La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro, a la cabeza de su secretario ejecutivo, Lucio Méndez, anunció la ruptura del diálogo con el Gobierno y la continuidad de las medidas de presión debido a la falta de soluciones a la problemática del abastecimiento de combustible.
El dirigente señaló que el sector exige la provisión del 100% de gasolina especial en todas las estaciones de servicio del departamento, y advirtió que mientras esta demanda no se atienda, no se alcanzará ningún acuerdo.
“Vamos a continuar con las medidas de presión hasta que se resuelva. Todo está en manos de las autoridades”, afirmó Méndez, quien además sostuvo que los transportistas han planteado propuestas para solucionar la situación, pero —según dijo— no han sido escuchados.
Lea también: Medinaceli lidera comisión para dialogar sobre el paro en Oruro
Oruro
Asimismo, cuestionó las explicaciones brindadas por las autoridades respecto a la verificación de estaciones de servicio, indicando que la supuesta existencia de dobles tanques “no es real”, lo que, a su criterio, evidencia falta de respuestas concretas.
Méndez recordó que en anteriores gestiones, ante problemas similares, se habilitaron alternativas como la participación de empresas privadas que ofrecían combustible a distintos precios para reducir las filas, situación que —aseguró— actualmente no se replica en Oruro.
El dirigente reiteró que el sector se mantiene abierto al diálogo, pero dejó en claro que cualquier acercamiento dependerá de que las autoridades atiendan sus demandas.
El conflicto continúa en desarrollo, generando preocupación en la población por el impacto en el transporte y el abastecimiento en la región.
A la reunión en la Ciudad del pagador acudió el ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, junto a otros viceministros que integran la comitiva que se trasladó a esa región para dialogar con los tarnsportistas. También formaron parte de las negociaciones el Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y representantes de la Defensoría del Pueblo.
