El arresto de Fernando Cerimedo puso en el centro del debate una pregunta que hace mucho venía siendo formulada por propios y extraños al oficialismo. ¿Quién es, en realidad, el asesor personal del presidente Rodrigo Paz Pereira? Nadie en el gobierno pudo responderla con precisión mientras el argentino circulaba entre ministerios, viajes oficiales y actos protocolares sin ocupar un cargo formal. Su detención ahora es parte de una investigación por una presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Se suma un segundo proceso abierto por enriquecimiento ilícito. El efecto agregado no se circunscribe a un frente judicial abierto y un escándalo internacional. Evidencia un fenómeno que atraviesa buena parte de la política contemporánea: la de los asesores que acumulan un poder que no se refleja en ningún organigrama.
Para entender ese fenómeno, y lo que dice específicamente del gobierno nacional, Animal Político, de La Razón, conversó con Carlos Saavedra, comunicador y especialista en comunicación política. Conocedor de la disputa por el poder en Bolivia, analiza desde hace años el trabajo de los llamados gurús de campaña. Su despliegue en redes, su relación con el poder y los límites éticos que suelen cruzar. Ubica el caso Cerimedo dentro de una tendencia que no es boliviana ni reciente, aunque hoy se manifiesta con una intensidad sorprendente.
Un duro despertar
La secuencia ya es de dominio público. Cerimedo fue aprehendido la madrugada del pasado martes en el aeropuerto Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires. Horas antes, Beller recibió tres disparos en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Dos días más tarde, la Fiscalía de La Paz abrió de oficio un segundo proceso en su contra por enriquecimiento ilícito, tras allanar viviendas suyas. Se encontró dinero en efectivo sin monto especificado, un vehículo oficial y tarjetas de presentación que lo identificaban como «asesor principal» del presidente Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, salió a aclarar que ese cargo «no existe» y que la tarjeta no fue emitida por el Estado. Es la misma ambigüedad que ha acompañado a Cerimedo desde la campaña electoral. En ese entonces, Paz lo presentó como «el profesor de mi hija» y negó que fuera su asesor.
Ese vaivén entre la negación oficial y la evidencia de una influencia real es, para Saavedra, una cuestión de fondo. «El asesor está muy cerca del poder, el asesor es influyente en el poder. Entonces, ¿hasta dónde llega el rol del asesor?», plantea. La respuesta, dice, tiene un componente que en la práctica se viola con frecuencia: «Un parámetro ético del ejercicio de la asesoría tiene que ver justamente con la consejería política, comunicacional y de gestión”. Saavedra es tajante: para él, un asesor no puede ser a la vez militante, lobista, empresario y político, roles que, dice, “son incompatibles con la asesoría”. Cuando esos límites se cruzan, advierte, «siempre hay complicaciones».
El rol del asesor
Lo que distingue a esta generación de asesores, señala Saavedra, no es solo su cercanía al poder sino el terreno donde la construyen: el mundo digital. «La irrupción de la tecnopolítica, de las redes y de la manipulación de bases de datos. Además, la exacerbación de sentimientos políticos con la manipulación de algoritmos y de información privada, ha puesto en la centralidad este tipo de asesores», explica. Son personas que «entienden muchísimo y a mucha profundidad el mundo de las redes». Saben «cómo, con los datos personales que uno comparte en las distintas redes, puede ser capturado en burbujas y sometido, inadvertidamente, a procesos de manipulación».
Ese dominio técnico, sostiene Saavedra, es lo que les permite trascender su función original. «En esa potencia de actuación que tienen en el mundo digital dejan de ser asesores para cumplir un triple rol. El de asesoría, el de operación política y el del ejercicio del poder. Eso termina distorsionando el rol de la asesoría”, sentencia. No es un fenómeno marginal. Según él, «casi todas las últimas campañas están marcadas por la exacerbación de polos», una estrategia que resulta rentable precisamente porque funciona. «Se vuelven ‘mucho más valiosos’ este tipo de asesores porque juegan a ser dioses de la información, de la manipulación, de exacerbar sentimientos”.
Brutalismo comunicacional
El fenómeno no se agota en la campaña electoral. Una vez en el poder, advierte Saavedra, estos asesores tienden a reproducir la misma lógica en la gestión de gobierno. Esto es algo que el politólogo argentino, Mario Riorda, describió como «brutalismo comunicacional».
Son gobiernos que «ya no gobiernan para todos, gobiernan para sus nichos y siguen generando polaridad». Es, según Saavedra, la contracara de lo que antes se entendía como el objetivo de la comunicación de gobierno: generar consensos en la sociedad. Su reemplazo es por una lógica tribal que «va repitiendo sus dogmas» y que «inyecta más dosis de fanatismo en sus adherentes». Aún a riesgo de que ese fanatismo termine generando «un quiebre identitario con quienes piensan distinto».
Una comunidad reducida
Cerimedo no llegó a esta posición como una anomalía aislada, sino como parte de un circuito regional de consultores que Saavedra reconoce. Antes de asesorar a Paz, Cerimedo trabajó en la estrategia digital de la campaña de Javier Milei en Argentina. También estuvo vinculado a la comunicación de Jair Bolsonaro en Brasil. Para Saavedra, esa trayectoria confirma algo que él mismo describe como una tendencia mundial. Se trata de un grupo reducido, con acceso simultáneo a la política, a las grandes tecnológicas y a ámbitos académicos exclusivos.
