Dudo comprar el libro Santa Cruz $.A.: Agronegocio y mito empresarial. Yo sé que el contenido de una obra puede llevar a prisión a su autor. Ocurrió en Santa Cruz a mediados de la década de 1990. El gordo Ronald Méndez Alpire sufrió una despiadada represalia. Él reveló los descomunales saqueos de recursos públicos protagonizados por poderosísimos apellidos cruceños: el exsuperintendente de Bancos, Luis del Río, y su entorno. En sus libros Gamble Financiero y Puzzle financiero puso el dedo ácido en la llaga. Describió, con pruebas documentales, el fraude tras la quiebra de los bancos de esa década. Demolió la impunidad al identificar las tramas en trámites judiciales, en Derechos Reales, en Impuestos Internos y otras reparticiones que escondían el enriquecimiento desmesurado de empresarios y banqueros.
Valdría la pena releerlo al gordo Méndez y, quién sabe, encontraríamos el nombre del suegro de Rodrigo Paz. Él dirigía al quebrado Banco Sur. Me refiero al padre de María Elena Urquidi, identificada recién en 2026 como la heredera del linaje de Mariano Serrano. A Mauricio Urquidi se le atribuye un desfalco de más de doscientos millones de dólares que adeuda al Banco Central de Bolivia. Lo reclamó también Omar Rocha. Ahora Urquidi reside en los Estados Unidos.
Con las publicaciones del Gordo, las oligarquías se pusieron furibundas. Casi nadie pudo salvarlo. Incluso la fiscalía general, en julio de 1997, constató varios vicios de nulidad en los procesos que le siguieron esas oligarquías cruceñas, pero fueron vanas. Quiso refugiarse en el partido MBL, pero ellos prácticamente no pudieron salvarlo. Finalmente, terminó encarcelado con dos años y medio. Mientras se desarrollaban los alegatos judiciales, nos dio conferencias sobre su investigación en la UAGRM; vestía de negro aduciendo que para él la Justicia había muerto. Méndez sí hirió a las oligarquías.
¿A quién asustó Santa Cruz $.A.?
En 2008, leí a Los barones del oriente. Es otro libro que apareció como un globo inflado, pero no asustó. Para entonces los gomeros Suárez ya habían muerto. Los muertos no resucitan para vengarse. Aquel libro dice mucho, pero no revela a sus actores, a sus beneficiarios, a los dueños de empresas. Como siempre, termina afirmando que esa oligarquía se asoció a las mundiales Cargill y ADM: esa es la famosa extranjerización de la tierra para sus autores.
El libro Santa Cruz $.A., que los algoritmos me impusieron en pantalla como tema de boga, ¿a quién asustó realmente? ¿A los Marinkovic? ¿A los Kuljis? ¿A los Barbery Paz? ¿A los Roda? ¿A los Camacho? ¿A los Marchetti? ¿Acaso revela, con documentos originales, su enriquecimiento y los favores recibidos desde los años 1970 y quizá de mucho antes por el centralismo? ¿Incomoda sus páginas la presencia de nombres de exjueces, de exministros de la Corte Suprema y del Ejecutivo, de exfiscales y políticos que endosaron y legitimaron ese botín? Si esto ocurriría, sí estarían perseguidos sus autores con procesos penales y quizá estaría en riesgo su integridad humana.
Es más que obvio: ni sus autores ni su editorial están obligados a agradar al lector, menos aún tengo derecho de exigirlos. Tampoco considero que los autores deban someterse a pruebas de una supuesta rigurosidad académica científica. Ciertos doctorcitos PhD están descalificando irascibles. Si exigen ese tipo de libro, ¿por qué no lo escriben? Yo hago lo que puedo con mis investigaciones independientes sin padrinajes.
Por eso a mis colegas sociólogos, kataristas, suelo decirles: «Oye, ni Pizarro ni Almagro resucitarán. Por tanto, tu discurso no le toquetea a nadie».
