El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi afirmó este viernes que la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales responde a decisiones políticas y no judiciales.
A su juicio, el exmandatario resulta «útil» para el Gobierno porque permite atribuirle la responsabilidad de la crisis que atraviesa el país.
«Es por eso que Evo Morales ahora no está detenido y no va a estar detenido. Y es más, políticamente le conviene tener ahí para echar la culpa toda a Evo Morales», sostuvo Cusi.
El exmagistrado consideró que existiría un acuerdo político entre Morales y el presidente Rodrigo Paz, el cual, según dijo, explicaría que las órdenes de aprehensión contra el exmandatario no hayan sido ejecutadas.
«Para mí, por cuestiones políticas, cálculos políticos y por alianzas políticas entre Evo y el actual presidente es que ahora no se puede detener a Evo Morales. Si no hubiera habido alianza, hace rato hubiera estado en Chonchocoro o prácticamente en Estados Unidos», afirmó.
Cusi aseguró que ese supuesto entendimiento habría surgido durante el proceso electoral y sostuvo que la población desconoce los acuerdos que, en su criterio, existirían entre ambos sectores.
Asimismo, señaló que mantener a Morales en libertad favorece políticamente al Gobierno, ya que permite responsabilizarlo por distintos conflictos y desviar la atención de la situación económica y social.
«Es útil Evo Morales para el presidente y, por lo tanto, va a estar ahí; pero, si estuviera encarcelado, tal vez ya no sea útil», manifestó.
El exmagistrado también planteó que la permanencia del líder cocalero fuera de prisión podría convertirse en una «cortina de humo» frente a los problemas que enfrenta el país.
«La situación aquí es un tema del pueblo boliviano, su crisis y la situación de pobreza en que nos encontramos. Por eso es útil Evo Morales para el presidente», afirmó.
Las declaraciones de Cusi se producen después de que la Fiscalía emitiera una nueva orden de aprehensión contra Morales dentro de la investigación por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, proceso en el que el expresidente es investigado por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros ilícitos.
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre las afirmaciones del exmagistrado.
