J.P.R.
Dos meses ha tardado Mónica García en cumplir su amenaza. El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por negarse a facilitar un registro de objetores de conciencia del aborto. Fue el 15 de noviembre cuando la ministra anunció su intención de emprender acciones legales después de las continuas negativas recibidas por parte de Isabel Díaz Ayuso y Fátima Matute.
«La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación», alega el Ministerio en la denuncia, interpuesta por la Abogacía del Estado.
Hasta el momento todas las comunidades han presentado este registro o respondido de alguna manera a las solicitudes del Ministerio de Sanidad. Están pendientes Andalucía, Aragón, Asturias y Baleares que se encuentra en diferentes fases de tramitación del listado de objetores.
Sanidad señala que la Comunidad de Madrid ha sido la única que no ha remitido el registro de objetores del aborto
Sanidad alega en la demanda que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 16 de diciembre de 2024, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia establecido en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
«La Comunidad de Madrid ha tenido tiempo, ha tenido requerimientos y ha tenido margen suficiente para una cosa tan sencilla como es cumplir la ley, y ha elegido no hacerlo», ha subrayado García en una comunicado grabado, dirigido a los medios de comunicación.
Ante esta situación el Ministerio ha solicitado al tribunal una medida cautelar «positiva» de modo que, de forma provisional y sin esperar al final del procedimiento, se ordene a la Comunidad de Madrid crear el registro de objetores. El departamento de García insiste en la denuncia en que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer y está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Además incide en que el registro en una herramienta para ordenar los recursos humanos disponibles. «El registro de objetores, que es una herramienta imprescindible para asegurar el derecho al aborto, se tiene que cumplir de manera efectiva y sin obstáculos», ha añadido la ministra.
La Comunidad de Madrid no ha tardado en salir al paso del recurso contencioso-administrativo. Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado a Europa Press que el Ministerio se debería centrar en resolver «el problema que tiene» con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es «más importante», y no en presentar denuncias.
