Bolivia está en la antesala de una crisis energética por la caída de sus reservas de gas. Pasamos de exportadores a Brasil y Argentina a potenciales importadores de este energético.
El gas natural fue motor de la economía: generó divisas, ingresos fiscales, regalías y recursos para el desarrollo. Sin embargo, no se repusieron oportunamente las reservas.
Las autoridades que no repusieron las reservas, pese a contar con recursos, deben responder por esa omisión. Hace pocos días, la diputada oficialista Claudia Bilbao sostuvo que los responsables del daño económico durante los gobiernos del MAS deben responder ante la justicia, sin escudarse en supuestas denuncias de persecución política.
La caída de reservas aumenta la dependencia de combustibles importados y de subsidios insostenibles que amenazan la economía y la estabilidad social.
Dos tercios de la generación eléctrica del Sistema Interconectado Nacional provienen de termoeléctricas que funcionan principalmente con gas natural. El tercio restante proviene de fuentes renovables: hidroeléctrica, solar y eólica. Esta dependencia amenaza la seguridad energética.
La seguridad energética exige garantizar gasolina, diésel y electricidad confiable para hospitales, industrias, empresas y hogares.
Durante años se privilegiaron los ingresos hidrocarburíferos sin reponer las reservas consumidas. La exploración perdió dinamismo y los nuevos proyectos no revirtieron el declive productivo. Las reservas descendieron de 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2013 a 3,7 TCF en 2025.
El modelo depende de subsidios difíciles de sostener. El Estado importa combustibles a precios internacionales y los vende a precios subsidiados. La diferencia presiona las finanzas públicas y las reservas internacionales, en un contexto de escasez de divisas y menores ingresos por exportaciones.
Las políticas hidrocarburíferas de los gobiernos del Movimiento al Socialismo no crearon condiciones para atraer suficientes inversiones de riesgo destinadas a explorar y reponer reservas. Ahora debemos atraer inversionistas. No podemos demorar las acciones.
El analista Álvaro Ríos advirtió: “De no hacer nada, Bolivia requerirá importar aproximadamente 6.000 millones de dólares (100 dólares por barril de petróleo) de energía entre gas natural, GLP, diésel, gasolina, jet fuel e incluso energía eléctrica el 2035”. Planteó eliminar y focalizar subsidios, aprobar leyes que atraigan inversión privada a hidrocarburos y electricidad, y reformar profundamente YPFB, ENDE y sus órganos reguladores.
Desde 2015, la producción de gas natural cayó más del 50% y la renta petrolera se redujo significativamente. Esto refleja el agotamiento de los principales campos, la insuficiente reposición de reservas y la menor capacidad de generar divisas por exportaciones.
Los gobiernos del MAS administraron la renta del gas sin reponer reservas, alejaron a los inversionistas y la petrolera estatal no llenó el vacío dejado por los privados.
También debe revisarse el régimen fiscal. La Ley de Hidrocarburos de 2005 y las posteriores políticas de nacionalización y contratación configuraron un esquema de elevada participación estatal en la renta. Aunque elevó los ingresos públicos durante el auge de precios, debe evaluarse si las condiciones tributarias y contractuales incentivan la inversión de riesgo y el desarrollo de nuevos campos.
Como remarcó el presidente Paz, el país tiene potencial hidrocarburífero y puede atraer inversiones importantes. Necesita un marco legal que viabilice los proyectos. No hay tiempo que perder.
