La diputada Cecilia Requena cuestionó el anteproyecto del nuevo Código Minero porque permitiría aprobar determinados contratos de explotación mediante procedimientos administrativos, sin intervención de la Asamblea Legislativa.
La legisladora advirtió que ese cambio podría facilitar la expansión de las actividades extractivas y reducir los controles sobre sus efectos ambientales. También alertó sobre la posibilidad de autorizar operaciones en áreas protegidas y zonas forestales.
“Lo que está haciendo este proyecto de ley es consolidar el saqueo, no solo ecológico sino económico de nuestro país”, afirmó Requena, citada por Brújula Digital.
La diputada observó que la elaboración de la propuesta se extendió durante varios meses con participación de representantes del sector minero. Sin embargo, cuestionó la falta de inclusión de pueblos indígenas, comunidades afectadas por la contaminación con mercurio, científicos y organizaciones ambientalistas.
Uno de los principales puntos de controversia es la aprobación de contratos mineros de menor escala. Según el planteamiento del Ministerio de Minería, estos podrían ser autorizados por la futura Autoridad Nacional Minera (ANM), sin pasar por el Legislativo.
El director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Álvaro Herbas, explicó que la modificación busca reducir los trámites y resolver las solicitudes pendientes. Informó que, durante los 12 años de vigencia de la actual normativa, se registraron 9.718 solicitudes de contratos, de las cuales solo 400 recibieron aprobación legislativa.
“Estamos proponiendo que no todos los contratos vayan porque la mayoría de los 9.718 contratos (presentados en los últimos años) están esperando y en muchos casos ya operando, y ahí generamos el tema de la minería ilegal”, sostuvo.
Herbas aclaró que los contratos sobre áreas estratégicas, reservas fiscales, minerales radiactivos y proyectos de gran escala mantendrán la exigencia de aprobación legislativa. La vía administrativa se aplicaría a operaciones de menor dimensión.
Requena también cuestionó que el anteproyecto otorgue protección especial a la cadena minera por considerarla estratégica, sin establecer garantías suficientes para preservar el agua y otros recursos naturales.
“¿Cuál es realmente un recurso más estratégico, el agua o los minerales?”, planteó. Además, advirtió sobre los impactos de la explotación aurífera y el uso de mercurio, especialmente entre poblaciones indígenas que consumen peces de río.
Otro aspecto observado es la posibilidad de desarrollar actividades mineras en áreas protegidas mediante autorizaciones especiales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
“La categoría de protegidas, de áreas protegidas, no sé de qué sirve si no se las puede proteger ni siquiera de una actividad que es tan devastadora”, cuestionó.
La legisladora también denunció que la propuesta no establece un compromiso concreto para eliminar progresivamente el mercurio. A ello sumó sus reparos sobre las garantías de la consulta previa, debido a la participación de operadores mineros en la explicación de los proyectos.
Asimismo, observó la eliminación del estudio ambiental multisectorial contemplado en el inciso C del artículo 93 de la Ley 535. Según Requena, el anteproyecto prioriza la otorgación del derecho minero por 30 años y posterga la licencia ambiental.
“Hay una consulta sin saber nada y después vendrá la licencia ambiental”, afirmó.
Socialización
La propuesta comenzó a tomar forma en diciembre de 2025 y tuvo como antecedente la Cumbre Nacional Minera de julio de 2026. En ese encuentro se definieron seis ejes: seguridad jurídica, contratos, institucionalidad, medioambiente, comercialización y desarrollo productivo.
El 27 de octubre, el Ministerio de Minería inició la socialización del anteproyecto con representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. El 3 de noviembre habilitó un micrositio para consultar el documento y recibir observaciones ciudadanas.
Según información ministerial, el texto inicial comprende 46 capítulos, 15 títulos y más de 200 artículos. Su elaboración contó con 15 delegados y más de 140 especialistas.
