deja una transformación política relevante, aunque todavía incompleta. El MAS perdió su condición de fuerza dominante y el país abrió una etapa de reordenamiento institucional.
Liberaciones y capturas.
El cambio de ciclo político en Bolivia estuvo acompañado por decisiones judiciales que favorecieron a dirigentes opositores y procesos contra exautoridades de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, en un escenario marcado por cuestionamientos a la Justicia.
Antes de la posesión de Rodrigo Paz, el 8 de noviembre de 2025, los tribunales dispusieron la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, con medidas distintas según cada proceso. El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años contra Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II y ordenó su salida de prisión.
En el otro frente, varias exautoridades del MAS fueron recluidas por investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración pública. El expresidente Luis Arce permanece con detención preventiva por el caso Fondo Indígena, relacionado con su gestión como ministro de Economía.
A este caso se suman investigaciones contra sus hijos, Luis Marcelo y Rafael Ernesto Arce Mosqueira, por presuntos hechos vinculados al enriquecimiento ilícito y movimientos económicos bajo investigación. Ambos fueron señalados en pesquisas sobre el patrimonio familiar y operaciones financieras..
También permanecen recluidos los exministros Édgar Montaño y Néstor Huanca, el exgerente de Emapa Franklin Flores y la exdiputada Lidia Patty, investigados por presuntas irregularidades. Para Ricardo Paz, el desafío es recuperar la independencia y credibilidad judicial y garantizar el debido proceso.
Menos ministerios
La reducción del número de ministerios y el planteamiento de reformas institucionales forman parte de la apuesta del Gobierno de Rodrigo Paz por reorganizar el Estado, reducir su estructura y modificar el modelo de gestión pública.
Tras casi de dos décadas de administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), Paz recibió un Órgano Ejecutivo compuesto por 14 ministerios y los redujo a 12, mediante el Decreto Supremo 5675 del 13 de agosto de este año.
La nueva orientación prioriza el achicamiento del aparato estatal, la apertura a la inversión privada y una mayor descentralización.
Para el analista Ricardo Paz, la reforma del Estado y la revisión del funcionamiento de las empresas públicas son asuntos que el país necesita discutir. Sin embargo, advierte que todavía faltan capacidad de ejecución, mejores equipos y una visión que trascienda la atención de la coyuntura.
Desde otra perspectiva, Susana Bejarano observa que la reducción estatal y la promoción de inversiones privadas por encima de las públicas representan un cambio de modelo.
Así, la reorganización estatal enfrenta un doble desafío: reducir y modernizar la administración pública sin debilitar sus capacidades, y convertir los anuncios de reforma en cambios sostenibles.
Regiones y el 50/50.
La propuesta del 50/50 se convirtió en uno de los principales compromisos de descentralización del Gobierno de Rodrigo Paz. La iniciativa plantea modificar la distribución de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones.
El propósito es fortalecer las capacidades de gobernaciones y municipios. Sin embargo, su aplicación exige acuerdos políticos, cambios normativos y una definición clara de competencias y responsabilidades.
Los nueve gobernadores del país retomaron una posición conjunta el 6 de noviembre y rechazaron el 1% de coparticipación ofrecido para 2027. Consideran insuficiente el monto —más de Bs 500 millones para nueve departamentos— y exigen una redistribución gradual que alcance al menos el 15%, para fortalecer su autonomía y financiar sus competencias.
