La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) exigió al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5676 y liberar la importación de combustibles ante impacto sobre el agro, entre otras demandas.
Expresó su preocupación por la falta de medidas que permitan al sector agropecuario enfrentar el incremento del costo del diésel y advirtió que el nuevo escenario puede terminar afectando la producción de alimentos, la generación de divisas y el empleo.
A través de un comunicado, la organización que agrupa a cámaras agropecuarias departamentales y asociaciones nacionales de productores cuestionó que, hasta la fecha, sus principales demandas no hayan sido atendidas mediante normas concretas.
Confeagro sostuvo que, en lugar de recibir medidas de apoyo para incrementar la producción, el sector enfrenta mayores costos derivados del precio del combustible. En particular, observó que el incremento establecido para determinados consumidores mediante el Decreto Supremo 5676 está golpeando directamente a las actividades productivas.
Lea: Agropecuarios van a congreso el 27 de agosto para definir acciones contra el DS 5676
Confeagro
La organización advirtió que, si no se establecen mecanismos para compensar este impacto, existe el riesgo de una reducción de la producción agropecuaria, con efectos sobre el abastecimiento interno y la capacidad de generar divisas para el país.
“Hasta hoy las medidas adoptadas, como el incremento del precio del diésel, siguen golpeando a nuestro sector y, en contrapartida, no recibimos nada para mitigar estos efectos”, señala el pronunciamiento.
Tres demandas al Gobierno
Ante este escenario, Confeagro planteó tres medidas al Gobierno.
La primera es la abrogación del Decreto Supremo 5676, norma que modificó el esquema de precios del diésel para determinados usuarios.
Como segunda demanda, el sector pidió la liberación de la importación y comercialización de carburantes, con el argumento de que una mayor participación privada permitiría ampliar la oferta y facilitar el acceso al combustible necesario para las actividades productivas.
Finalmente, solicitó eliminar el IVA y el IT de la comercialización de carburantes, como una medida destinada a reducir el costo efectivo del combustible para los sectores productivos.
La Confederación también cuestionó la abrogación de la Ley 1720, que, según su pronunciamiento, constituía una de las medidas obtenidas por el sector para impulsar la producción de alimentos, divisas y empleos.
Agro se prepara para definir nuevas acciones
En medio de este escenario, Confeagro confirmó que sus integrantes se sumarán al Congreso Extraordinario convocado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para el jueves 27 de agosto en el municipio de Warnes, Santa Cruz.
El encuentro será un espacio para evaluar el impacto de las medidas sobre el sector agropecuario y definir una posición conjunta frente al Gobierno.
La preocupación central del sector apunta al efecto que el costo de los carburantes puede tener sobre toda la cadena productiva: desde la preparación de los terrenos y la siembra hasta la cosecha, el transporte y la comercialización.
Para los productores, el diésel constituye un insumo transversal de la actividad agropecuaria, por lo que un incremento sostenido de su precio puede trasladarse a los costos de producción y, eventualmente, repercutir sobre los precios de los alimentos.
Confeagro sostiene que, en un contexto de presión sobre los costos, el Gobierno debería acompañar cualquier modificación en el precio de los combustibles con medidas que preserven la capacidad productiva del agro y eviten una caída en la oferta de alimentos y en las exportaciones.
