A la comunicación política, en este tiempo, se la nombra más que nunca antes pero cada vez menos para recordar con qué fin nació. En sus albores no fue concebida como una caja de herramientas para conquistar el poder o fabricar emociones, sino como un campo de estudio preocupado por comprender la relación entre comunicación y democracia. Son ya varios años en los que, digitalización del espacio público de por medio, esa comprensión empezó a ceder terreno frente a una mirada instrumental y destructiva.
Primero vino la confusión con el marketing político; después llegó la industrialización de las campañas, con sus gurús, sus métricas y sus falsos reflectores. Finalmente, llegamos a este momento en el que las redes sociodigitales ya modificaron la política misma, convirtiendo la plaza pública digital en un escenario cada vez más dispuesto a la simplificación, la fragmentación, la confrontación y la fabricación de climas de opinión artificiales.
Esta disputa por el sentido mismo de la comunicación política se torna problemática cuando la forma distorsionada de entenderla llega a instalarse como forma de comunicación desde el gobierno, pues sus efectos dejan de estar confinados a las campañas. Y aunque ello no signifique que esta forma de (mal) entenderla sea necesariamente inocua en periodo electoral, existe un problema mayor cuando llega a convivir con un periodo de gobierno. Son, pues, precisamente los episodios alrededor de Cerimedo, los que vuelven a poner esta problemática sobre la mesa en nuestro país (y, vaya, el continente entero).
Al respecto, hay un dato difícil de ignorar: el hecho de a quien se acusa de haber sido el principal asesor del presidente Paz provenga de una escuela política que distorsionó la comunicación para convertirla en un mecanismo de preservación de poder, de manipulación de la opinión pública y de ensuciamiento del espacio público, es conflictivo. Pues es claro que si las operaciones de desinformación, descalificación y desordenamiento pasan a formar parte del sistema comunicacional cotidiano, lo que se deteriora es la confianza: en la palabra pública, en las investiduras y en las instituciones. Sin ella, el espacio común en el que una sociedad delibera y construye empieza a desaparecer y la política deja de ser el lugar donde se gestionan las diferencias y los desacuerdos.
Por eso resulta especialmente difícil pensar que, en medio de este escenario, pueda instalarse con naturalidad y fluidez la posibilidad de una reforma constitucional, de cualquier magnitud. No tanto porque la Constitución pudiera ser inmutable, sino sobre todo porque una conversación de esa magnitud requiere condiciones que hoy se muestran profundamente debilitadas. Una reforma constitucional (¡vaya!) es una conversación-país que una sociedad asume en su conjunto con el acompañamiento de una clase política coyuntural. Y, para que esta conversación, sea democrática y genere un resultado serio un mínimo imprescindible debiera ser la confianza en quienes la encabezan.
Quizá por eso, antes de preguntarnos qué reformas constitucionales necesita Bolivia, convendría preguntarnos si el día de hoy somos capaces de conversar sobre algún tema-país que sea estructural. Y si, como parece, no somos capaces de hacerlo debido a las circunstancias; es claro que son otros temas quizás menos urgentes pero más polémicos los que primero requieren repararse de cara al país.
