A un año de gestión de Rodrigo Paz, el sector empresarial respaldó el ajuste económico y el diálogo con el Gobierno; sin embargo, cuestionó la demora de las reformas, las dificultades productivas y la falta de seguridad jurídica para invertir.
Los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo; de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo; y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, además de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), coincidieron en entrevista con La Razón en que el Ejecutivo tomó decisiones económicas que habían sido postergadas durante años.
Sin embargo, señalaron que las expectativas generadas con el cambio de Gobierno, tras 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), aún no se reflejan plenamente en resultados para el aparato productivo.
BALANCE DEL SECTOR
Entre los avances destacados por estos sectores está la modificación del esquema de subvención a los combustibles, la flexibilización cambiaria, la reducción de la inflación, la disminución del riesgo país, la recuperación del acceso al financiamiento internacional y la apertura de espacios institucionales de coordinación entre el sector público y privado.
Las organizaciones empresariales identificaron avances en la reducción de la inflación, la disminución del riesgo país, el acceso al financiamiento internacional y la apertura de espacios de coordinación con el Ejecutivo. No obstante, advirtieron que la estabilización todavía debe traducirse en mayor producción, inversión y empleo.
El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, calificó el balance como mixto y destacó que el Gobierno asumió decisiones económicas postergadas durante años.
“El balance es mixto. Reconocemos que el Gobierno tomó decisiones que el país postergó durante casi veinte años: eliminó la subvención a los combustibles, redujo el número de ministerios, suprimió el impuesto a las transacciones financieras y logró bajar la inflación”, afirmó.
Sostuvo que estas medidas recibieron el respaldo del sector privado, aunque observó que el costo del ajuste fue asumido principalmente por las familias y las empresas.
Desde CAINCO, Antelo señaló que la administración de Paz recibió una economía en emergencia y adoptó medidas para corregir desequilibrios cambiarios, energéticos y financieros.
Según las cifras expuestas en su balance, la inflación interanual disminuyó del 22,23% en octubre de 2025 al 7,08% en octubre de 2026, mientras que el riesgo país pasó de aproximadamente 955 a 504 puntos básicos. “Es un mérito que hay que reconocerlo”, dijo.
Consideró que estos resultados contribuyen a mejorar la percepción sobre Bolivia, pero señaló que las expectativas empresariales también contemplaban cambios en las normas que regulan la actividad económica. “Las expectativas se cumplieron en la estabilización y siguen pendientes en la transformación. Bolivia votó por un cambio de modelo, y ese cambio se escribe en leyes”, sostuvo.
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La CNI también valoró las medidas orientadas a facilitar la importación de bienes de capital, los mecanismos de crédito y las disposiciones para promover inversiones estratégicas. Sin embargo, consideró que el cambio de rumbo económico se desarrolla a una velocidad inferior a la esperada.
Desde el sector agropecuario, Klaus Frerking describió una gestión con luces y sombras. Reconoció decisiones necesarias para corregir distorsiones, pero reclamó una ruta que permita ampliar las actividades productivas. “Sabemos que este primer año del gobierno de Rodrigo Paz se han tomado decisiones duras y necesarias, pero necesitamos esa hoja de ruta”, afirmó en entrevista con el programa de la periodista Maggy Talavera.
La CAO planteó un pacto por la producción y el empleo con cinco pilares: liberación de las fuerzas productivas, seguridad jurídica, nuevas políticas energéticas, infraestructura y corredores de exportación, y descentralización con competencias y responsabilidades.
DIFICULTADES
El incremento de los costos operativos, la incertidumbre cambiaria y la reducción del consumo interno aparecen entre los principales problemas identificados por las organizaciones empresariales.
Antelo señaló que el diésel llegó a costar Bs 17,95 por litro, lo que elevó los gastos de transporte de materias primas, insumos y productos terminados y afectó la competitividad de las empresas.
A ello se suma el deterioro del poder adquisitivo de las familias, que repercute sobre las ventas. Según las cifras señaladas por el representante de CAINCO, la economía registró una contracción del 3,27% durante el primer semestre de 2026 y nueve de once actividades económicas presentaron resultados negativos en el segundo trimestre.
Recordó además que los 53 días de bloqueos entre mayo y junio interrumpieron las cadenas de abastecimiento y perjudicaron a productores, transportistas, industriales y comerciantes.
“La estabilización ordena la casa; el empleo llega con inversión. Este primer año sirvió para apagar el incendio. El segundo tiene que servir para encender los motores de la producción y empezar a crecer”, expresó Antelo.
Desde la CNC, Olivo explicó que la incertidumbre sobre el tipo de cambio dificulta la planificación comercial. Señaló que mientras el comerciante desconozca cuánto costará reponer sus mercaderías, resultará “difícil” comprometer inversiones, ampliar negocios o contratar trabajadores.
El representante del comercio advirtió que la recuperación todavía no se refleja plenamente en las ventas y que la contracción económica provocó el cierre de negocios y la pérdida de empleos formales.
“Las medidas ordenaron la economía; ahora falta que generen condiciones para crecer”, dijo.
En tanto, la CNI identificó como obstáculos la burocracia, los costos logísticos, el contrabando, la informalidad y las limitaciones energéticas. Según las proyecciones citadas por la institución, Bolivia podría cerrar 2026 con una caída del producto interno bruto de entre 2,8% y 3,4%.
