Anuario iSanidad 2025
Carlos Parry, Europe Healthcare Lead en LLYC
España afronta un momento decisivo para el futuro de su sistema sanitario. Los retos demográficos, tecnológicos y geopolíticos exigen una actualización profunda del marco regulatorio que permita garantizar la sostenibilidad, la equidad y la competitividad de nuestro modelo de salud.
El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas son hoy los principales factores de presión sobre la sanidad española. Más del 40% de las personas mayores de 65 años en la Unión Europea padece al menos dos patologías crónicas y en España, donde la esperanza de vida supera los 83 años y el 20% de la población tiene más de esa edad, la demanda asistencial y social crece de manera constante.
Las enfermedades no transmisibles representan cerca del 80% del gasto sanitario y su impacto económico supera el 7% del PIB europeo en costes directos e indirectos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas son hoy los principales factores de presión sobre la sanidad española
Este escenario obliga a rediseñar la organización, la financiación y la gobernanza del sistema sanitario, apostando por modelos centrados en la prevención, la atención integrada y la eficiencia.
El envejecimiento de la fuerza laboral sanitaria añade una dimensión adicional al desafío. En España, casi la mitad de los médicos de atención primaria superan los 55 años, lo que anticipa una ola de jubilaciones que podría comprometer la capacidad asistencial en la próxima década.
En este contexto, la regulación no puede limitarse a gestionar el presente, sino que debe anticipar el futuro: impulsar una planificación estratégica de los recursos humanos, promover la formación digital y garantizar entornos laborales que atraigan y retengan talento.
La regulación no puede limitarse a gestionar el presente, sino que debe anticipar el futuro
La transformación tecnológica constituye el otro gran eje de cambio. La digitalización, la inteligencia artificial y el uso masivo de datos están redefiniendo la práctica clínica, la investigación y la gestión sanitaria.
Sin embargo, la regulación debe acompañar este proceso para asegurar su aplicación ética, segura y equitativa. La creación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios ofrece una oportunidad para España, pero su éxito dependerá de la capacidad del país para adaptar su marco normativo y técnico.
En esta línea, el futuro Proyecto de Ley de Salud Digital representa un paso esencial hacia la consolidación de un ecosistema que combine innovación, protección de los derechos de los pacientes y fortalecimiento de las capacidades del sistema público.
España debe situarse a la vanguardia de esta transformación, favoreciendo la interoperabilidad de los sistemas, el uso secundario de los datos en investigación y la integración de soluciones de inteligencia artificial en el diagnóstico y la gestión clínica, siempre bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas.
La regulación debe acompañar este proceso para asegurar su aplicación ética, segura y equitativa
Al mismo tiempo, la pandemia y las tensiones geopolíticas recientes han puesto de relieve la vulnerabilidad de Europa —y de España— en el suministro de medicamentos y productos sanitarios críticos. La interrupción de las cadenas globales de valor ha evidenciado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica en materia de salud.
El nuevo Paquete Farmacéutico Europeo marca una dirección clara en ese sentido, pero su implementación en España será determinante para asegurar la disponibilidad de fármacos esenciales, fortalecer la capacidad productiva nacional y apoyar la investigación biomédica.
La política industrial sanitaria debe integrarse como un pilar de la política sanitaria, con incentivos a la innovación, la relocalización de la producción y la colaboración entre administraciones y empresas.
La interrupción de las cadenas globales de valor ha evidenciado la necesidad de reforzar la autonomía estratégica en materia de salud
El impulso normativo español debe consolidarse mediante tres piezas legislativas clave: la futura Ley del Medicamento, que actualizará el marco regulatorio de la innovación, el acceso y la financiación; el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que introducirá criterios de valor y evidencia en las decisiones públicas; y el Real Decreto de Precios y Financiación, fundamental para garantizar transparencia, sostenibilidad y previsibilidad.
Estas reformas deben concebirse como una estrategia integral, no como meras actualizaciones técnicas. Solo así podrán fortalecer la cooperación entre administraciones, profesionales e industria, y ofrecer seguridad jurídica para atraer inversión y fomentar la innovación.
El sistema sanitario español del futuro necesitará marcos regulatorios ágiles, coordinados y adaptativos. Una regulación fragmentada o burocrática no será capaz de responder a los desafíos de un entorno caracterizado por la digitalización, la personalización y la colaboración transnacional.
Por ello, resulta prioritario reforzar la gobernanza regulatoria con mecanismos que permitan evaluar de forma continua el impacto de las normas, incorporar la participación de los agentes del sistema y garantizar una visión de conjunto entre los distintos niveles administrativos.
La sostenibilidad del sistema sanitario español dependerá, en última instancia, de su capacidad para modernizar las reglas que lo sustentan. La regulación debe convertirse en un verdadero motor estratégico capaz de canalizar la innovación, asegurar la equidad en el acceso y consolidar una industria sólida, competitiva y autónoma.
El reto no es sólo aprobar nuevas normas, sino dotarlas de visión, coherencia y ambición. España tiene ante sí la oportunidad de situar la salud en el centro de su política económica y social, y de hacerlo con una mirada europea, pero con liderazgo propio.