«Lo haremos de manera ordenada.» Confieso que la frase del presidente Rodrigo Paz me devolvió la tranquilidad. Porque durante la campaña electoral nos aseguró que la distribución de los recursos entre el Gobierno Nacional y las regiones sería una prioridad. Era uno de esos compromisos que despertaban esperanza en quienes, desde hace décadas, ven cómo el país produce riqueza en las regiones y la administra desde un escritorio en la Plaza Murillo.
Hoy descubrimos que aquella prioridad sigue vigente… Solo que ahora será «de manera ordenada.» Y en Bolivia, cuando un político agrega esa expresión, uno entiende que el calendario deja de ser administrativo para convertirse en político.
Después de todo, el centralismo no nació con este gobierno. Tiene prácticamente la misma edad que la República. Durante doscientos años Bolivia construyó un Estado donde las regiones generaban riqueza y el poder central decidía cuánto devolverles, cuándo devolverles… y, sobre todo, a quién devolverles.
Pasaron gobiernos conservadores y liberales; Pasaron militares y civiles; Pasó la revolución del 52; Pasó el neoliberalismo; Pasó el socialismo del siglo XXI; Cambiaron las banderas, los discursos y los colores partidarios.
Lo único que jamás cambió fue la extraordinaria facilidad con la que el poder central administró los recursos de todos los bolivianos… como si fueran propios.
Hubo gobiernos que administraron pobreza; Otros administraron abundancia.
Y algunos tuvieron el extraño talento de despilfarrar ambas.
Sin embargo, la historia también demuestra que cuando existe decisión política, las grandes transformaciones no necesitan una eternidad. Necesitan voluntad.
En agosto de 1993 asumió la Presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre sus principales compromisos de campaña figuraba la descentralización del Estado y una distribución más equitativa de los recursos hacia los gobiernos locales.
No esperó la mitad de su mandato. No creó una comisión para estudiar el tema durante años. No anunció que primero debía hacerlo «ordenadamente».
Menos de un año después de asumir, en abril de 1994, promulgó la Ley de Participación Popular, la reforma de descentralización más importante de la historia republicana. Miles de municipios comenzaron a recibir recursos directamente, modificando para siempre la relación entre el Estado y las regiones.
Podrán discutirse muchas decisiones de aquel gobierno. Podrá cuestionarse su modelo económico. Podrán analizarse los errores que terminaron marcando su historia. Pero existe un hecho imposible de negar. Cuando prometió descentralizar recursos, cumplió.
La diferencia no estuvo en el discurso. Estuvo en el reloj. Las promesas políticas no envejecen por el paso del tiempo. Envejecen cuando empiezan a necesitar nuevas explicaciones. Y cuando una prioridad se convierte en un proceso «ordenado», los ciudadanos tienen todo el derecho de preguntarse si sigue siendo una prioridad… o si ya empezó a transformarse en una excusa.
Y es precisamente ahí donde aparece la inevitable comparación con el presente. Porque ahora el presidente Rodrigo Paz nos dice que acabará con el centralismo…pero de manera ordenada. Debo reconocer que esa palabra despertó mi imaginación.
Supongo que ya debe existir un cronograma cuidadosamente elaborado. Primero habrá que garantizar que el Gobierno Nacional conserve los recursos suficientes para gobernar con tranquilidad.
Después tocará fortalecer a aquellos departamentos donde políticamente siempre resulta conveniente mantener altos los niveles de popularidad.
Más adelante llegarán las carreteras, hospitales, puentes e inversiones estratégicas que, por una extraordinaria coincidencia, aparecerán cuando el calendario electoral empiece a acelerar el pulso de la política.
Luego veremos a gobernadores y alcaldes inaugurando obras y agradeciendo al Gobierno Nacional por recursos que, curiosamente, pertenecían desde siempre a los propios bolivianos.
Después llegará el turno de Beni y Pando, porque nadie podrá decir que el Gobierno abandonó a los departamentos históricamente olvidados.
Y entonces aparecerá la gran pregunta. ¿Santa Cruz? Bueno… Santa Cruz seguramente tendrá que esperar.
No porque produzca menos; No porque recaude menos; No porque tenga menos habitantes.
Todo lo contrario. Precisamente porque produce más. Porque aporta más. Porque concentra el mayor aparato productivo del país. Porque reúne el padrón electoral más grande de Bolivia. Y porque cualquier estratega político sabe que fortalecer económicamente a Santa Cruz antes de una elección nacional equivale a fortalecer a la región que probablemente definirá la elección del año 2030.
Los políticos no suelen temerles a las regiones pobres. Les temen a las regiones fuertes… Las regiones dependientes necesitan al poder y las regiones prósperas pueden discutirle el poder.
Y esa diferencia modifica completamente la forma de distribuir los recursos. Quizás por eso llevamos dos siglos escuchando exactamente el mismo libreto.
«No es el momento.» «Hay otras prioridades.» «Debemos actuar responsablemente.» «Necesitamos consensos.» «Lo haremos… de manera ordenada.»
Yo quiero creer que el presidente cumplirá su palabra. Porque Bolivia necesita romper definitivamente con doscientos años de centralismo.
Lo único que me preocupa es que, cuando las promesas empiezan a cambiar de explicación, normalmente también empiezan a cambiar de destino. Y la historia política boliviana tiene demasiada experiencia en convertir las prioridades nacionales en simples promesas electorales.
Ojalá esta vez sea diferente. Porque el centralismo nunca desapareció cambiando de discurso. Solo aprendió a reinventarse. Ahora, al parecer…lo hará ordenadamente.
