El excívico Marco Antonio Pumari afirmó que la actual crisis del sistema judicial exige una renovación profunda de sus autoridades y advirtió que cualquier cambio será insuficiente si se limita a sustituir a unos funcionarios por otros.
“No se trata de cambiar a delincuentes por otros delincuentes”, afirmó Pumari en un pronunciamiento en el que cuestionó el funcionamiento de la justicia boliviana.
“La mal llamada justicia es el principal cáncer de nuestro país, no habrá democracia ni libertad mientras jueces y fiscales corruptos se mantengan en sus cargos”, sostuvo.
Las declaraciones del exdirigente cívico se conocen en medio de una jornada marcada por una serie de aprehensiones de fiscales, policías, funcionarios y civiles, dentro de una investigación que el Gobierno relaciona con una presunta estructura de protección al narcotráfico.
El operativo, desplegado desde la noche del miércoles en La Paz, Santa Cruz y Sucre, alcanzó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca; al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores y a otros funcionarios.
La Policía informó además sobre la aprehensión de un mayor de esa institución, dos civiles vinculados con tareas de videovigilancia e informática y ocho funcionarios de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En uno de los procedimientos se interceptó una ambulancia que había salido del condominio donde reside Mariaca y se hallaron Bs 3.532.100 y $us 10.000.
El Gobierno anunció que las investigaciones continuarán para establecer la posible participación de funcionarios y particulares en los hechos investigados. La situación jurídica y la eventual responsabilidad penal de cada uno deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
En ese contexto, Pumari planteó que la crisis no debería resolverse únicamente mediante cambios de nombres dentro de las instituciones judiciales. Su cuestionamiento apunta a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y las condiciones bajo las cuales jueces y fiscales permanecen en sus cargos.
El exdirigente potosino ya había cuestionado en anteriores oportunidades el funcionamiento de la justicia y la situación de los procesos judiciales en el país. Ahora, en medio de la denominada “lluvia de aprehensiones”, vinculó la coyuntura con la necesidad de una transformación del sistema.
Su planteamiento se suma al debate abierto a partir de los operativos, que además de involucrar a autoridades del Ministerio Público generaron cuestionamientos sobre el debido proceso, las competencias institucionales y el régimen jurídico aplicable al Fiscal General.
Mientras avanzan las investigaciones, distintas autoridades y actores políticos plantearon posiciones sobre el futuro del Ministerio Público y la administración de justicia. El Gobierno, por su parte, sostiene que los operativos buscan identificar posibles estructuras criminales y determinar responsabilidades individuales.
