A más de cuatro años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto continúa lejos de una solución. Decenas de ciudadanos latinoamericanos llegaron a territorio ruso atraídos por ofertas de empleo que prometían salarios elevados, estabilidad económica e incluso la posibilidad de obtener la ciudadanía.
Entre ellos están ciudadanos bolivianos cuyas familias hoy desconocen si permanecen con vida, resultaron heridos o murieron en el frente de combate en Europa.
Ante esa incertidumbre, por lo menos, 16 familiares de los bolivianos reclutados exigieron que el Gobierno conforme una comisión oficial que viaje a Rusia para verificar el estado de sus parientes. También rechazaron las recientes declaraciones del canciller Fernando Aramayo y anunciaron que presentarán una denuncia internacional los próximos días, debido a que algunos fueron captados mediante engaños y terminaron en el conflicto armado.
“Queremos que el Gobierno envíe una comisión entendida en la materia para que pueda dar con el paradero de los bolivianos. No han hecho ni siquiera una comisión para recabar la información que las familias necesitan”, afirmó a La Razón el presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco.
La organización acompaña a las familias desde que comenzaron a denunciar la desaparición de sus parientes. Velasco explicó que inicialmente recibieron a 16 familias de Santa Cruz, cifra que aumentó con nuevos casos registrados en La Paz y otros departamentos del país. “Hay familias de Cochabamba, Tarija y Potosí”.
A partir de esa información, recomendaron presentar denuncias formales ante la Policía y el Ministerio Público. El representante aseguró que la Fiscalía ya logró avances importantes e informó que existen tres personas detenidas, más de 50 pasaportes secuestrados y un mandamiento de aprehensión contra el principal investigado en Santa Cruz.
La comisión de fiscales mantiene la investigación en reserva mientras continúa la recolección de declaraciones y documentación entregada por los familiares.
Además, las familias rechazaron las recientes declaraciones de la Cancillería sobre la situación de los bolivianos en Rusia.
Aramayo informó el martes que el Gobierno identificó a 26 ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y confirmó que uno falleció, cuatro resultaron heridos y otro logró retornar al país.
“Hemos registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a Fuerzas Armadas de la Federación Rusa 20 mantienen contratos activos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Detalló que cuatro bolivianos permanecen internados en hospitales de campaña en Rusia. Uno de ellos inició el proceso para desvincularse de las fuerzas armadas rusas. Asimismo, confirmó el fallecimiento de un ciudadano y la repatriación de otro compatriota.
Además, el diplomático reveló que el caso se conoció desde que el Gobierno de Rodrigo Paz asumió el mando del país en 2025.
Sin embargo, dichas afirmaciones fueron rechazadas contundentemente. De hecho, el punto que más molestó fue la información sobre el conocimiento del caso desde noviembre del año pasado.
Velasco calificó esas afirmaciones como “desacertadas, temerarias y aberrantes”, y aseguró que los familiares las repudiaron de forma unánime.
“Si el Gobierno no está (actuando) es por negligencia, por incumplimiento de deberes, porque han admitido que conocen desde noviembre, entonces tienen su responsabilidad. Ellos, con todo ese tiempo, no han activado una denuncia formal ni a nivel diplomático. Ya debería haber activado en las Naciones Unidas”, dijo.
Además, afirmó que varias familias presentaron memoriales ante la Cancillería desde finales del año pasado sin recibir una respuesta formal. Incluso mencionó el caso de una mujer de La Paz que buscó denunciar la desaparición de su esposo, pero ninguna autoridad quiso recibir la denuncia en ese momento.
Velasco reveló que los documentos habrían sido firmados una vez que los bolivianos ya se encontraban en Rusia, estaban redactados íntegramente en ruso y no contenían la firma del empleador. “Nuestros bolivianos no entienden el ruso. Yo sé que todos los contratos, que hemos podido captar de algunos que han sacado fotitos, están en ruso. Además no hay la firma del contratante”.
Los testimonios reunidos por la organización muestran un mismo patrón. Las personas recibieron propuestas de trabajo en construcción, albañilería, jardinería, pintura o incluso becas de estudio. Ninguna, según los familiares, conocía que terminaría vinculada al conflicto armado.
Añadió que muchas familias conservan boletos de viaje, conversaciones por aplicaciones de mensajería y comprobantes de envíos de dinero, documentos que ya son parte de la investigación del Ministerio Público.
