Hace cuatro décadas, Estados Unidos ya utilizaba las restricciones de ingreso como una herramienta de presión sobre Bolivia. En 1996, Washington retiró la visa al expresidente Jaime Paz Zamora y a personajes de su entorno, en un episodio relacionado con denuncias de narcotráfico que sacudieron entonces al país.
Tres décadas después del caso Paz Zamora, la Casa Blanca volvió a revocar visas a bolivianos. Esta vez contra fiscales, jueces, policías y exautoridades, con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, entre los principales afectados.
Todo llegó cuando Bolivia intenta, después de un periodo de enfriamiento, reconstruir su relación con Washington y profundizar la cooperación contra el narcotráfico y el crimen. El 28 de septiembre, el Departamento de Estado anunció restricciones contra funcionarios de Bolivia, en el marco del Escudo de las Américas.
La lista está encabezada por Mariaca, acusado por Washington de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. También aparecen fiscales, jueces, un exministro, un exdirector de la FELCN, un expresidente de la Aduana y un empresario.
Mariaca rechazó las acusaciones y defendió el trabajo de la Fiscalía, que llevaba adelante, entre otros procesos, la investigación contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo.
Para Eduardo Gamarra, profesor y analista de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, Washington tiene la potestad de negar o retirar visas. El cambio, explicó, está en el uso político y comunicacional que la administración de Donald Trump le da ahora a esa herramienta.
“Hoy han tomado la política de visas como una cosa de presión muy fuerte”, dijo Gamarra en entrevista con La Razón.
Por su parte, el exembajador de Bolivia en Estados Unidos Jaime Aparicio coincidió en que existe una diferencia con otros momentos, aunque planteó una lectura distinta sobre su alcance. Para él, la medida debe entenderse dentro del nuevo enfoque de seguridad de Washington, que coloca la lucha contra el narcoterrorismo entre sus prioridades.
“Ahora yo creo que hay un cambio en el sentido de que sigue siendo una medida administrativa, privativa, soberana, de Estados Unidos, para decir quién viene y quién no viene”, afirmó.
El exembajador consideró que las acusaciones que acompañan las restricciones le otorgan una dimensión diferente. En el caso de Mariaca, Estados Unidos no se limitó a anunciar la pérdida de su visa, sino que lo acusó publicamente de corrupción y de favorecer operaciones de narcotráfico.
“Este nuevo retiro de visas está marcando el inicio de una nueva política mucho más agresiva de protección, digamos, de lo que se llama acá los intereses de los Estados Unidos”, señaló Aparicio.
Gamarra también ubicó la decisión dentro del nuevo momento de la relación. La restricción migratoria aparece después del retorno de la cooperación entre Bolivia y Washington en seguridad y narcotráfico y tras la participación en el Escudo de las Américas.
“El contexto general de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos” resulta determinante para comprender el episodio, señaló el experto.
Bolivia participó en marzo en la cumbre del Escudo de las Américas realizada en Miami, donde el presidente Rodrigo Paz suscribió un acuerdo dentro de la Coalición de las Américas contra los Carteles, cuyo objetivo es coordinar acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. La administración estadounidense presentó las restricciones como parte de ese esfuerzo regional.
Gamarra planteó que Washington esperaba una actuación más contundente del Gobierno boliviano contra estructuras relacionadas con el narcotráfico. “Entonces, sí es un mensaje fuerte”.
Por su parte, Aparicio definió la medida como una advertencia para el Estado boliviano.
“Yo lo llamaría una advertencia”, dijo el exembajador. En su criterio, Washington dispone de información obtenida a partir de investigaciones contra narcotraficantes que fueron detenidos y extraditados, por lo que la restricción de visas puede ser una señal para exigir acciones contra estructuras de corrupción.
“Es una advertencia de decir o se ponen a actuar”, afirmó.
La secuencia adquirió otra dimensión el 1 de octubre. Dos días después del anuncio estadounidense, Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, junto con otras personas investigadas por una organización criminal dentro del Ministerio Público. El Gobierno afirmó que la pesquisa apunta a una estructura que habría protegido a narcotraficantes.
La Policía informó que las declaraciones del mayor Rubén Aparicio Villarroel aportaron elementos para la aprehensión de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. La investigación también apunta a presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo extraditado Sebastián Marset.
La coincidencia temporal entre la medida estadounidense y la captura de Mariaca alimentó distintas interpretaciones políticas. Gamarra, sin embargo, pidió separar ambos hechos y evitar una relación directa con el caso Cerimedo sin pruebas.
