El Comité Multisectorial, reunido en el municipio de Copacabana, La Paz, determinó otorgar un plazo de 15 días al Gobierno para atender sus demandas y establecer mesas de trabajo con los sectores gremiales y productivos.
Según la resolución emitida, en caso de no recibir respuestas concretas, anunciaron movilizaciones a nivel nacional desde los primeros días de octubre.
El ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, informó sobre las conclusiones del ampliado nacional y advirtió que las medidas de presión podrían comenzar el 10 de octubre, si las autoridades no presentan soluciones a sus planteamientos.
“Se da un plazo de 15 días al Gobierno central para reunirse y hablar con los diferentes sectores que aglutinan la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia y sectores productivos”, afirmó Gonzales.
Indicó además que las respuestas deben ser por escrito y estar fundamentadas. “No queremos promesas de micrófono, queremos decisiones firmadas”, sostuvo.
Entre las principales demandas se encuentra la reducción del precio de los combustibles, por lo que, en su criterio del sector, el diésel producido en Bolivia con petróleo importado no debe superar los Bs 12 y, además, pidieron reducir el Impuesto al Consumo Específico (ICE), eliminar el IVA y el ITE en el mercado interno de carburantes.
También exigieron simplificar los trámites aduaneros para compras de hasta $us 5.000, actualizar los valores del Régimen Tributario Simplificado y ampliar el alivio tributario hasta diciembre. Asimismo, solicitaron facilidades para quienes mantienen obligaciones pendientes debido a la crisis económica.
En materia de transporte, el comité planteó una ley que garantice la libre circulación de personas y mercancías y cuestionó los bloqueos como mecanismo de presión. Gonzales sostuvo que estas medidas afectan a la economía y pidió que los funcionarios atiendan oportunamente las demandas de los sectores.
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Durante el ampliado también se abordaron propuestas para impulsar el turismo, la producción y el comercio en Copacabana, así como un programa de desarrollo para el lago Titicaca que contemple criaderos de trucha, asistencia técnica, acceso a mercados y fortalecimiento de la pesca.
Gonzales pidió, además, coordinación entre el Gobierno, la Gobernación y la Alcaldía de Copacabana para resolver problemas de agua, saneamiento y servicios básicos. También demandó oportunidades de formación y empleo para los jóvenes en áreas como turismo, idiomas, tecnología, comercio y emprendimientos.
Respecto al comercio, el sector rechazó los decomisos que considera arbitrarios y pidió el cierre del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, además de una Aduana Nacional más efectiva para facilitar las importaciones y exportaciones legales.
El dirigente anunció que el próximo ampliado nacional se realizará en los últimos días de septiembre, en la ciudad de Oruro, donde se evaluarán las respuestas del Gobierno y se definirán nuevas acciones. Reiteró que, si no existen acuerdos concretos dentro del plazo establecido, los sectores podrían movilizarse a nivel nacional desde el 10 de octubre.
