El proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado, plantea la supresión de la Procuraduría General del Estado en Bolivia.
La propuesta sugiere la derogación de los artículos constitucionales que sustentan el funcionamiento de dicha entidad encargada de la defensa del Estado. La justificación central se fundamenta en los “magros” resultados acumulados por la institución durante sus años de gestión administrativa e institucional.
“Es la institución que defiende al Estado, pero ¿qué juicio ha ganado?”, cuestionó la secretaria técnica de dicha comisión, Kathia Saucedo, en la socialización de la norma, en la que participó La Razón.
Según datos oficiales expuestos en la propuesta de norma, el país únicamente logró ganar dos de 28 arbitrajes internacionales tramitados hasta la fecha. Estos procesos adversos generaron una deuda estatal millonaria que supera los $us 440 millones, por concepto de arbitrajes de inversión. A esta cifra se suman más de $us 33 millones adeudados en el ámbito de litigios comerciales internacionales.
El documento de la reforma señala que resulta insostenible mantener una estructura pública sumamente onerosa con un rendimiento defensivo tan desfavorable. Por este motivo, se propone que las tareas de representación defensiva del Estado sean reasumidas directamente por la estructura del Órgano Ejecutivo.
La norma sugiere la contratación puntual de firmas o bufetes especializados cuando surjan controversias de alta complejidad técnica en tribunales internacionales.
En criterio de Del Granado, esta modalidad representa una alternativa mucho más eficiente y económica frente al mantenimiento de la “pesada burocracia” de la Procuraduría actual. De aprobarse la modificación constitucional, los recursos financieros ahorrados podrán destinarse al fortalecimiento institucional del sistema de justicia ordinaria del país.
La iniciativa busca transparentar el gasto público eliminando reparticiones ineficientes que generan deudas severas para las arcas de la nación boliviana.
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