“No creo que esta decisión haya sido tomada por el caso Cerimedo”, afirmó.
Para el académico, las pesquisas estadounidenses pueden tener una trayectoria más extensa. En particular, consideró relevante la información obtenida por la DEA después de la captura y extradición de Marset.
“Creo que estas investigaciones son de larga data”, señaló.
Aparicio también planteó que el episodio debe leerse desde otro frente, como la situación de la Justicia. El exembajador consideró que, más allá de la advertencia de Washington, el caso expone un problema interno que requiere una respuesta del Estado.
“Lo que a los bolivianos les debería también interesar es que hay otro tema que, si bien no es un interés estratégico de ningún país del exterior, es un tema estratégico para los ciudadanos que es la corrupción judicial”, indicó.
El exembajador mencionó denuncias sobre fiscales y jueces que habrían favorecido a personas investigadas por narcotráfico y planteó que el Gobierno debería abordar y dar solución al problema e ir más allá de los casos que ahora están bajo investigación. “Yo espero que el gobierno, a la vez que toma en cuenta estas advertencias de Estados Unidos, también se preocupe por el tema del resto del sistema judicial”.
El uso de las visas como instrumento de presión diplomática no comenzó con la administración Trump ni con el Gobierno de Rodrigo Paz. El antecedente más conocido en Bolivia se remonta a enero de 1996, cuando Estados Unidos retiró la visa al expresidente Jaime Paz Zamora, además de restringir el ingreso de otras figuras del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en el marco de las denuncias por los “narcovínculos” y las acusaciones de relaciones con el narcotraficante Isaac “Oso” Chavarría.
El antecedente de los años 90 estuvo precedido por una etapa de fuerte tensión entre Washington y Bolivia por el narcotráfico. Durante la dictadura de Luis García Meza, Estados Unidos cuestionó al régimen por las denuncias de violaciones de derechos humanos y por los presuntos nexos de integrantes del gobierno con redes de tráfico de cocaína.
El golpe de Estado del 17 de julio de 1980, que derrocó a la presidenta Lidia Gueiler, abrió uno de los periodos más cuestionados de la historia reciente del país.
A principios de los años 80, el programa 60 Minutes, de la cadena estadounidense CBS, llevó a la televisión internacional las denuncias sobre los presuntos nexos entre el narcotraficante Roberto Suárez Gómez, “Rey de la Cocaína”, y la dictadura de García Meza. Pues, éste había financiamiento el golpe y a una presunta protección estatal para las operaciones del narcotráfico.
También fue salpicado Luis Arce Gómez, ministro del Interior del régimen, a quien la prensa estadounidense llamó “Ministro de la Cocaína” por las acusaciones sobre su papel en la protección de redes del narcotráfico.
En los años posteriores, Washington aumentó la presión sobre las estructuras del narcotráfico y utilizó distintos mecanismos diplomáticos y migratorios.
Gamarra recordó esos episodios y estableció una diferencia con el escenario coyuntural: en aquella época, las decisiones sobre visas se comunicaban principalmente por canales consulares y no mediante anuncios públicos de alto impacto.
Aparicio también recordó que Estados Unidos ya había utilizado esta herramienta contra figuras políticas de alto nivel. “En el pasado se ha llegado a quitar visas a expresidentes. O sea que no ha sido una cosa menor”.
La diferencia actual, explicó, está en que Washington acompaña las restricciones con acusaciones concretas sobre corrupción y narcotráfico y las ubica dentro de una política regional de seguridad.
Bolivia tampoco puede analizar el episodio actual con los mismos parámetros de los años 80 o 90, planteó Gamarra. Pues, el país pasó de una etapa centrada únicamente en la producción de coca y pasta base a una estructura más compleja, con producción, tránsito, transformación y conexiones internacionales.
“Bolivia hoy es un nudo muy importante del narcotráfico y de la narcoindustria suramericana”, afirmó en su intervención.
El académico señaló que la actividad criminal ya no puede observarse solo desde el Chapare, Cochabamba. También mencionó que el país ya cuenta con rutas hacia Brasil, Paraguay y Argentina y que también tiene presencia de organizaciones criminales de distintos países.
“Hay una Bolivia muy diferente, con una presencia muy grande de crimen organizado transnacional europeo, brasileño, de Colombia, de México”, dijo Gamarra.
