El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó este jueves que el Gobierno iniciará acciones legales contra la empresa fabricante de las denominadas barcazas chinas. El anuncio se dio en el marco de la Rendición Pública de Cuentas Final 2025, realizada la mañana de este jueves en el auditorio del Ministerio de Defensa.
El caso de las barcazas chinas se remonta a un proceso de adquisición de embarcaciones destinadas a fortalecer la capacidad logística del Estado, el cual se llevó adelante durante el gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, el proyecto derivó en un daño económico estimado en casi 29 millones de dólares, debido a incumplimientos en la entrega de las barcazas, pese a haberse efectuado pagos, lo que dio lugar a procesos judiciales y cuestionamientos sobre su ejecución.
Salinas señaló que, tras la conclusión del proceso penal que derivó en sentencias de hasta 12 años de prisión contra exfuncionarios involucrados, el Gobierno ahora enfocará sus esfuerzos en recuperar los recursos económicos erogados.
En ese sentido, precisó que se prepara una demanda contra la empresa fabricante, debido a incumplimientos en la entrega efectiva de las barcazas, pese a haberse realizado los pagos correspondientes.
Asimismo, indicó que el Estado analiza otras acciones legales complementarias para resarcir el daño económico ocasionado. El ministro remarcó que estas medidas buscan sentar un precedente en la defensa de los recursos públicos y evitar que hechos similares queden en la impunidad.
En febrero,, el titular de Defensa expresó la decisión de iniciar acciones legales contra el gobierno de China para recuperar 30 millones de dólares relacionados con la compra de 16 barcazas y dos remolcadores. Reveló además que las embarcaciones fueron rematadas en China debido a deudas por almacenamiento, información que, según indicó, no fue comunicada oficialmente esa fecha.
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De acuerdo con la Rendición Pública de Cuentas Final 2024 de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), el remate se produjo en 2022 por un valor aproximado de tres millones de dólares.
El caso se remonta a 2009, cuando el entonces gerente de Enabol, Freddy Ballesteros, pagó cerca de 21 millones de dólares para la compra y traslado de las embarcaciones al país, sin contar con una boleta de garantía. No obstante, los navíos nunca llegaron a Bolivia, lo que generó una deuda por almacenaje.
La empresa coreana General Marine Business (GMV Inc.) fue contratada para la provisión; sin embargo, ante la imposibilidad de cumplir el contrato, transfirió la obligación a un astillero chino, donde las barcazas estuvieron a punto de ser embargadas por deudas de la compañía administradora del puerto.
La Justicia determinó responsabilidad para Ballesteros, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Asimismo, Carlos Hurt fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contratos lesivos al Estado y asociación delictuosa.
Otros 19 acusados recibieron penas privativas de libertad que oscilan entre uno y nueve años, además del pago de costas a favor del Estado, de acuerdo con su grado de participación. Algunos imputados fueron declarados rebeldes, entre ellos cuidadores de origen asiático y la exdirectora jurídica de Enabol, Carmen Rosa Gámez.
