Hay países pobres porque no tienen recursos. Y después está Bolivia: un país capaz de tener oro debajo de los pies, sacarlo por toneladas, contaminar sus ríos para extraerlo y finalmente quedarse con las migajas. Eso no es economía. Es prestidigitación, ese arte y habilidad de realizar juegos de manos y trucos visuales para entretener al público…
Mientras buscamos desesperadamente dólares, resulta que precisamente debajo de las piedras tenemos oro. Bolivia registró oficialmente una producción de 53,3 toneladas de oro en 2022 y 46,6 toneladas en 2023, de las cuales prácticamente la totalidad —46,3 toneladas— correspondió a cooperativas mineras.
Entonces hagamos una pregunta incómoda: ¿Cuánto oro sale realmente de Bolivia? ¿40 toneladas? ¿50? ¿60?… No afirmemos lo que el propio Estado parece incapaz de controlar con absoluta certeza. Averigüémoslo.
Porque si fueran 60 toneladas anuales —una hipótesis que merece investigarse considerando los volúmenes que Bolivia ya produjo oficialmente—, con el oro alrededor de US$4.385 la onza troy, estaríamos hablando de aproximadamente: US$8.460 MILLONES AL AÑO. Para que quede claro Ocho mil cuatrocientos sesenta millones de dólares.
Y aquí comienza el absurdo. Mientras Bolivia mendiga divisas, pierde reservas, necesita dólares para importar combustibles y busca financiamiento externo, podríamos tener una extraordinaria fábrica natural de reservas internacionales funcionando debajo de nuestros pies. Pero aparentemente nadie encuentra la llave.
Ah pero si existe el negocio dorado… Al 31 de agosto de 2026, el Banco Central reportaba aproximadamente 24,3 toneladas de oro en sus reservas, valoradas en unos US$3.457 millones. Es decir, si Bolivia estuviera extrayendo entre 50 y 60 toneladas anuales, nuestro subsuelo podría estar produciendo cada año más del doble del oro físico que actualmente integra las reservas del BCB.
Entonces la pregunta deja de ser económica para convertirse casi en sentido común: ¿por qué esa riqueza no está ayudando mucho más a Bolivia.
La Ley 535 contempla regalías que pueden alcanzar el 7% para determinadas categorías de oro, mientras que el oro natural en escama proveniente de yacimientos marginales explotados por pequeña minería puede estar sujeto a una alícuota del 2,5%.
Y la realidad recaudatoria resulta todavía más reveladora: según cálculos de CEDLA, en 2020 el oro generó aproximadamente US$1.263 millones en valor de producción y apenas unos US$34 millones en regalías. Aproximadamente 2,7%… ¡Fantástico negocio! Especialmente si uno no es Bolivia.
Mientras cooperativas, comercializadoras, intermediarios, inversionistas y capitales extranjeros participan del negocio, los más de once millones de verdaderos propietarios del recurso observamos cómo sale la riqueza y nos quedamos únicamente con la contaminación.
Hagamos las cosas al revés, les propongo lo siguiente: Si durante décadas hemos permitido que quienes explotan nuestros recursos se lleven la mayor parte del beneficio y Bolivia reciba un pequeño porcentaje…hagámoslo al revés.
El oro debería ser declarado RECURSO ESTRATÉGICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE BOLIVIA… No estoy proponiendo expropiar inversiones legítimas ni desconocer derechos legalmente adquiridos.
Estoy proponiendo algo mucho más revolucionario en este país: que el dueño del recurso sea también el principal beneficiario.
El productor, cooperativista o inversionista debe ganar. Debe recuperar su inversión, costos, maquinaria, trabajo, tecnología y riesgo, además de obtener una rentabilidad razonable y competitiva. Pero no puede suceder que Bolivia ponga el subsuelo, el recurso natural y el daño ambiental… y sea la última en cobrar.
Entonces llamemos la propuesta como “OPERACIÓN RESERVA DE ORO”
Primero: control absoluto de la producción…
Cada yacimiento deberá estar georreferenciado. Cada operador identificado. Cada máquina registrada. Cada gramo pesado. Desde la mina hasta la comercializadora; Desde la comercializadora hasta la fundición; Desde allí hasta el Banco Central o la exportación… Ni un gramo sin trazabilidad.
Segundo: propongo utilizar a las Fuerzas Armadas como custodios estratégicos, no como empresarios mineros… No necesitamos generales manejando dragas ni coroneles vendiendo lingotes. Necesitamos presencia estatal donde hoy prácticamente no existe.
Las Fuerzas Armadas pueden proteger zonas estratégicas, controlar accesos y apoyar la vigilancia de fronteras y rutas de salida, siempre bajo conducción civil y dentro del marco constitucional.
La fiscalización minera, tributaria y ambiental debe permanecer en manos de las instituciones correspondientes. Pero donde exista explotación ilegal, contrabando o saqueo… que entre el Estado.
No es una guerra contra los mineros… Es una guerra contra quienes le roban a Bolivia. Todo para QUE EL ORO VUELVA A BOLIVIA
Tercero: una proporción importante del oro producido debería tener oferta prioritaria al Banco Central de Bolivia, mediante mecanismos transparentes y precios relacionados con la cotización internacional.
El productor recibe sus costos y una utilidad competitiva; Las regiones productoras reciben regalías; Una parte financia recuperación ambiental y otra parte sustancial queda convertida en reservas internacionales. Así gana el productor; Gana el departamento; Gana el BCB… Y, por una sorprendente innovación económica… también gana Bolivia.
Cuarto: formalización… Quien quiera explotar oro boliviano deberá registrarse, tributar, demostrar origen de capital, declarar producción, respetar normas ambientales y aceptar trazabilidad completa.
¿Chinos? ¿Colombianos? ¿Peruanos? ¿Brasileños? ¿Bolivianos? Me importa poco el pasaporte. El problema no es la nacionalidad. El problema es sacar riqueza boliviana sin que Bolivia conozca cuánto salió, quién lo sacó, cuánto pagó y dónde terminó… Quien quiera oro boliviano, que invierta en Bolivia, tribute en Bolivia, respete las leyes bolivianas y deje una parte sustancial del beneficio en Bolivia.
Porque existe además una factura que nadie quiere mirar: el mercurio. La explotación aurífera está contaminando ríos y afectando ecosistemas y poblaciones. Nos llevamos el oro y dejamos el veneno. Eso también tiene que terminar.
Toda operación aurífera deberá responder económicamente por recuperación ambiental, tratamiento de aguas, manejo de mercurio y restauración de las áreas intervenidas. Porque si después de sacar miles de millones de dólares dejamos ríos contaminados, bosques destruidos y poblaciones afectadas… no estamos explotando oro, estamos hipotecando Bolivia.
Quizás sea hora de dejar de buscar desesperadamente dólares debajo de las piedras. Levantemos las piedras. Porque debajo… HAY ORO.