Dotación a la venta
Con el libro en cuestión, ¿sus autores son blancos de procesos judiciales? ¿Revelaron datos demoledores? ¿Se enteraron, por ejemplo, de casos concretos que les cause indignación? Próximamente narraré a mis lectores cómo Héctor Justiniano Paz, siendo gerente de Unagro, recibió «facilingo» doce mil hectáreas de dotación, Las Londras, de manos del expresidente Víctor Paz en mayo de 1989, y cómo el padre de Rodrigo Paz, siendo presidente, les entregó el título ejecutorial a Justiniano y compañía en abril de 1990.
Años después, parte de la propiedad Las Londras, en 1999, llegó a manos del padre de Branko y, en 2001, a la hermana del mismo, quienes terminaron vendiendo también a terceros. Lo regalado por el Estado, vendido año tras año.
Por eso me interesé en el capítulo 2. Los autores comienzan citando a dos publicaciones del 80, de una exsuperintendente agraria y de otra institución. Lo impactante, parece ser para los autores, es que dos familias recibiesen una dotación de cuarenta y un mil hectáreas. Yo vi pilas de archivos y en una sola ojeada de azar encontré a una persona beneficiándose con 49.950 hectáreas de dotación en 1974. Mencionan a un tal Paz Soldán como otro de los beneficiarios, ¿serán los familiares del escritor Edmundo Paz Soldán?
Como digo, las tierras seguían siendo dotadas en la era democrática. Me consta haber visto cincuenta títulos ejecutoriales fotocopiados cuyo portador era un antiguo político tarijeño del MNR. Era el padre de una exmiss y activista por la Reserva Tariquía. Las dotaciones correspondían a 1987: del mismísimo Víctor Paz, dadas en el norte paceño.
Lo que el libro no revela
En Santa Cruz $.A., está el nombre de José Luis Camacho Parada entre los beneficiados de la dotación, pero, ¿no sería bueno ayudar al lector a entender que se trata del padre del actual embajador en Paraguay y exgobernador? El escritor se supone que tiene solvencia de lo que pone en letra. Si es: es, y no a medias.
¿Me pregunto en cuántos miles o millones de dólares habrán sido ya vendidas, por ejemplo, Las Londras entre los años 1991 y 2026? Sus supuestos propietarios, para que nadie los investigue, se blindan en «su» seguridad jurídica y en su discurso anticentralista después de favorecerse del centralismo.
Los bolivianos, ¿cuándo sabremos cuántos millones de dólares se movieron por la venta de millones de hectáreas de tierras públicas, cuyos autores se pasean por la política boliviana? Estos, por lógica razón, serán enemigos de un futuro gobierno que busque recuperar las tierras del Estado.
Yo les reclamo, personalmente, a los viejitos marxistas que siguen repitiendo consignas. Les cuestiono, ¿cómo me explican la renta de la tierra de la que se benefician por décadas los latifundistas vendiendo y revendiendo tierras anteriormente dotadas?
Los eslóganes generales no hieren. Menos aún si tienen financiadores. Lo concreto permite entender lo general. Yo suelo reírme cuando investigadores de fundaciones, quién sabe financiados por el mismísimo George Soros, llenan sus libritos sobre biocombustibles, extranjerización, mercantilización y acaparamiento de tierras siguiendo un relato lineal global de intelectuales americanos, ingleses, canadienses, etc. Pero, en el fondo, antievistas, antimasistas: los causantes del fenómeno.
¿Entonces asusta las generalidades? ¿Qué revelan? Nada. Es un texto enteramente bibliográfico. No hay evidencia de un examen de fuentes primarias, de expedientes originales que den lugar a la tradición, la secuencia de sus poseedores en el pasado.
El futuro de la cuestión
Hasta es saludable que circulen ese tipo de libros. Pero los bolivianos mañana seguiremos votando por los mismos latifundistas. Los veremos como a los dignos de imitar, los «dignos representantes» del modelo económico cruceño.
Aquellos miles de hectáreas dotadas a latifundistas, más que probable, serán ofertadas al Estado. Quién sabe, la oligarquía promueva una segunda reforma agraria. El Estado comprará tierras a los latifundistas y se las repartirá a los campesinos. Así hicieron los emperadores romanos hace dos mil años. Hasta este año, el gobierno de Colombia compraba tierras a los latifundistas. El INCRA brasileño ya lo hace para dotarlas al MST. Digo, más que seguro que esa situación ocurrirá en Bolivia. Seré el indignado.
