Bolivia atraviesa un momento decisivo. El Gobierno busca estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal, recuperar la capacidad productiva y atraer inversiones. Se anuncian nuevas leyes de hidrocarburos, minería e inversiones, mientras se gestionan recursos con organismos internacionales, la Unión Europea, España y la CAF. Estas medidas pueden ser necesarias, pero la reconstrucción no debe limitarse a ordenar las cuentas públicas o mejorar los indicadores macroeconómicos. También debe preguntarse quiénes asumirán sus costos, quiénes participarán en las decisiones y cómo se distribuirán sus beneficios.
Las crisis no afectan a todas las personas por igual. Cuando aumentan los precios, caen los ingresos o se reducen los servicios públicos, son principalmente las mujeres quienes absorben el impacto en los hogares: administran presupuestos insuficientes, buscan ingresos adicionales y dedican más tiempo al cuidado de niñas, niños, personas mayores, enfermas o con discapacidad. Si una familia no puede pagar una guardería o el sistema de salud no responde, una madre, hermana o abuela asume esa tarea. Toda política de ajuste que reduzca servicios sin ofrecer alternativas traslada costos del Estado a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres.
Las bolivianas han avanzado en educación, participación política y presencia laboral. El Censo de 2024 muestra que su participación en el mercado de trabajo aumentó del 44,4% en 2001 al 64%, aunque continúa por debajo del 78,9% de los hombres. Además, trabajar no siempre significa acceder a un empleo digno. Muchas mujeres se desempeñan por cuenta propia, en pequeños comercios, agricultura, servicios o trabajo doméstico, con bajos ingresos y escasa protección social.
La desigualdad también se refleja en los salarios. La Comisión de Expertos de la OIT recordó en 2026 que los datos oficiales muestran remuneraciones masculinas superiores en casi todos los grupos ocupacionales del sector privado. En el sector público, entre 2022 y 2023, el haber básico promedio fue de Bs 6.548 para las mujeres y Bs 6.921 para los hombres. La misma fuente señala que las bolivianas dedican, en promedio, siete horas diarias al trabajo de cuidados. Participan cada vez más en la economía, pero producen riqueza en el mercado mientras sostienen gratuitamente la vida en los hogares.
La reconstrucción económica puede corregir estas brechas o profundizarlas. No basta con atraer inversiones: debemos saber qué empleos generarán, cuántos serán ocupados por mujeres, qué remuneraciones ofrecerán y si contarán con seguridad social. La apertura a la inversión debe incorporar igualdad salarial, prevención del acoso, formación técnica, contratación local y protección de las comunidades. En territorios indígenas, ninguna iniciativa debería aprobarse sin la participación efectiva de las mujeres, que suelen afrontar directamente la contaminación del agua, la pérdida de medios de subsistencia y el aumento del trabajo de cuidado provocado por los daños ambientales.
La reactivación tampoco puede concentrarse exclusivamente en los grandes capitales. Miles de mujeres sostienen la economía desde mercados, ferias, talleres, emprendimientos familiares y pequeñas unidades productivas. Necesitan créditos accesibles, capacitación, tecnología, mercados y mecanismos graduales de formalización. Ofrecer incentivos a grandes empresas mientras se mantienen barreras para una comerciante o productora reproduce la desigualdad.
Una reconstrucción con rostro de mujer requiere, al menos, cinco decisiones. Primero, evaluar el impacto de género de cada reforma fiscal, laboral, tributaria y productiva, identificando cuánto trabajo adicional generará y quién lo asumirá.
Segundo, avanzar hacia un sistema integral de cuidados. Guarderías, centros para personas mayores, atención a personas con discapacidad y licencias parentales no son gastos secundarios: constituyen infraestructura económica porque permiten que millones de personas, especialmente mujeres, estudien, trabajen y produzcan.
Tercero, priorizar el empleo digno mediante metas de contratación femenina, igualdad salarial, seguridad social y formación en sectores donde las mujeres están subrepresentadas. También se debe proteger a quienes trabajan por cuenta propia y facilitar su formalización sin imponerles cargas imposibles de cumplir.
Cuarto, garantizar financiamiento a emprendimientos liderados por mujeres, especialmente indígenas, campesinas, jóvenes y jefas de hogar, considerando las barreras patrimoniales de quienes no tienen bienes registrados a su nombre.
Quinto, asegurar participación paritaria en los espacios donde se define la política económica. No es coherente reconocer la paridad política y aceptar directorios, equipos negociadores y gabinetes económicos donde la voz de las mujeres continúa siendo minoritaria.
La estabilidad fiscal importa, pero no puede alcanzarse debilitando los servicios que sostienen la vida. La inversión es necesaria, pero debe respetar derechos laborales, territoriales y ambientales. El crecimiento pierde sentido si sus beneficios se concentran mientras las mujeres continúan subsidiando gratuitamente la economía con su tiempo y sus cuidados.
Bolivia no necesita regresar al punto anterior a la crisis, sino construir una economía más productiva, diversificada y justa, una economía que reconozca el aporte de las mujeres, distribuya los cuidados, reduzca las brechas salariales y garantice su participación en las decisiones. La reconstrucción será incompleta si recupera cifras, pero conserva desigualdades. También debe tener rostro, experiencia y voces de mujeres.
