El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes la dispensación de trámite para tratar el Proyecto de Ley par la modificación de la Ley del Ministerio Público.
La decisión permite que la Cámara Baja considere la iniciativa sin seguir el procedimiento ordinario de remisión y tratamiento previo en comisión, debido a la urgencia planteada para resolver el mecanismo de continuidad institucional en la Fiscalía General del Estado.
El proyecto modifica la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, y plantea incorporar un mecanismo para la suspensión definitiva del fiscal general y la designación de una autoridad interina por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Entre sus disposiciones, la propuesta establece que la suspensión definitiva del fiscal general implicará el cese inmediato de sus funciones y deberá ser aprobada por dos tercios de los asambleístas presentes en una sesión ordinaria de la Asamblea.
La iniciativa también dispone que, en la misma sesión en la que se apruebe la suspensión, la ALP deberá designar a un fiscal general interino. Esta autoridad permanecerá en el cargo hasta que se concrete la elección y designación de un nuevo titular, conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
El proyecto señala además que el interino deberá cumplir los requisitos constitucionales y tendrá las mismas atribuciones, competencias, derechos y deberes establecidos para el fiscal general del Estado.
Entre las funciones previstas, se plantea que el interino priorice el desmantelamiento de estructuras criminales relacionadas con la causa que hubiera originado la suspensión del titular. Para ello, podrá reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos especializados de investigación, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante las autoridades jurisdiccionales.
Estas facultades estarán sujetas al principio de legalidad, el debido proceso y la separación de funciones. Además, cualquier actuación que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá contar con el control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
La propuesta fue aprobada previamente en grande por el Senado, después de su tratamiento en la Comisión de Constitución. Ahora, con la dispensación aprobada por Diputados, el proyecto queda habilitado para su consideración por el pleno de la Cámara Baja.
El tratamiento legislativo se desarrolla en medio de la crisis institucional del Ministerio Público generada por la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
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