El director general ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, denunció una red de “extorsión” en esa institución usada para presionar y chantajear a empresarios y opositores durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En ese contexto, anunció que pondrá en marcha acciones legales contra funcionarios que estuvieron en esta entidad y dijo que se sospecha un trabajo coordinado con funcionarios del Ministerio Público.
«Estamos iniciando las acciones legales correspondientes para que se investigue y se procese penalmente a los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la UIF durante las gestiones de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS)”, dijo Barboza en conferencia de prensa.
Recordó que la UIF se creó como parte de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia para prevenir, detectar y analizar operaciones financieras vinculadas a los delitos precedentes de la legitimación de ganancias ilícitas.
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Persecución política
Y remarcóque, tras las investigaciones, se detectó que esa entidad era usada “como plataforma de presión y chantaje financiero a empresarios, comerciantes, emprendedores y opositores al Gobierno”.
Asimismo, explicó que la entidad iniciaba investigaciones contra personas que producen y trabajan legalmente, que contaban con documentación para acreditar el origen lícito de recursos e inversiones. “Sin embargo, emitían informes que señalaban supuestos indicios de recursos sin respaldo, poniendo en riesgo su patrimonio, su reputación y la continuidad de sus actividades económicas”.
Barboza informó que la UIF incluso se usó “como un instrumento de persecución política en los procesos electorales; el 2019, la UIF entró al debate político electoral y amenazó con iniciar investigaciones al principal candidato opositor”.
Explicó, además, señala que cuando la UIF emitía informes con supuestos indicios de irregularidades contra personas, esos documentos se remitían a la Fiscalía para promover el inicio de procesos penales.
“Existen indicios de una presunta actuación coordinada entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público durante la gestión del entonces fiscal general Róger Mariaca, que deberá aclararse mediante las investigaciones correspondientes”, señala Barboza.
Aseguró también que, si se detecta la participación de funcionarios o exfuncionarios de la UIF o con el exfiscal general, “vamos a empezar las acciones correspondientes a la brevedad, tenemos un indicio para presenta el martes ante la fiscalía y que autoridad dirima la situación”, manifestó.
