Empecemos afirmando, enfáticamente, que nadie, fuera de fanatismos, resentimientos o pérdida de empleo, podría desear que a este gobierno, democráticamente elegido, le vaya tan mal como está sucediendo en estos desgraciados nueve meses; sin descontar ni un mes, porque las maletas «charter» entraron a las tres semanas.
Es inédito, casi impensable, que una crisis profunda se vuelva crítica por su pésima gestión y en tan corto periodo de tiempo. Frente a una crisis múltiple —política, económica, institucional y energética— que arrastramos casi tres años, con hartos años previos de déficit fiscal y caída de la renta petrolera por falta de desarrollo de las reservas, el gobierno sigue reorganizándose.
La crisis irresuelta
En nueve meses de gestión, el gobierno no puede resolver temas básicos como el combustible —cuando en la campaña todo era «desde el primer día»— y se toman medidas erráticas como la flotación del precio del dólar norteamericano o el incremento del precio del diésel de casi el 100% para los grandes consumidores (agropecuarios, mineros e industriales), sin medir sus impactos sobre el resto de la economía, la producción y, en especial, la canasta básica.
El gobierno debe creer que protegido por el «Estado de excepción» podía aprovechar de asumir medidas impopulares que lo equilibren en el gasto corriente y amainen la demanda y el contrabando del diésel. Pero la economía o la política no son espacios estancos; todo está intercomunicado; acá hay un error de diagnóstico de la crisis; el gobierno no la entiende y menos la política que la abraza.
Estado de excepción
Primero, falta menos de un mes para la conclusión del estado de excepción (19 de septiembre) y, en sí misma, la medida no es garantía de nada; de hecho, solo sirvió para limpiar los bloqueos porque los bloqueadores se habían retirado antes y perseguir judicialmente a los dirigentes. Segundo, la medida ha fisurado el principal soporte político, social y regional que es el agronegocio cruceño. Al final, cañeros, soyeros y tantos otros, grandes, medianos y pequeños, rechazan la medida; aunque habrá matices respecto de los sectores económicos interesados en la importación de carburantes —para quienes partir de 18 bs el litro ya es un negocio— y el acomodo de su producción de etanol.
Pasa lo mismo con los transportistas, especialmente los cisterneros, que han declarado un paro para el próximo lunes. Tercero, lo más grave, la medida es un campanazo al resto de los sectores productivos y sociales para articular la resistencia al decreto del incremento del diésel e iniciar las movilizaciones.
El escándalo
A este panorama general, crítico y desastroso, acaba de sumarse un acontecimiento criminal que, por los implicados y sus repercusiones, hace la peor semana gubernamental; descontando la vergüenza del ministro de economía que ante una falta ética y legal tan evidente todavía porfía en mantenerse en el cargo. El hecho criminal se produjo en la ciudad de Santa Cruz, ya saturada de asesinatos y ejecuciones en la vía pública. Lo sucedido es un denso thriller político-criminal con un atentado contra la vida de una mujer, Nadia Beller, y que incrimina a un sujeto oscuro, Fernando Cerimedo, que, hasta la semana pasada, tenía oficina en la Casa Grande del Pueblo, a metros de la del presidente, en la Plaza Murillo de La Paz.
El asunto cobró vuelo informativo tanto por la dimensión política de las dos personas en cuestión, cuanto porque la víctima, a tiempo de proteger su vida, realizó graves denuncias de corrupción contra el gobierno y el entorno familiar presidencial. Los detalles del crimen los conocemos en tiempo real, porque la investigación del ministerio público no ha sido, correctamente, declarada en reserva. Gracias a esta decisión jurisdiccional, sabemos del contenido de mensajería del aparato telefónico del principal implicado y de la premeditación del acto criminal que, a tiempo de atentar contra la vida de Beller, tuvo como objetivo complementario el robo de su celular.
La detención del principal sospechoso de la autoría intelectual del intento de asesinato y las investigaciones a cargo del ministerio público han develado un cuadro político mafioso de alcances continentales. El asunto tiene estas proporciones porque el imputado tiene raíces políticas en el gobierno argentino de Milei y sus antecedentes personales son de un estafador condenado y de un pandillero digital que abreva en las campañas de odio, desinformación y mentiras de la ultraderecha mundial.
Soluciones que no llegan
Cuando en diciembre del año pasado se promulgó el decreto supremo que inauguraba al gobierno de Paz, el grandilocuente y fallido DS 5503, dejé constancia —en esta misma columna— que detrás del esquema normativo del decreto había una inocultable inspiración mileista. Hoy, estos hechos criminales y políticos confirman la aseveración de entonces. El decreto de diciembre era una especie de calca del DNU (decreto de necesidad y urgencia) argentino, que es un decreto gubernamental con valor de ley entre tanto el Legislativo lo confirme o rechace. El problema en copiarse el modelo —mal concebido y peor redactado, ciertamente— es que para nuestra arquitectura jurídica eso no es posible, prueba clara de que el gobierno al cabo de un mes debió abrogar el decreto.
Bueno, pero lo que importa de estos acontecimientos es comprender lo que fue una intuición confirmada por el DS 5503, la sombra del gobierno de Milei y del experimento «libertario» que se lleva a cabo en la Argentina, como la referencia ideológica y práctica del gobierno boliviano. Dos elementos que destacar:
La cuestión de la soberanía
Uno, la falta de medidas gubernamentales frente a la crisis, salvo el caso del levantamiento de los subsidios a los carburantes, no solo es producto de la falta de programa, liderazgo, ideas propias y operadores políticos, sino de un esquema de sometimiento internacional. Esto tomó forma con el Escudo de las Américas y la conexión sionista, que apuestan a que los gobiernos dependan del capital extranjero camino a la transnacionalización de la economía. Eso explica que el gobierno argentino destruya la industria y las PYMES, porque su apuesta no es el mercado interno o la producción nacional. Su objetivo es la «extranjerización» de las tierras de la Patagonia o la entrega de los glaciares a la explotación de minerales. Los capitales externos buscan tierras y climas fríos para asentar sus Data Centers —uso intensivo de agua y energía— o la producción de minerales críticos para la industria norteamericana.
Dos, para desarrollar esos esquemas ideológicos y prácticas gubernamentales se necesitan estas «granjas de trolls» y miles de identidades falsas porque el trabajo para abrir el camino a la transnacionalización de las economías nacionales comprende la desinformación, las mentiras, las difamaciones, etc. Obviamente, a este esquema corresponde un modelo de corrupción digitado desde los más altos niveles de gobierno porque luego ese dinero financiará la corrupción política de los Legislativos y las dirigencias.
Repercusiones
El parecido no es casualidad. El intento de asesinato en Santa Cruz —acusado de autoatentado por la diputada argentina Lemoine, lo mismo que por periodistas bolivianos alineados por la misma corrupción— nos muestra una verdadera ofensiva internacional para rendir a los estados frente a los grandes capitales.
Hoy, este es el dilema de la democracia boliviana. O el sistema político, así precario y fragmentado, pacta una estrategia frente a la crisis, sobre todo la energética, o la crisis se llevará por delante a la democracia.
Salud.
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