Posted in

¿Tenemos la Justicia que nos merecemos?

Bolivia atraviesa una crisis judicial sin precedentes recientes: jueces, fiscales y altas autoridades del sistema están hoy presos o prófugos. Lo habitual es explicarla por la coyuntura política y por la ambición de quienes ocuparon esos cargos. Esta entrevista plantea otra pregunta, de más largo alcance: si el problema no es solo de personas, sino de una cultura jurídica y social heredada, y si, en cierto sentido, tenemos la Justicia que nos merecemos.

Fernando Molina es periodista, historiador y escritor. Autor de «Racismo y poder en Bolivia» (2021), obtuvo el premio de ensayo Gustavo Rodríguez Ostria. En esta conversación en exclusiva con Animal Político, de La Razón, aplica su mirada histórica al sistema judicial, desde el legado medieval y colonial hasta los gobiernos del MAS.

Molina sostiene que la raíz es cultural. Identifica un «formalismo» que confunde el Derecho con la justicia, y un grupo de abogados y estudiantes de Derecho que vive de rentas extraídas a los litigantes. A ello suma la desconfianza social, la tolerancia al incumplimiento de la ley y el uso del lawfare entre políticos. Recuerda que el MAS fue un gobierno de abogados, pero que la subordinación de la Justicia al poder de turno atraviesa toda la historia del país. Su conclusión apunta a las facultades de Derecho: si el problema es cultural, solo la educación puede resolverlo.

—Es evidente que la crisis judicial en Bolivia está tocando niveles preocupantes, con jueces, fiscales y altas autoridades en prisión o directamente prófugos. Más allá de esta situación coyuntural, ¿cuáles son las raíces históricas que pueden explicarla?

Son de larga data. Si usamos la «teoría de la modernización» creada por la sociología latinoamericana, importante porque ha sido una guía programática de la mayoría de los procesos desarrollistas de nuestros países, diremos que Bolivia está en algún punto entre una sociedad tradicional, en la que solo contaban las relaciones personales, y una sociedad moderna, en la que todas las relaciones públicas son impersonales. Por tanto, la sociedad en su conjunto, y en este caso el aparato judicial, conservan características tradicionales o premodernas.

Dos son especialmente llamativas. La primera de ellas es la confusión entre justicia y Derecho. El jurista español Manuel García-Pelayo señalaba que las sociedades europeas medievales (como la que llegó aquí traída por los barcos y caballos de Pizarro y Almagro) no sabían separar la justicia, como concepto distributivo o reparativo, de las normas sociales tradicionales. Por eso, por ejemplo, se consideraba que el rey siempre era justo, porque el Derecho emanaba de él. Las sociedades modernas ya no piensan así; consideran, basándose en los griegos, que las normas pueden estar erradas o ser incorrectas, y que sean o no justas depende de cómo se adapten a la realidad y de cómo sean manejadas por los especialistas en su administración. Nosotros seguimos al Derecho Romano, que se basa en la ley y no en el juez.

La confusión entre Derecho y justicia continúa existiendo en Bolivia y se expresa en la mentalidad que hemos denominado «formalista». Pura herencia colonial que afecta a todos los abogados bolivianos, sin importar su nivel. El formalismo jurídico se manifiesta en:

  • La primacía de la letra de la ley por encima de su espíritu.
  • La suposición de que los problemas reales se solucionan con la aprobación de leyes fantasiosas que luego no se cumplen o se cumplen mal (porque el Derecho vale tanto como la realidad).
  • El horror vacui legal, o miedo a que haya comportamientos sociales libres y no normados. Esto se traduce en leyes y reglamentos abundantes y exhaustivos.
  • La transformación de la legislación, como resultado de lo anterior, en un bosque impenetrable, lo que favorece la actuación poco transparente de los especialistas y evita que se juzgue el fondo de los problemas, ya que la forma resulta aplastante en todos los procedimientos. Con ello se riza el rizo del formalismo.

La segunda característica tradicional de nuestra Justicia es que, como todos los aparatos estatales bolivianos, carece de separación de la sociedad, que, como teorizó Zavaleta, es el rasgo de las civilizaciones modernas.

Una parte de la población boliviana, la constituida por abogados y estudiantes de Derecho, unas 200.000 personas, tiene a su cargo la «provisión de justicia» (es decir, la provisión de Derecho) y se le permite extorsionar durante el cumplimiento de este servicio. En una sociedad de historia extractivista y con pocas oportunidades económicas, los grupos sociales buscan vivir de las rentas generadas por la captura de las instituciones del Estado y los recursos públicos. En este caso, se trata de la captura del sistema judicial por parte de un grupo que cobra rentas ilegales a los ciudadanos litigantes.

Igual que la europea en la Edad Media, la justicia boliviana es hoy un mecanismo de exacción económica que los gobiernos, con la expectativa de obtener ventajas políticas y económicas, han entregado a los privilegiados que designan para que hagan ganancias por su cuenta.

