La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intensificó los operativos de fiscalización y control ante denuncias y hallazgos de actividades mineras ilegales y no autorizadas en distintas regiones del país. Las intervenciones abarcaron las cuencas de Hampaturi, Irpavi y Orkojahuira, además de Milluni, Sorata y los alrededores del Salar de Uyuni.
El director Nacional de la AJAM, José Jaime Sanabria, informó que las verificaciones permitieron identificar distintos escenarios que requieren medidas específicas, desde operaciones sin ningún tipo de autorización hasta actividades desarrolladas sobre derechos mineros preconstituidos que también deben cumplir requisitos ambientales.
En las cuencas de Irpavi y Orkojahuira, la entidad verificó denuncias sobre posible explotación ilegal. En Orkojahuira identificó entre tres y cuatro operaciones que, según la AJAM, desarrollaban actividades mineras ilegales. Ante estos hallazgos, emitió resoluciones de suspensión y presentó denuncias ante el Ministerio Público.
“La minería ilegal ya no se hace con pala, picota o con una chúa; hoy en día la minería ilegal cuenta con un soporte técnico, financiero y humano”, afirmó Sanabria.
También lea: Minería prevé concluir en 2 semanas borrador del nuevo Código del sector
Minería ilegal
Sanabria remarcó que la existencia de un derecho minero no habilita por sí sola el desarrollo de actividades de explotación. La autoridad explicó que los operadores deben cumplir además con las condiciones y autorizaciones que establece la normativa, entre ellas las relacionadas con el componente ambiental.
“Una cosa es el derecho minero que lo otorga la autoridad minera, en este caso la AJAM, y otra cosa es la actividad minera”, sostuvo.
En ese sentido, la autoridad explicó que la licencia ambiental establece las condiciones bajo las cuales puede desarrollarse una operación y contempla medidas de prevención, mitigación y remediación. El cumplimiento de esas obligaciones corresponde a las autoridades ambientales competentes.
Milluni
Durante una inspección en Milluni, la AJAM constató la existencia de derechos mineros preconstituidos y detectó además a un operador vinculado con un contrato de riesgo compartido suscrito con el titular del derecho.
La autoridad señaló que este tipo de acuerdos requiere autorización previa de la AJAM para que el Estado pueda reconocer su vigencia. En el caso identificado en Milluni, el contrato no cuenta con esa autorización, por lo que la entidad considera que no tiene vigencia ni validez para respaldar una operación minera legal.
Salar de Uyuni
En Potosí, la Dirección Departamental de la AJAM identificó tres operaciones de minería ilegal en los alrededores del Salar de Uyuni, principalmente relacionadas con la extracción de ulexita, dentro del área de protección correspondiente a la Reserva Fiscal.
Tras la inspección técnica y administrativa, la entidad notificó a los responsables, emitió resoluciones de suspensión y remitió los antecedentes al Ministerio Público. La AJAM también identificó bienes e instalaciones utilizados en las operaciones.
La Paz
Sanabria señaló que Sorata, Pelechuco, Curva, Mapiri, los Yungas y La Asunta figuran entre los sectores donde la actividad minera ilegal registra mayor intensidad en La Paz. También mencionó San Simón, en Beni; Cocapata, en Cochabamba; y Tupiza y Sud Lípez, en Potosí.
“Hay áreas donde se hace con mayor intensidad la minería ilegal, pero en general minería ilegal existe en todo el país”, afirmó.
Senda Verde
Respecto a Senda Verde, el director de la AJAM explicó que el sector cuenta con un derecho minero preconstituido colindante con el área denunciada. Por ello, la autoridad debe verificar si la operación cuenta con licencia ambiental y si cumple las medidas de prevención, mitigación y remediación.
Sanabria explicó que, si la autoridad ambiental determina incumplimientos y revoca la licencia, posteriormente puede solicitar a la AJAM las acciones correspondientes sobre el derecho minero, de acuerdo con la normativa vigente.
Caso Sorata
En Sorata, la intervención de la AJAM derivó en la detención de 11 ciudadanos chinos y siete bolivianos, a quienes la autoridad vinculó con actividades de explotación ilegal de minerales.
La AJAM presentó una denuncia penal y se constituyó como denunciante y querellante dentro del proceso. Posteriormente, una autoridad jurisdiccional dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Ante esa decisión, la AJAM y el Ministerio Público presentaron una apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia.
La autoridad minera anunció que continuará con los operativos de fiscalización y control en diferentes regiones del país, con medidas diferenciadas según cada caso. El objetivo apunta a identificar operaciones sin derechos ni autorizaciones y, al mismo tiempo, verificar que quienes cuentan con derechos mineros preconstituidos cumplan las obligaciones legales y ambientales correspondientes.