El antecedente más citado sigue siendo Cambridge Analytica, protagonista del escándalo del Brexit y de la primera campaña de Donald Trump. Otro caso es la trayectoria de Steve Bannon, que terminó asesorando gobiernos en distintas partes del mundo, incluido el de Bolsonaro.
Bolivia tiene su propia genealogía del fenómeno, y Saavedra la nombra. Recuerda el desembarco de la consultora Greenberg junto a Gonzalo Sánchez de Lozada. Una firma que había trabajado, dice, «las cuentas de Clinton, de Mandela, de liderazgos a nivel mundial». La experiencia de Neurona con el MAS, cuando «el MAS se entregó a los brazos de la comunicación política digital».
En la última elección, recuerda, «casi todas las candidaturas han tenido gurús de la comunicación a su servicio»: Jaime Durán Barba y su equipo, Antoni Gutiérrez-Rubí y el propio Cerimedo. La diferencia con hoy, aclara, es de escala. «Un asesor en comunicación política que no entiende el mundo de las redes es absolutamente obsoleto”. Los equipos que llegan ahora traen «bases de datos, inteligencia artificial, granjas de bots», y eso, dice, ha encarecido y sofisticado la disputa: «Ha habido una hiperespecialización de la comunicación política y de la tecnología al servicio de las campañas”.
Un reflejo del gobierno
Trasladado al caso concreto, ese marco conceptual expone algo más que la biografía de un asesor: la opacidad de una parte del entorno presidencial. Saavedra es cauto al hablar de las responsabilidades. «Creo que merecemos una investigación muy seria y profunda para saber cuál era el rol del hombre. Quién lo trajo, cuál era la fuente de financiamiento; eso tiene que aclararse. Ahí el gobierno tiene tarea”.
Saavedra ordena el caso en tres planos que, según él, siguen sin esclarecerse. “El primero, el hecho policial y criminal, que tiene que informarse con mucha claridad. El segundo, el nivel de participación y cómo llega a estar el asesor en el actual gobierno de Bolivia. El tercero, las acusaciones que se han vertido a partir de este caso”. Su diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano no es alentador. Recuerda que «han quedado en la nebulosa varios casos, el de las maletas, el del contrabando de oro». Expresa entonces un deseo más que una certeza: «ojalá que este tampoco quede en la nebulosa. Que haya una investigación seria y consistente, sin que nadie influya”.
Esa falta de aclaración, advierte, es lo que alimenta la disputa de relatos que hoy se libra en redes. De un lado, quienes sostienen que el caso es «todo un montaje, toda una operación política de continuidad de un golpe de Estado»; del otro, quienes ven en él «acusaciones muy serias que dañan el corazón del poder». Para Saavedra, la salida no pasa por tomar partido en esa disputa sino por resolver la pregunta original. «Tanto la justicia como el Ministerio Público tienen que ser muy profesionales para describirnos, con lujo de detalle, la verdad histórica de los hechos”, asevera.
Una raya más
El escándalo suma un episodio más a una larga serie de traspiés que vienen aquejando al oficialismo. Cerimedo era, en palabras de muchos, «el hombre de confianza absoluta» de Paz. Su caída llega apenas semanas después de la censura legislativa al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, figura clave en las negociaciones con el FMI. Antes estuvo el desgaste que dejaron los 53 días de bloqueos que sitiaron La Paz y El Alto entre mayo y junio. Para Saavedra, el impacto no es coyuntural sino estructural. «Es definitivamente uno de los momentos más duros para el gobierno, porque se está atacando algo central en la política: la condición moral de los gobernantes”.
Advierte sobre el costo de no responder con transparencia. «El gobierno, como parte central de su ejercicio de gobernabilidad, tiene que desmontar y ser muy transparente frente a todos los ataques que ha recibido. Si no, va a quedar con una herida muy profunda y muy difícil de recomponer de cara a la gobernabilidad”.
El riesgo, según su lectura, no se agota en el desgaste discursivo. «Está claro que hay, y va a continuar, una arremetida contra el gobierno. Hoy es un ataque moral, pero creo que el siguiente paso tiene que ver con la movilización en las calles”. Esa movilización, anticipa, «nuevamente va a buscar, después de los cincuenta y tres días de bloqueos, un segundo momento para generar una ruptura de la gobernabilidad actual».
En ese sentido, Saavedra distingue entre la resistencia que las ciudades opusieron al primer ciclo de protestas y la fragilidad que enfrenta hoy el gobierno. Cree que esa resistencia urbana respondió menos a un respaldo genuino a Paz que «a la amenaza de que no vuelva el anterior régimen político». Lo que está en juego ahora, advierte, es distinto. «La estrategia de ataque busca un desencanto total en las bases que en su momento soportaron esos cincuenta y tres días. Cuando alguien se queda sin base es como si se quedara prácticamente desnudo en una batalla política. Y eso, en un momento de movilización, puede ser determinante”.
A modo de cierre
Un político paceño sostuvo en días pasados que no es que la gente vaya a ir ahora en masa a tumbar a este gobierno por el caso Cerimedo. Pero añadió una distinción fatídica: tampoco saldrán a defenderlo cuando la gente vuelva a movilizarse. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta menos una crisis puntual que la erosión lenta de aquello que, según Saavedra, sostiene a cualquier gobierno cuando todo lo demás falla: la confianza de que quienes gobiernan lo hacen con las manos limpias.
