La protección de los hogares de menores ingresos aparece como uno de los componentes del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un escenario marcado por la necesidad de ordenar las cuentas públicas y aplicar medidas de estabilización económica.
El documento establece la asignación de recursos adicionales a programas de protección social como parte del paquete de reformas. El objetivo es que el costo del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre las familias con menor capacidad para enfrentar un eventual aumento del costo de vida, una reducción de ingresos o cambios en la estructura del gasto público y los subsidios.
La lógica detrás de estas medidas es que la estabilización fiscal no puede limitarse a reducir el gasto. También requiere mecanismos capaces de identificar y atender a las familias que pueden quedar más expuestas durante el proceso de ajuste.
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Acuerdo
Entre las medidas contempladas se encuentra el fortalecimiento de los programas sociales mediante una mejor cobertura y focalización. Esto implica buscar que la asistencia estatal llegue de manera más efectiva a quienes realmente la necesitan y evitar que los recursos destinados a protección social se diluyan o tengan un impacto menor al esperado.
El planteamiento también incorpora acciones orientadas a reducir la informalidad y promover la generación de empleo. Desde una perspectiva económica, este componente resulta relevante porque una protección social sostenible no depende únicamente de las transferencias estatales, sino también de la capacidad de los hogares para generar ingresos mediante empleos formales y actividades productivas.
De esta manera, la protección social se plantea como un mecanismo de transición frente a las reformas, pero también como una herramienta para mejorar las condiciones económicas de las familias en el mediano plazo.
Antecedente
La discusión sobre cómo proteger a la población durante un periodo de ajuste también trae a la memoria experiencias anteriores de Bolivia.
El secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, José Luis Porcel, comparó las medidas previstas con el Fondo Social de Emergencia, creado durante la aplicación del Decreto Supremo 21060, que buscó responder a los efectos sociales de la crisis económica de aquella época.
La comparación coloca nuevamente en el debate una cuestión que suele acompañar a los procesos de estabilización: cómo distribuir los costos de una corrección económica y qué mecanismos utilizar para evitar que los sectores con menores ingresos sean los más afectados.
La diferencia, en el escenario actual, estará determinada por el diseño de los programas, su capacidad para identificar a los beneficiarios y, sobre todo, por la efectividad con la que los recursos lleguen a los hogares.
Financiamiento
El acuerdo técnico que alcanzaron Bolivia y el FMI por un programa inicial de $us 1.900 millones no solo permitirá acceder a recursos del organismo, sino que también mejorará la percepción del país ante otros financiadores internacionales y los inversionistas extranjeros, afirmó la autoridad.
Lo que se busca catalizar recursos totales de al menos USD 5.000 millones sumando a otros organismos multilaterales
