«Nos salvamos juntos o nos hundimos separados». La frase del escritor Juan Rulfo parece resumir el momento que atraviesa Bolivia. A más de 40 días de bloqueos y conflictividad, el país se encuentra dividido entre quienes respaldan los bloqueos y quienes exigen su levantamiento.
Entretanto, las posiciones se radicalizan, los espacios de diálogo se reducen con el paso del tiempo y las diferencias sociales y políticas vuelven a aflorar en plena crisis.
Las carreteras interrumpidas, la incertidumbre económica, las dificultades de abastecimiento y la confrontación que se reproduce en las calles y las redes sociales son las expresiones más visibles de una polarización que va más allá de la coyuntura.
Detrás del actual conflicto reaparecen disputas sobre el poder, la representación política y el rumbo que debe seguir el país. La división nuevamente se presenta entre quienes consideran que las movilizaciones son una medida legítima de presión ante el deterioro económico y quienes las ven como una amenaza a la estabilidad, al orden público y optan por medidas excepcionales.
La confrontación, sin embargo, parece ir más allá de una simple disputa coyuntural. Detrás de las consignas de bloqueadores y antibloqueadores emergen tensiones políticas, diferencias regionales, disputas sobre el modelo económico y cuestionamientos sobre quiénes “deben” o más bien “pueden” conducir el Estado boliviano.
El comunicador y docente universitario Carlos Macusaya consideró que el país está presenciando la reaparición de un conflicto político y social que nunca llegó a resolverse, en este caso, se refirió a la crisis poselectoral de 2019.
“Más que alimentarse la polarización, yo diría que lo que está poniéndose sobre la cancha es precisamente un conflicto que no se ha resuelto”, afirmó a La Razón.
En su criterio, la división entre “masistas y antimasistas” continúa siendo el eje principal de la disputa política en el país, aunque ahora adopta distintas formas e incluso nuevos protagonistas.
“Como fenómeno más visible, la disputa es entre el clivaje que hemos tenido antes: masistas y antimasistas. Yo creo que esto no ha cambiado”, dijo el especialista.
Macusaya aseguró que las movilizaciones actuales han vuelto a poner sobre la mesa preguntas que Bolivia discute desde hace más de dos décadas: quiénes controlan el Estado, a quién beneficia el modelo económico y qué proyecto de país debe prevalecer.
“Desde el bando movilizado lo que se está poniendo en cuestión, además de la Presidencia de Rodrigo Paz, es hacia dónde se está llevando el país. Eso está en juego en este momento”, añadió.
Para el analista, las diferencias no son únicamente ideológicas; existen componentes sociales, regionales y culturales. “Ese es un fondo de proyecto de país”.
Según el comunicador, “el otro bando” es un sector de la población más urbano y relacionado al empresariado cruceño. “El empresariado cruceño está apostando por defender al Gobierno y movilizando prejuicios sobre las personas que están marchando”.
“Del otro lado están sectores fundamentalmente rurales, que en su momento tuvieron una clara inclinación por el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, distinguió.
Por su parte, para el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, la actual crisis es el resultado de un proceso de desgaste institucional que el país arrastra desde hace varios años. “Es un serio problema de los efectos de la desinstitucionalización, no solo del Estado, sino de la institucionalidad democrática en el país”.
En su criterio, la polarización se alimenta de la debilidad de las organizaciones políticas, la falta de estructuras partidarias sólidas y la incapacidad de construir acuerdos mínimos para garantizar la gobernabilidad.
“No tenemos una existencia clara de partidos orgánicamente establecidos, con cuadros, con estructuras que permitan llevar adelante una adecuada gobernanza y gobernabilidad”, afirmó en entrevista con este medio.
La crisis económica también ha contribuido a tensar el ambiente. La inflación, la falta de divisas, la incertidumbre sobre el abastecimiento y el deterioro de los ingresos familiares han generado un caldo de cultivo para la conflictividad social.
Núñez señala que muchas de las demandas expresadas en las calles tienen un origen legítimo y responden al empeoramiento de las condiciones de vida. “Estamos hablando de una situación de una inflación compleja que hoy día nos está dejando a casi el 47% de la población en situación de pobreza moderada por ingresos”.
Pero, el analista también observa otro fenómeno. Se trata de la presencia de actores que aprovechan la debilidad institucional y el descontento social para defender intereses particulares.
“Hay una tendencia preocupante de presencia de fuerzas que podríamos denominar hasta oscuras”, dijo cuando se refirió a economías ilegales, narcotráfico y altos niveles de corrupción.
La polarización, además, ha encontrado en las redes sociales un espacio para amplificarse. Los discursos cada vez más radicales, la desinformación y la difusión de contenidos que apelan al miedo y a las identidades políticas han contribuido a endurecer las posiciones de cada uno de los polos.
“Todos estos temas de violencia se están generando a raíz de exaltar el racismo y la discriminación como discursos exacerbados”, explicó.
Las tensiones también reflejan el agotamiento de los mecanismos tradicionales de mediación. Tanto Núñez como Macusaya coinciden en que el país enfrenta una preocupante ausencia de liderazgos capaces de construir consensos y mesas de diálogo.
Al ser consultados sobre una posible salida a la crisis, Núñez aseguró que el Gobierno debe viabilizar una mesa de diálogo con los sectores movilizados para, posteriormente, hacer un pacto social que permita la gobernabilidad del Gobierno nacional.
“El Gobierno debe tener apertura al diálogo; se habla de diálogo, pero parece que no existe una real fluidez. Los operadores políticos son claves para que un gobierno pueda articular con las organizaciones y creo que esa es una gran debilidad del gobierno actual. Creo que hay una urgencia de un acuerdo político, de un gran pacto político”, indicó.
En la misma línea, Macusaya aseguró que se debe alcanzar un acuerdo político, pero, en este caso, para limitarse a ser un gobierno de “transición”.
“Para mí tendría que haber un acuerdo político respecto a lo que el Gobierno no podría hacer siendo Gobierno”, explicó.
La advertencia de ambos especialistas converge en que la actual conflictividad puede convertirse en algo más profundo que una crisis coyuntural. Todo el conflicto terminar abriendo fracturas históricas en un país que aún debate el modelo de Estado, la distribución del poder y la forma en que se construyen los consensos en la etapa democrática.
La Bolivia que deja esta nueva ola de conflictividad es un país más fragmentado y con menos espacios de encuentro. Entre bloqueos, pérdidas económicas y discursos cada vez más irreconciliables, persiste una certeza y es que ninguna de las crisis que hoy golpean al país podrá resolverse desde la confrontación permanente.
