La Fundación Jubileo sostiene que Bolivia enfrenta una crisis estructural en el sector de hidrocarburos como consecuencia de las políticas aplicadas durante las últimas dos décadas y considera que el Decreto Supremo 5644 representa un avance para comenzar a corregir esa situación. Al abrir de manera excepcional la importación de combustibles por parte del sector privado.
En su más reciente análisis de coyuntura, titulado «Salir de una fantasía para volver a la realidad», la institución afirma que durante aproximadamente 20 años el país vivió con la percepción de que los bajos precios de los combustibles eran sostenibles gracias a los elevados ingresos por las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil.
Sin embargo, señala que ese modelo comenzó a mostrar sus limitaciones desde 2015, cuando Bolivia pasó a depender cada vez más de la importación de combustibles para cubrir la demanda interna.
Según el estudio, la actual crisis del sector hidrocarburífero es resultado de «una mala política sectorial que se implementó con la Ley de Hidrocarburos N.º 3058 de 2005 y la nacionalización de los hidrocarburos de 2006», normativa que continúa vigente.
La Fundación Jubileo, institución católica dedicada a la investigación y al análisis de políticas públicas, recuerda que desde hace más de 15 años realiza estudios sobre el desempeño del sector hidrocarburífero y plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible.
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DS 5644
En ese contexto, el centro de investigación identifica cuatro efectos positivos del Decreto Supremo 5644, aprobado el 29 de junio por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que autoriza de manera excepcional la importación de combustibles.
El primer aspecto destacado es que la norma elimina el monopolio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la importación de derivados de petróleo, al permitir que empresas privadas puedan importar gasolina, diésel, jet fuel, kerosene, agro fuel, gas licuado de petróleo (GLP), aceites y otros productos.
Como segundo punto, Jubileo señala que la participación del sector privado permitirá comercializar los combustibles a precios de mercado, generando incentivos económicos para los importadores y reduciendo, al mismo tiempo, la presión sobre la demanda de divisas que hasta ahora concentraba YPFB mediante sus compras al Banco Central de Bolivia (BCB).
En tercer lugar, la fundación considera positivo que YPFB continúe importando combustibles para venderlos a los precios regulados establecidos por el Decreto Supremo 5516 —6,96 bolivianos por litro de gasolina y 9,80 bolivianos por litro de diésel—, lo que permitirá que los consumidores que no puedan asumir los precios de mercado mantengan acceso al suministro subvencionado.
Finalmente, destaca la creación de la categoría de Gran Consumidor (GRACO), destinada a personas naturales o jurídicas con un consumo propio igual o superior a 20.000 litros, mecanismo que facilitará el abastecimiento directo para grandes demandantes.
Medida
En sus conclusiones, la Fundación Jubileo sostiene que el Decreto Supremo 5644 constituye un paso importante para mitigar la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa Bolivia, aunque advierte que la medida no resuelve por sí sola los problemas estructurales del sector.
A criterio de la institución, la apertura parcial del mercado de importación representa un cambio de enfoque que puede contribuir a reducir la presión fiscal derivada de la subvención a los combustibles y mejorar la disponibilidad de carburantes, mientras el país avanza hacia una reforma más profunda de su política energética.
