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Diputados sanciona ley que modifica el mecanismo de sucesión del Fiscal General

La Cámara de Diputados sancionó este viernes el proyecto de ley que modifica la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, y establece un nuevo mecanismo para la suspensión definitiva del fiscal general y la designación de una autoridad interina.

La norma fue aprobada después de que el Senado le diera luz verde y Diputados aprobara la dispensación de trámite para acelerar su consideración, en medio de la crisis institucional generada por la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca.

Uno de los principales cambios establece que la suspensión definitiva del fiscal general tendrá como efecto inmediato el cese de sus funciones. La medida deberá ser aprobada por dos tercios de los asambleístas presentes en una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La ley dispone además que, en la misma sesión en la que se determine la suspensión, la Asamblea deberá designar a un fiscal general interino. Esta autoridad permanecerá en el cargo hasta que se concrete la elección y designación de un nuevo titular, conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

El fiscal interino deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y tendrá las mismas atribuciones, competencias, derechos y deberes previstos para el fiscal general del Estado.

La norma también establece funciones específicas para la autoridad interina, entre ellas priorizar el desmantelamiento de estructuras criminales vinculadas con la causa que hubiera originado la suspensión del fiscal general.

Para ese propósito, podrá reasignar temporalmente responsabilidades dentro del Ministerio Público, conformar equipos especializados de investigación, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

Sin embargo, estas facultades deberán ejercerse bajo los principios de legalidad, debido proceso y separación de funciones. Cualquier medida que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá contar con el control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La sanción de la norma se produce en medio de la crisis institucional del Ministerio Público, luego de la aprehensión de Mariaca, quien es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Con la aprobación de Diputados, concluye el trámite legislativo del proyecto y corresponde su remisión al Órgano Ejecutivo para las acciones posteriores previstas por la normativa.

 

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