De esto se deriva, por ejemplo, la preferencia por la prisión preventiva, que «ablanda» a los detenidos para que paguen las coimas. Y por eso ni los operadores de la justicia ni los gobiernos están realmente interesados en una reforma judicial.

Esta situación es posible porque el acceso a este grupo (los abogados y los estudiantes de Derecho) no es tradicional, sino abierto. Así, el grupo y su mentalidad han logrado enraizarse en la sociedad y en la ideología general; son muy difíciles de destronar y reformar.

—¿Cuáles son las otras características de la Justicia boliviana?

A las características medievales de nuestra Justicia se suman y acoplan otras de diferentes orígenes.

La heterogeneidad de las concepciones de lo justo. A causa de la heterogeneidad cultural del país, ciertos sectores tienen un entendimiento de lo que es justo y de las formas de lograrlo, y otros tienen otro. Por ejemplo, para algunos bolivianos las penas corporales son legítimas, mientras que otros no las consideran tolerables. Algunos conceden prerrogativas jurisdiccionales a las comunidades y organizaciones; otros, solamente a las instituciones públicas legales. Algunos toleran los linchamientos; otros, no. No nos hemos puesto claramente de acuerdo entre todos sobre cuáles son los comportamientos inaceptables y cuáles lo son menos, ni sobre qué es grave para la supervivencia de la sociedad y qué no tanto.

La flexibilización del cumplimiento de la ley. La marca católica y latina en nuestra mentalidad se expresa en cierta tolerancia y resignación social frente al incumplimiento de la ley. Por un lado, por el formalismo legal, hay demasiadas leyes, son muy exhaustivas y además se modifican todo el tiempo, lo que hace difícil cumplirlas. Por otro lado, desde tiempos virreinales, la posibilidad de sortear la ley se ha considerado un rasgo de superioridad y prestigio social. Además, se considera que los comportamientos firmes e inmodificables son crueles, y que cada persona y cada grupo social tiene «su» derecho a aprovechar la falta de fuerza coercitiva de las leyes y a favorecer a sus miembros.

La hipocresía. En relación con lo anterior, todos rechazan el incumplimiento de la ley, pero solo lo consideran realmente ofensivo cuando quienes caen en él pertenecen a otros grupos sociales. En cambio, cada grupo político y social considera que sí tiene derecho a favorecerse de la flexibilidad legal. Este «derecho» es uno de los componentes de su poder dentro de la sociedad.

La desconfianza social. Una historia traumática determina que los bolivianos desconfiemos unos de otros y del Estado, así como que este desconfíe de los ciudadanos. Esta desconfianza alimenta el formalismo jurídico, pues se quiere combatirla con exceso de normas y con procedimientos fijos y burocráticos. También está en el origen de la tendencia a litigar por causas nimias en lugar de negociar y llegar a acuerdos extralegales.

El lawfare. Los políticos y los dirigentes bolivianos, movidos por la desconfianza social y educados en el formalismo legal, no conocen otra salida a sus conflictos que iniciar procesos judiciales. Con ello alimentan el rentismo, porque aumentan el poder de extorsión de los operadores de justicia, y confunden aún más el concepto de lo justo, pues para poder judicializar todas las conductas necesitan convertirlas en delitos. Como ejemplo, tenemos la fuerza desusada con la que se castiga la designación incorrecta de funcionarios y otros casos similares.

—Luego del retorno a la democracia en 1982, el Poder Judicial de entonces también mostró su penetración por parte de los actores políticos a través del mecanismo de cuoteo, básicamente entre los tres grandes partidos del ciclo: MNR, ADN y MIR. Este sistema acabó desgastado, criticado y rechazado política y socialmente a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. ¿Qué nos dejó ese periodo en una perspectiva histórica?

En ese momento, los abogados y estudiantes de Derecho a los que se les había entregado el negocio de la Justicia eran parte de la élite tradicional, más ilustrada, menos «hambrienta» y más aristocrática. En el siglo XXI todos los estamentos profesionales han cambiado mucho. La élite boliviana ya no es tradicional, sino «nueva», lo que en Bolivia quiere decir de origen indígena. En general, tenemos una élite mucho más mestiza, pero igual de monocultural que la anterior. Todos se sienten igualmente blancos. Por tanto, ha mantenido exactamente la misma mentalidad que ya he descrito, solo que la ha expresado de forma más burda, iletrada y ordinaria. No tienen experiencia de mando ni muchos capitales culturales; los adquirirán recién en las próximas décadas.

Pero los viejos señores de la Justicia, que eran buenos historiadores como Edgar Oblitas, políticos destacados como Julio Garret, gente de grandes capitales sociales y académicos como Eduardo Rodríguez Veltzé, entre otros, igualmente se movían en una justicia formalista, que confundía el Derecho con la justicia, y rentista, donde cada fallo equivalía a una renta. Como escribí hace poco: nadie puede escapar a la sociedad en la que nace.

—Durante el periodo del MAS fue resultando cada vez más relevante la convergencia entre lo judicial y lo político para la gestión del poder y su reproducción. ¿Cómo se puede valorar la década de 2010 en lo judicial, con estos sucesos?