Algunas familias de las víctimas indicaron a los medios de comunicación que los bolivianos eran trasladados por tierra hasta São Paulo, Brasil, donde abordaban un vuelo con destino a Turquía y posteriormente continuaban su viaje hacia Rusia.
Uno de los casos que llamó la atención corresponde a 10 ciudadanos de la comunidad de Rincón de Palometas, en la provincia Sara del departamento de Santa Cruz, quienes habrían sido captados bajo las mismas promesas laborales antes de viajar a Rusia.
La organización que representa a las familias anunció que acudirá a la Asamblea Legislativa para solicitar un informe detallado de la Cancillería y pedir la conformación de una comisión especial que viaje a Rusia.
El objetivo es verificar la situación de cada uno de los bolivianos, establecer si permanecen con vida, si resultaron heridos o si alguno falleció.
“Las familias quieren tener la certeza de que están vivos. No hay embajador, no hay cónsul y el Gobierno no ha hecho ni siquiera una comisión para enviar a Rusia y recabar toda la información que necesitan”, afirmó.
El representante señaló que la Cancillería recibió solicitudes formales de protección presentadas por las familias mediante su oficina en Santa Cruz. Sin embargo, aseguró que después de las declaraciones públicas del canciller no existió ningún acercamiento con los afectados.
“Hasta el momento la Cancillería, después de esa declaración, no ha dicho absolutamente nada”, lamentó.
La representación de las familias considera que el caso trasciende el ámbito penal boliviano. Por esa razón, anunció que promoverá una denuncia internacional una vez concluya la reunión prevista con legisladores nacionales.
“Vamos a acudir a Naciones Unidas y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, informó Velasco.
Explicó que si se confirma que los ciudadanos fueron trasladados mediante engaños hacia un escenario de guerra, podrían configurarse delitos relacionados con la trata y tráfico de personas e incluso violaciones a normas internacionales de protección de derechos humanos.
“Estamos hablando de bolivianos que han caído en desgracia y que están sido utilizados como carne de cañón exponiendo sus vidas. Y nosotros vamos a defender a nuestros bolivianos”, manifestó.
Mientras las familias impulsan nuevas gestiones diplomáticas, la investigación en el país continúa bajo reserva. Velasco destacó el trabajo de la comisión de fiscales y aseguró que la información entregada por los familiares permitió identificar una estructura que habría operado desde territorio boliviano.
La investigación contiene los boletos de viaje, conversaciones por aplicaciones de mensajería, transferencias de dinero y otra documentación que demuestra la existencia de personas encargadas de captar ciudadanos, financiar los traslados y facilitar la salida del país.
“Ha habido gente operando en Bolivia, que son los que entregaban los pasajes y los recursos”, añadió.
El activista confirmó que existen tres personas detenidas, más de medio centenar de pasaportes secuestrados y un mandamiento de aprehensión contra el principal investigado, además de decenas de notificaciones emitidas por el Ministerio Público para ampliar declaraciones.
Velasco pidió al Ejecutivo asumir una participación activa para esclarecer el destino de los bolivianos que permanecen en Rusia. “Le pedimos al Gobierno que no sea indolente. Se trata de compatriotas. Debe movilizar a todas las direcciones y viceministerios para que hagan su trabajo y envíen una comisión especializada a Rusia”.
También convocó a otras familias que atraviesen una situación similar a presentar denuncias ante la Fiscalía y la Policía para ampliar la investigación. “No tengan miedo. Lo que buscamos es conocer la verdad, saber si están vivos, heridos o fallecidos y lograr su repatriación”.
Velasco afirmó que la prioridad de las familias no pasa por establecer responsabilidades políticas, sino por obtener una respuesta oficial después de meses de incertidumbre. “El Presidente dijo no donde hay un boliviano, ahí, está la patria ahora queremos ver. Hay muchos bolivianos (reclutados) y queremos que la patria se presente en Rusia defendiendo a sus conciudadanos”.
De ese modo, aseguró que, con ayuda de la Asamblea, activarás “todo lo que sea necesario” para que el gobierno ruso responda diplomáticamente sobre los connacionales en ese territorio. “Hay formas diplomáticas de tener acceso a toda la información”.
Por su parte, la semana pasada, el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, señaló que “es una cosa común que en las guerras en el extranjero toman parte algunos mercenarios”, cuando fue consultado sobre la presencia de bolivianos en el conflicto que tiene su país con Ucrania.
El diplomático explicó que esa situación ocurre “en la parte ucraniana, así como en la parte rusa” y aseguró que la Embajada rusa no participa en ese proceso.
