El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz aprobó este miércoles 16 medidas para fortalecer la prevención del delito y la protección de las familias cruceñas.
La resolución fue leída por la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, durante la sesión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana.
Entre las principales determinaciones está gestionar ante el Gobierno nacional una distribución equitativa de efectivos policiales, de acuerdo con la demanda poblacional del departamento.
Seguridad
El Consejo también planteó optimizar los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a seguridad ciudadana. La prioridad estará en infraestructura, vehículos, equipamiento y medios tecnológicos.
Otra medida establece fortalecer el patrullaje preventivo en los distritos municipales y en las zonas identificadas mediante mapas de calor criminal. Para ello, se prevé adecuar y reactivar estaciones policiales integrales (EPI) y módulos policiales.
Lucha contra el crimen
El Consejo planteó ejecutar una estrategia integral de seguridad fronteriza contra el crimen organizado. La propuesta contempla coordinación con el nivel central para reforzar el control territorial, las rutas de acceso y los pasos fronterizos.
Además, planteó la militarización de las fronteras, en coordinación con los países vecinos, para combatir a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y otros delitos.
Otra de las medidas establece la creación del Observatorio Cruceño de Seguridad Ciudadana, sobre la base del Instituto Cruceño de Estadísticas de la Gobernación.
Santa Cruz
El organismo tendrá la función de georreferenciar los delitos, monitorear indicadores de violencia y medir el impacto de las intervenciones policiales. Con esos datos se buscará mejorar la formulación de políticas públicas de seguridad.
El Consejo también demandó una presencia integral del Estado en zonas con actividad criminal. La propuesta incluye operativos permanentes de policías y militares, además de obras de infraestructura, salud, educación y programas de empleo.
El objetivo es reducir el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de organizaciones criminales.
Asimismo, se planteó intensificar los controles sobre el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias controladas y establecimientos nocturnos. La medida también contempla operativos de recuperación y vigilancia del cordón ecológico.
Cárceles y justicia
La resolución plantea cambiar el modelo de administración de las cárceles del departamento, con especial atención al Centro de Rehabilitación Palmasola.
El Consejo propone una estrategia basada en seguridad e inteligencia operativa. Esta incluiría tecnología para bloquear señales de telefonía celular, Wi-Fi y radiofrecuencia.
También se planteó apoyar reformas legales y judiciales destinadas a reducir el hacinamiento y clasificar a los privados de libertad según su nivel de peligrosidad.
Recursos
En el ámbito judicial, el Consejo demandó la depuración de funcionarios vinculados con actos de corrupción y la protección de jueces, fiscales, policías y servidores públicos que cumplan sus funciones con probidad.
Otra medida establece realizar operaciones de inteligencia financiera junto con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El objetivo será detectar operaciones de lavado de activos y empresas fachada para afectar la estructura económica de las organizaciones criminales.
Policía
El Consejo Departamental también planteó modificar la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para reducir la burocracia en la gestión de seguridad de los gobiernos locales.
La propuesta busca actualizar las competencias y permitir una mayor autonomía financiera y operativa de las entidades territoriales autónomas (ETA) en apoyo a la Policía Boliviana.
Asimismo, se resolvió solicitar la distribución de recursos bajo una fórmula 50-50 y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que permita una asignación más equitativa de los recursos públicos.
La propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera de las ETA para cumplir sus competencias en seguridad ciudadana, ante la reducción de los ingresos provenientes del IDH.
Entre las medidas también está gestionar que el Gobierno nacional asuma el pago de los prediarios de los privados de libertad. El objetivo es liberar recursos departamentales para destinarlos a talleres, programas y acciones de prevención del delito.
El Consejo demandó, además, que los bienes incautados y decomisados sean asignados a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, conforme a la normativa vigente.
Finalmente, se acordó formular y realizar el seguimiento al Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, con participación activa de las ETA.
La resolución establece mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación periódica para verificar el cumplimiento de las medidas y compromisos asumidos por el Consejo Departamental.
