El Decreto Supremo 5738, promulgado por el gobierno de Rodrigo Paz, dispone que los diplomas de bachiller se emitan exclusivamente en formato digital. Aunque la medida se presenta como un avance en modernización y gratuidad, esta última no constituye ninguna conquista del nuevo decreto, pues ya estaba garantizada por la Ley 3991 de 2008, la Constitución de 2009 y el Decreto Supremo 265. Lo verdaderamente nuevo es la eliminación del diploma físico original y, con ello, la alteración de una tradición educativa cuyo significado deberá ser evaluado por las familias.
El diploma de bachiller no es simplemente un documento que acredita la conclusión de los estudios secundarios. Representa el reconocimiento institucional y social de una trayectoria educativa, resultado de años de esfuerzo del estudiante, acompañamiento familiar y trabajo docente. Su entrega pública constituye un acto simbólico mediante el cual la comunidad reconoce y comparte la culminación de una etapa de formación y el inicio de otra.
Para algunos será más práctico y útil sustituir el diploma original en soporte físico -el tradicional cartón- por una versión digital que cada bachiller pueda imprimir en papel. Sin embargo, esta sustitución desconoce la dimensión social de un acto formal y colectivo, reduciéndolo a un procedimiento meramente tecnológico. Cabe preguntarse, por analogía, si también los títulos académicos, los títulos en provisión nacional y los de posgrado deberían emitirse exclusivamente en formato digital, dejando que cada beneficiario los imprima por su cuenta. Administrativamente podría resultar aceptable, pero ¿lo sería también desde el punto de vista social y cultural?
Este significado adquiere especial importancia en comunidades rurales, donde ciertas ceremonias expresan cambios en la condición social de los jóvenes. Prácticas de tradición republicana adquirieron nuevos significados comunitarios. Obtener el bachillerato y, en determinados contextos, concluir el servicio militar, pese a sus cuestionamientos, representaban momentos de reconocimiento de la juventud y de nuevas responsabilidades familiares y comunitarias. Recibir el diploma ante autoridades educativas, familiares y miembros de la comunidad trascendía la formalidad escolar: constituía una expresión pública de reconocimiento y pertenencia. El documento físico materializaba ese logro como testimonio de una conquista individual, familiar y colectiva.
Existe, además, una consecuencia económica cuando el decreto de digitalización deroga el artículo 4 del Decreto 265 de 2009, que obligaba a los gobiernos departamentales a financiar la edición, impresión y distribución de diplomas. Esta modificación libera a las gobernaciones de aproximadamente once millones de bolivianos anuales. La pregunta inmediata es si esos recursos serán invertidos en educación. Lo único cierto es que los costos cambian de destinatario: las familias.
Para quienes disponen de computadora, internet e impresora, obtener una copia impresa puede costar pocos bolivianos; para las familias de bajos ingresos o de comunidades alejadas, puede significar gastos adicionales, desplazamientos y tiempo. La gratuidad del diploma digital no garantiza su impresión gratuita. Mientras las gobernaciones quedan liberadas de una obligación presupuestaria, las familias deberán asumir costos, aunque sean mínimos, que antes cubría el sistema educativo. Los cobros por legalizaciones, anteriormente realizados por las Direcciones Departamentales de Educación, podían haberse eliminado sin necesidad de sustituir el diploma físico original, garantizando así su gratuidad plena y preservando su tradicional entrega pública.
El problema no es incorporar instrumentos digitales, sino hacerlo sacrificando el valor social de la entrega del diploma y trasladando parte de sus costos a las familias. Lo que para las gobernaciones representa un ahorro presupuestario, para numerosas familias y comunidades puede significar la pérdida de una tradición de reconocimiento profundamente arraigada. Corresponde a la sociedad valorar las consecuencias de sustituir el diploma de bachiller impreso por un documento digital, reproducible en papel simple y validado mediante un código QR. No se trata solamente de cambiar el formato de un documento, sino de comprender lo que representa social y culturalmente su entrega pública como reconocimiento de una conquista educativa individual, familiar y colectiva.