La entidad advirtió que la disminución de la producción de gas representa un riesgo para las operaciones industriales. También planteó mejorar los corredores de exportación, los puertos y la hidrovía, además de implementar ventanillas únicas y trámites digitales.
En el ámbito agropecuario, Frerking cuestionó las restricciones al acceso a herramientas biotecnológicas disponibles en países vecinos, al considerar que limitan la productividad y la capacidad de competir. También señaló dificultades en las cadenas lechera, arrocera y cañera. Como ejemplo de los efectos de modificar las condiciones de comercialización, indicó que la producción de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) pasó de aproximadamente 220.000 a 272.000 litros diarios después de la eliminación de restricciones de precios y cupos.
La inseguridad sobre la propiedad de la tierra constituye otra preocupación del sector. Frerking informó que el INRA presentó datos sobre 251 casos de avasallamiento en Santa Cruz, entre procesos activos y concluidos, y cuestionó la existencia de órdenes judiciales que no se ejecutan. “Sin seguridad jurídica, no hay inversión”, sostuvo.
Observó también la abrogación de la Ley 1720, relacionada con la conversión de pequeñas propiedades agrarias a medianas, porque consideró que esa disposición habría facilitado el acceso al financiamiento.
Asimismo, propuso revisar los plazos de verificación de la Función Económica Social para dar mayor previsibilidad a las inversiones agropecuarias.
La RELACIÓN CON El GOBIERNO
Las organizaciones empresariales también reconocieron la apertura del diálogo como uno de los avances en su relación con el Gobierno, empero su principal demanda es que los acuerdos se traduzcan en normas, plazos y medidas que mejoren las condiciones de inversión.
Olivo destacó que la recuperación de parte de la confianza, sobre todo por la voluntad de diálogo y porque “el Gobierno se animó a tomar decisiones difíciles”. Sin embargo; advirtió que la incertidumbre persiste. “En lo económico, debido a un tipo de cambio que todavía no es previsible. En lo jurídico, porque las reglas que deben dar seguridad a la inversión aún no están aprobadas”, dijo.
La CNI resaltó el memorándum suscrito el 28 de octubre entre el Ministerio de la Presidencia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la CNC y la institución industrial. Según su evaluación, el acuerdo establece un mecanismo de participación empresarial en el análisis y seguimiento de las políticas públicas.
Sin embargo, las organizaciones coinciden en que la apertura institucional todavía debe acompañarse con reformas legales. Entre las prioridades mencionan las leyes de Inversiones, Hidrocarburos, Minería y Energía.
“La confianza no se construye con anuncios; se construye con normas claras y su cumplimiento”, afirmó Olivo.
El presidente de la CNC señaló además que la responsabilidad por las demoras es compartida entre el Ejecutivo, que tardó en presentar algunos proyectos, y la Asamblea Legislativa, donde las disputas políticas dificultaron su tratamiento. También sostuvo que existen decisiones que dependen directamente del Gobierno, como reducir el gasto estatal, reestructurar empresas públicas deficitarias y simplificar los procedimientos administrativos.
“Las familias y las empresas ya se ajustaron el cinturón; ahora le toca al Estado”, manifestó.
Antelo planteó que la Asamblea unifique las propuestas sobre inversiones y priorice su aprobación. Recordó que existen iniciativas del Ejecutivo y de las organizaciones empresariales que pueden servir de base para construir acuerdos.
“La Asamblea tiene hoy la llave: unificar los proyectos, darles prioridad y aprobar la Ley de Inversiones antes de fin de año. El país necesita esa señal”, afirmó.
La CNI también reclamó una hoja de ruta con plazos definidos. Advirtió que el interés de inversionistas nacionales y extranjeros requiere reglas estables antes de convertirse en proyectos.
En materia agraria, Frerking destacó la reactivación de la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz, pero insistió en que la coordinación institucional debe producir resultados frente a los avasallamientos.
Por su parte, Antelo reconoció avances iniciales, como las órdenes judiciales de desalojo en predios como Las Londras y Santa Rita, aunque señaló que los procesos pendientes muestran la magnitud del problema.
Destacó que el INRA informara sobre 182 procesos en curso y 69 concluidos en Santa Cruz, aunque advirtió que la cantidad de casos pendientes demuestra que todavía existen desafíos importantes. Consideró que la protección de la propiedad privada debe acompañarse de una justicia independiente, decisiones judiciales previsibles y garantías para el cumplimiento de los contratos.
La CNC también reclamó respuestas efectivas de la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial frente a los avasallamientos. Olivo sostuvo que las declaraciones gubernamentales en defensa de la propiedad privada constituyen señales positivas, pero insistió en que deben traducirse en acciones concretas.
Los representantes privados consideraron que el Gobierno logró avances en el diálogo y en la estabilización de algunos indicadores económicos, pero todavía enfrenta el desafío de establecer condiciones que permitan recuperar la inversión privada.
Reiteraron que la aprobación de leyes estructurales, la reducción de la burocracia, la protección de la propiedad y la mejora de la competitividad aparecen como las principales demandas del sector para el segundo año de gestión.
Asimismo, ratificaron su disposición a trabajar con el Ejecutivo, aunque advirtieron que la recuperación económica dependerá de que los compromisos asumidos se conviertan en normas y medidas efectivas que permitan ampliar la producción y traer capitales.