En primer lugar, el del MAS fue un gobierno de abogados. Es normal que así sea, porque los sectores étnico-raciales y económicos ascendentes han usado el estudio del Derecho para lograr igualdad, poder y riqueza. Tenemos en Bolivia, por un lado, que la posesión del Derecho te convierte en parte de un estamento que tiene acceso directo y asegurado a las rentas y al poder y, por el otro, que la lucha universitaria y la falta de requisitos serios para las universidades privadas (otro fenómeno rentista) han convertido el estudio del Derecho en una posibilidad ampliamente democrática. Si uno quiere adquirir blanquitud (plata, reconocimiento, poder, formar parte de la élite), tiene que ser zonzo para no aprovechar la posibilidad que ofrece el Derecho. Y el partido de estos sectores ascendentes indígenas y «cholos» fue el MAS. Así, los abogados ascendentes tuvieron mucho poder en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Los Carlos Romero defendieron posiciones más o menos progresistas en términos sociales, pero emplearon a fondo el formalismo y el rentismo jurídicos para garantizar el poder a Evo Morales y a sí mismos. Convirtieron al Tribunal Constitucional, que era un caprichito ilustrado de Gonzalo Sánchez de Lozada y que emitía fallos que podían publicarse como libros, de tanta calidad que tenían (importada desde fuera e implantada al sistema judicial, como también ocurría con las superintendencias), en otro mecanismo rentista: «Nosotros damos la reelección como derecho humano y ustedes nos dejan cobrar por todos los fallos grandes». Quid pro quo. Fue entonces cuando el Tribunal Constitucional perdió todo sentido, como ha señalado Samuel Doria Medina.

Pero que no nos engañen los analistas actuales. Ni Romero ni los demás jerarcas abogados del MAS inventaron la subordinación de la Justicia al gobierno de turno. Esta no es más que una rémora, una reminiscencia de la subordinación de la Justicia al rey en el medioevo y, en América, de la subordinación de la Audiencia al Virreinato. Ha atravesado toda la historia del país. En los años 90, Sánchez Berzaín, del MNR, manejaba los fallos políticos con mano de hierro. Su competencia del MIR era Luis Vásquez Villamor, quien sigue vigente. Tenemos así una carrera corta y una carrera larga de manipulación judicial que, en ambos casos, volvieron muy adinerados a estos abogados.

En todos los tiempos también están los Iván Lima, que son los abogados-clérigos o que combinan el poder tradicional judicial con otro poder tradicional, el de la Iglesia. Aunque tengan una procedencia plebeya, rápidamente se vuelven señorones en todo el sentido de la palabra. Llevando la cruz en la solapa y convirtiéndose en amigos de los obispos, consiguen el título de respetabilidad que ya no da tanto el ser magistrado o juez, a causa de todas las vicisitudes históricas del Derecho que hemos mencionado.

—Con todo lo anterior, ¿cómo se puede caracterizar la situación de la Justicia en Bolivia al presente?

Nada nuevo bajo el sol, salvo que parece que todo se ha complicado y hecho más extremo. Una cosa es extorsionar litigantes y otra, traficar droga. ¿Será cierto? ¿O será una falsa acusación? No lo sé. Quizá sea un efecto de nuestro tiempo de redes sociales, en el que todo tiene que ser radical para causar impacto. Puede deberse a los nuevos valores de hoy, tras varios siglos de «plus de gozar», como llama Lacan a la neurosis capitalista moderna: hay que ser Fiscal General antes de los 40 y tener $us 10 millones antes de los 50 o, como el señor de Nvidia, tener dos amantes al mismo tiempo, porque una sola ya no basta. En esas condiciones, ya no se le hace ascos al narcotráfico. Puede ser. En todo caso, si el sistema judicial tiene algún instinto de supervivencia, debería limitarse a la extorsión y la coima. Más allá, las cosas se volverían muy locas e intolerables para una sociedad esencialmente conservadora como la boliviana.

—Si la crisis judicial, al menos en parte, tiene un origen cultural profundo y marcado por lo que parece ser una creciente intersección con lo político en las últimas décadas, ¿qué salidas hay a la situación crítica en la que se encuentra la Justicia boliviana?

Mientras no se tome conciencia de cuál es el problema, que es cultural, no habrá un cambio real. Ni siquiera un plan válido para cambiar. Y quiero apuntar algo muy importante: no olvidemos que los Mariaca y los Saucedo se formaron en las aulas universitarias (ambas en las mismas, por lo que sé).

Las carreras de Derecho no solo son parte del problema de la Justicia; en mi opinión, son la parte gruesa del problema. Si este es cultural, solo puede resolverse por medio de la educación. Pero eso es imposible mientras las carreras de Derecho sean mecanismos rentistas de sustento para cientos de docentes que no son evaluados jamás y que tienen muy poca conciencia, y mucho menos sentimiento de culpa, por lo que está pasando. Pero deberían, porque detrás de cada «maleante» suelto en los tribunales hay profesores que (no) le enseñaron Derecho.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *