La llegada de la Ley de Inversiones a la Cámara de Diputados abrió sus primeras interrogantes: la Comisión de Planificación y Economía recién accedió al documento y Sandra Rivero anticipó que exigirá al Ejecutivo demostrar cómo y con qué sectores socializó la propuesta antes de avanzar en su tratamiento.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y secretaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, explicó que el proyecto remitido por el Gobierno llegó a la instancia legislativa, pero todavía no había comenzado su análisis formal.
Rivero señaló que los legisladores recibieron el documento en formato digital recién durante la mañana y reconoció que todavía no conocían en detalle sus 103 artículos.
“No lo conocemos al detalle, por lo tanto, poco o nada, de un modo responsable, puedo hablar del tema”, afirmó.
Socialización bajo observación
Una de las primeras exigencias de Rivero para tratar la Ley de Inversiones es conocer cómo elaboró el Ejecutivo la propuesta y con qué sectores la discutió previamente.
La legisladora sostuvo que existen dudas sobre si el proyecto fue socializado incluso dentro del propio Ejecutivo y cuestionó que todavía no se conozca si la propuesta llegó a empresarios, pequeños productores, mineros, hidrocarburos y organizaciones de los nueve departamentos.
“No socializar no es entre mis amigos, entre aquellas personas u organizaciones que apoyan mi Gobierno; socializar es socializar de modo integral”, señaló.
Rivero adelantó que pedirá documentación que permita comprobar ese proceso antes de que la comisión avance con el proyecto.
“Yo quiero las pruebas de que este proyecto de ley ha sido debidamente socializado”, sostuvo.
Según explicó, una socialización formal debería dejar actas, fotografías y documentos que permitan verificar qué sectores participaron y cuáles fueron sus observaciones o respaldos.
La diputada advirtió que una norma de esta magnitud no debería avanzar únicamente sobre la base de acuerdos políticos o empresariales parciales, debido a que sus efectos podrían alcanzar al conjunto de la economía.
Cuatro proyectos y un trámite pendiente
La discusión legislativa también comenzó con otra particularidad. El presidente de Diputados, Roberto Castro, informó que existirían cuatro proyectos de Ley de Inversiones.
Rivero aseguró que, hasta ese momento, el Ejecutivo solo había remitido oficialmente un proyecto a la comisión.
“Parece que solo los conoce el presidente de Diputados, porque ni la comisión ha recibido ningún tipo de proyecto de ley, aparte del que fue enviado por el Ejecutivo”, afirmó.
El procedimiento tampoco está definido.
Una vez recibido el proyecto, la directiva de la comisión deberá determinar si será considerado en el pleno de esa instancia o derivado a un comité especializado para su análisis.
Rivero señaló que esa decisión todavía estaba pendiente y anticipó que el tratamiento podría comenzar en los siguientes días.
El arbitraje abre otro debate
Más allá del procedimiento, uno de los puntos que puede concentrar la discusión es el arbitraje internacional.
Rivero recordó que Bolivia ya cuenta con la Ley 516 de Promoción de Inversiones y sostuvo que algunos especialistas consideran que podría haberse optado por reformar esa norma en lugar de presentar una nueva legislación.
La diputada también planteó dudas sobre la relación entre el proyecto y disposiciones constitucionales vinculadas a las inversiones extranjeras y la resolución de controversias.
En ese contexto, se mostró dispuesta a debatir un eventual retorno a mecanismos internacionales de arbitraje, pero pidió definir previamente sus límites y garantías.
“Está bien, eso hay que debatirlo, yo personalmente estoy dispuesta a debatirlo, pero ¿cuáles son los límites de volver a estas plataformas de arbitraje internacional?”, preguntó.
Rivero añadió otro elemento: la capacidad técnica del Estado boliviano para enfrentar controversias internacionales y defender sus intereses frente a grandes inversionistas.
Para la legisladora, cualquier modificación en este ámbito deberá considerar no solo la seguridad jurídica que buscan las inversiones, sino también las garantías que tendrá el Estado ante eventuales disputas contractuales.
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La Constitución como límite
El debate adquiere mayor complejidad si alguna disposición de la Ley de Inversiones resulta incompatible con la Constitución Política del Estado.
Rivero evitó una conclusión definitiva porque todavía no había revisado íntegramente el proyecto, pero fijó un criterio para su futuro tratamiento legislativo.
“Si este proyecto de ley toca Constitución, primero hay que tocar el tema de la Constitución”, afirmó.
La declaración abre uno de los principales puntos que deberá resolver la comisión: determinar si los mecanismos propuestos por el Ejecutivo pueden aprobarse mediante una ley ordinaria o si alguna disposición exige previamente otro procedimiento jurídico.
Por ahora, la Ley de Inversiones apenas comienza su recorrido legislativo. Antes del debate de fondo, Rivero plantea tres filtros: conocer íntegramente el proyecto, comprobar cómo y con quiénes lo socializó el Ejecutivo y establecer si todas sus disposiciones son compatibles con la Constitución.
La discusión sobre cómo atraer capitales y ofrecer seguridad jurídica vendrá después. El primer desafío para Diputados será determinar qué proyecto está realmente sobre la mesa, cómo lo construyó el Ejecutivo y hasta dónde puede avanzar sin abrir un conflicto constitucional.
