Los siete proyectos de ley relacionados con la denominada “ley antibloqueos” fueron unificados en dos iniciativas tras un trabajo técnico y legislativo, informó el diputado Manolo Rojas. Una comisión de la Cámara de Diputados prevé analizar las propuestas el próximo martes en Santa Cruz.
Rojas explicó que una de las iniciativas está orientada a garantizar la libre circulación y plantea elevar hasta cinco años de prisión la sanción para quienes bloqueen carreteras.
La segunda propuesta busca establecer mecanismos para que las personas u organizaciones que ocasionen perjuicios económicos mediante bloqueos asuman la responsabilidad civil por los daños provocados.
“Se ha hecho ya ese trabajo técnico, legislativo. Se han generado todas las modificaciones”, afirmó Rojas al informar sobre el avance de las iniciativas.
Según el diputado, el proyecto relacionado con la libre circulación ya cuenta con informes técnicos de viabilidad, mientras que la norma referida al resarcimiento de daños civiles fue aprobada y se encuentra en la Cámara de Diputados.
La segunda iniciativa establece que quienes provoquen perjuicios como consecuencia de los bloqueos respondan económicamente con sus propios recursos o, en el caso de organizaciones, mediante recursos colectivos.
“Quien vaya a bloquear, que tenga las consecuencias porque tendrá que pagar los daños provocados a los empresarios, a los comerciantes, a las personas que realmente son afectadas”, sostuvo.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado tiene previsto sesionar el martes en Santa Cruz, donde se contempla el tratamiento de las propuestas agrupadas bajo la denominada “ley antibloqueos”.
Rojas también mencionó que el pleno de la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar el 23 de septiembre, como parte del cronograma legislativo para el tratamiento de estas iniciativas.
Las propuestas surgen en medio del debate sobre las medidas que debe adoptar el Estado para garantizar la libre circulación y establecer responsabilidades por los perjuicios ocasionados durante los bloqueos.
De acuerdo con Rojas, las dos iniciativas tienen alcances diferenciados: una busca establecer consecuencias penales para quienes bloqueen carreteras y la otra pretende que los responsables asuman económicamente los daños derivados de esas medidas de presión.
