La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) dio plazo hasta el 30 de septiembre para que las operaciones mineras abandonen las riberas de los ríos Madre de Dios y Beni.
La determinación fue tomada ante la falta de una resolución a la acción ambiental preventiva presentada por el Territorio Indígena Multiétnico TIM II y las capitanías Tacana, Kabineña y Ese Ejja frente a la contaminación minera.
El sector señaló que, en caso de que las empresas mineras incumplan la medida, procederán al desalojo de las balsas que permanezcan en el lugar.
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Según el medio digital Sumando Voces, la decisión fue asumida durante una Asamblea Extraordinaria en la comunidad de Trinidadcito. En el encuentro, las organizaciones denunciaron que las empresas de minería ilegal continúan explotando y contaminando con mercurio, plomo, zinc, arsénico, aceites y grasas los ríos, arroyos y cultivos de la región, afectando la salud y el bienestar de las comunidades.
La resolución se sustenta también en estudios realizados entre 2023 y 2025, que evidencian la presencia de mercurio en los cuerpos de mujeres, hombres y niños.
“En los estudios de laboratorio realizados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en 2023 y 2024, se evidencia que la presencia de mercurio en el organismo de las familias indígenas es de 1,90 ppm hasta 5,10 ppm, sobrepasando el límite permisible establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, detalla la resolución.
De acuerdo con las organizaciones indígenas, estos resultados confirman el grave impacto de la actividad minera en territorios habitados por los pueblos Tacana, Kabineño, Ese Ejja, Yaminawa, Machineri y familias Pacahuara en aislamiento voluntario.
Comités
Como parte de las medidas aprobadas, las comunidades anunciaron también la conformación de comités de defensa comunal, los cuales ejecutarán el desalojo de las operaciones mineras que permanezcan en la zona.
Asimismo, rechazaron de manera expresa una solicitud de explotación minera presentada por la empresa Baltillan en la comunidad 6 de Agosto, calificándola como una provocación y una amenaza a la integridad territorial.
El sector ratificó que continuará utilizando mecanismos de organización territorial, movilización y defensa jurídica para frenar el avance de actividades que consideran incompatibles con la protección de los ríos y la supervivencia de las futuras generaciones, detalla el documento.
